

"La situación de emergencia NO ES UN RECURSO LITERARIO ES UNA REALIDAD ACUCIANTE Y DEBEMOS ENCARARLA COMO TAL". Así, con todas mayúsculas, termina la primera de la dos páginas de un documento interno que circuló el miércoles en la Casa Rosada para explicar los alcances de las modificaciones en materia previsional que propone Alberto Fernández.
No es un secreto incluso puertas adentro del oficialismo causó resquemor la suspensión propuesta de la fórmula de movilidad macrista, resistida por el kirchnerismo pero que por inflación ahora estaba siendo más justa que la original cristinista en un contexto de crisis.
No sólo sus eventuales aliados lavagnistas pretendían un reaseguro de que los jubilados no serían "la variable del ajuste", como desestimaban cerca de Máximo Kirchner. La garantía de que eso no ocurrirá también fue un reclamo interno en el incipiente albertismo.
Después de una introducción histórica, con el recuerdo de la modificación en la fórmula en 2017, el documento oficial plantea el escenario actual del sistema previsional: "(La Anses) abona aproximadamente unos 6.900.000 beneficios en sus distintos regímenes. De estos, unos 4.400.000 están en la mínima, 2.100.000 perciben un haber medio de $ 27 mil y unos 300.000 perciben la máxima y más de la máxima".
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Continúa: "Mientras los beneficios en la máxima y superiores a ellas representan un 5% del total de beneficios, reciben más del 20% de los recursos". No es posible, resume, "esta distribución en un sistema que se dice solidario y de reparto".
"¿Qué queremos hacer?"
Entonces llega el subtítulo "¿Qué queremos hacer?". "En una situación de emergencia, queremos fortalecer el carácter solidario y redistributivo, tratando de mejorar la distribución de los recursos en función de aquellos que han quedado más desprotegidos".
Luego de una oración dedicada a la herencia ("Todos nos hemos empobrecido como consecuencia de políticas absolutamente equivocadas"), llega la promesa: "La consigna es empezar por los que menos tienen para llegar a todos".
Por eso apela a los ya anunciados bonos de $ 5 mil en diciembre y enero, estima en 5 millones de beneficiarios su alcance, con un "aumento de entre el 35% y el 25%, de acuerdo con el haber de que se trate".
"La suspensión de los regímenes solicitada es sólo por el plazo de 6 meses", argumenta el paper. Y antes de afirmar que durante ese tiempo se convocará a una comisión mixta entre el Ejecutivo y el Legislativo para diagramar un nuevo sistema por ley, deja una promesa: "Todos los beneficiarios de todos los regímenes recibirán aumentos trimestrales".












