El gobierno nacional aprovecha los buenos vientos legislativos, mientras el escenario social recrudece. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara otro decreto para desregular la actividad de la Marina Mercante y en este sentido ataca una figura clave en dicho sector. Este no es el primer decreto de desregulación a dicha actividad del ya tres veces funcionario: en 2025 publicó el decreto Nº 340 para modificar el funcionamiento de la Marina Mercante. Sin embargo, aquella vez el decreto quedó en los hechos frenado en medio de una fuerte resistencia política, sindical y judicial. Aunque el gobierno de Javier Milei buscó avanzar con su implementación para reducir costos y abrir el cabotaje a la competencia internacional, distintos actores del sector presentaron amparos y cautelares que bloquearon parcialmente su aplicación. A esto se suma el cuestionamiento por posibles conflictos con leyes vigentes, especialmente en materia laboral y de navegación, lo que también abrió dudas sobre su constitucionalidad. El eje de la disputa pasó por el impacto estructural de la medida: mientras el oficialismo sostiene que permitirá mejorar la competitividad logística, gremios y sectores vinculados a la actividad advierten que podría desarticular la marina mercante nacional, habilitando esquemas de “bandera de conveniencia” y afectando el empleo argentino. Fuentes calificadas confirmaron en diálogo con este medio que el ministro de Desregulación prepara un decreto clave para modificar el sistema de practicaje. Es decir, el sistema que regula la actividad de los prácticos. La actividad de los prácticos en la marina mercante argentina es un servicio técnico esencial para la navegación segura en aguas restringidas, como ríos, canales, accesos portuarios y zonas de maniobra compleja. Se trata de marinos altamente capacitados que asesoran al capitán de un buque —sin reemplazar su autoridad— y aportan conocimiento experto sobre condiciones locales: profundidades, corrientes, mareas, vientos, tráfico y particularidades de cada puerto o vía navegable, especialmente en sistemas exigentes como la Hidrovía Paraná-Paraguay. En Argentina, el practicaje es obligatorio en la mayoría de los casos y está regulado por la autoridad marítima, con un esquema profesional altamente especializado y con fuerte tradición. Su rol es clave para evitar accidentes, encalladuras o colisiones, y por eso es considerado un eslabón crítico en la logística del comercio exterior. Al mismo tiempo, es una actividad históricamente cerrada y con altos requisitos de habilitación, lo que la ha puesto en el centro del debate cada vez que se plantean reformas o desregulaciones del sistema de transporte fluvial y marítimo. Es necesario agregar que la actividad tiene una excelente remuneración y que debe ser pagada por la empresa propietaria o explotadora de la embarcación. En la práctica operativa, ese costo suele ser gestionado por el agente marítimo del buque en el puerto, que coordina el servicio y liquida los honorarios, pero el gasto final recae sobre el armador. “El proyecto busca modificar el sistema de practicaje pero no plantea la eliminación de la actividad”, aseguró una voz muy cercana al gobierno nacional, en diálogo con El Cronista. El objetivo de Sturzenegger sería reducir costos logísticos para las operadoras y por lógica a las cerealeras exportadoras, que son aquellas que más usan estos servicios para exportar sus mercancías. Si bien la letra chica del decreto todavía no está lista, se barajan ciertas alternativas como prescindir de prácticos en algunos casos bajo ciertas condiciones. Fuentes calificadas aseguraron que desde el ministerio de Sturzenegger creen que hay “muchas operaciones que no requieren de un práctico y sus altos costos”. Según pudo averiguar El Cronista, el decreto no estaría listo para ser presentado esta semana, pero se está trabajando en ello. Desde el sector, en repetidas ocasiones han advertido a El Cronista la peligrosidad de prescindir de los servicios de estos trabajadores y la seguridad jurídica para las empresas.