El gobierno de Javier Milei reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto 242/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma establece las condiciones para acceder a los beneficios fiscales previstos en el Título XXIII de la Ley N° 27.802. De esta forma, el régimen da un paso importante hacia su operatividad, aunque todavía no está listo todavía para que las empresas adhieran formalmente. LaARCA, junto con las secretarías de Agricultura y de Energía, deberá ahora dictar normas complementarias en un plazo de 30 días. “La Ley 27.802 entró en vigencia el 6 de marzo de 2026 y, desde entonces, el RIMI existe pero sin posibilidad de uso efectivo: faltaba la reglamentación. Ahora esa reglamentación llegó, define varios aspectos clave que la ley había dejado abiertos pero aún no está operativo”, advierte el tributarista Sebastián M. Domínguez. El especialista plantea que el Decreto es un avance concreto, ya que define conceptos que la ley había dejado abiertos, fija metodologías de conversión a dólares, precisa el concepto de puesta en marcha y establece el cupo de devolución de IVA. Sin embargo, aclara que el RIMI todavía no está listo para operar. “La resolución conjunta pendiente —con plazo hasta el 13 de mayo de 2026— es la pieza que falta para que las empresas puedan adherirse formalmente. Hasta entonces, el régimen existe pero no se puede usar", explica el CEO de SDC Asesores Tributarios. Según Domínguez, el decreto avanzó en precisar los conceptos que la ley dejaba abiertos. Los puntos más relevantes son los siguientes: Uno de los puntos relevantes del decreto es el tratamiento del plazo para realizar las inversiones productivas. El artículo 179 de la Ley 27.802 establece que ese plazo es de dos años “contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del régimen, conforme lo establezca la reglamentación”. El artículo 1° del Decreto 242/2026 resuelve esto indicando que las inversiones comprendidas son las realizadas desde la entrada en vigor de la ley y hasta un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución conjunta que dicte ARCA junto con las secretarías de Agricultura y de Energía. En términos prácticos, esto implica que el plazo de 2 años no corre desde el 6 de marzo de 2026 —fecha de vigencia de la ley—, sino desde la publicación de esa resolución conjunta, que tiene plazo de 30 días corridos desde el decreto de hoy, es decir, hasta el 13 de mayo de 2026. La resolución conjunta que deben dictar ARCA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Energía, en un plazo de 30 días corridos desde hoy, es lo que le dará operatividad al régimen. Sin esa resolución conjunta: En definitiva, una empresa que quiera adherirse hoy no puede hacerlo formalmente. Hay otro punto que no tiene plazo definido y que merece atención: el artículo 182 in fine de la Ley 27.802 faculta al Ministerio de Economía a dictar la normativa complementaria para precisar el alcance y la nómina de bienes de capital y tipo de obra comprendidos en el beneficio de amortización acelerada. Esa facultad no tiene fecha límite, lo que puede generar indefinición respecto de si determinados bienes entran o no en el beneficio, más allá del marco general del Decreto 557/23. Los bienes muebles amortizables se amortizan en 2 cuotas anuales iguales y consecutivas. Los sistemas de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, bienes semovientes y mallas antigranizo se amortizan en 1 cuota. Las obras se amortizan en la cantidad de cuotas que surja de considerar la vida útil reducida al 60% de la estimada. Los créditos fiscales de IVA generados por las inversiones productivas pueden solicitarse para devolución transcurridos únicamente 3 períodos fiscales mensuales desde que resultó procedente su cómputo, en lugar del plazo habitual de 6 meses. El beneficio queda sujeto al cupo presupuestario ya mencionado. Ninguno de los dos beneficios es novedoso conceptualmente. Pero su combinación en un único régimen de adhesión voluntaria, accesible para todo el universo MiPyME en cualquier sector y en todo el territorio nacional, representa una mejora concreta y cuantificable en la ecuación financiera de los proyectos de inversión. Dado que el régimen aún no es operativo, las empresas no pueden adherirse formalmente. Sin embargo, hay trabajo previo que conviene hacer:
