Mientras que el oficialismo despliega negociaciones para acelerar el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, se habría aceptado introducir cambios en el apartado de fiscal con implicancias en los consumidores.

La modificación en el megaproyecto, que incluye desde un nuevo blanqueo de capitales hasta un régimen especial para el impuesto sobre los Bienes Personales, vendría a partir de una promesa que realizó el presidente Javier Milei cuando era diputado.

Al igual que la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich -actual ministra de Seguridad- y de Hacemos por Nuestro País Juan Schiaretti, Milei firmó un compromiso con la organización Lógica. A los fines de "impulsar una norma (...) que visibilice en el ticket o factura el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos nacionales, provinciales y municipales que se aplican sobre el importe de compra".

Pese a la firma de puño y letra que emitió el líder de La Libertad Avanza (LLA), el proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados -y a diferencia del borrador que circuló-, solo propuso la sustitución del primer párrafo del artículo 39 de la Ley del IVA.

"Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación", destacaron en el proyecto.

En complemento con una regulación que prohíbe la utilización de la palabra "gratuito" o similares en la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que sean de libre acceso o atención de los ciudadanos.

Según confirmaron fuentes que están involucradas en la cocina del proyecto, a El Cronista, en los últimos días, mientras que se debatía en comisión, se llevaron a cabo conversaciones paralelas con diputados de LLA, Propuesta República (PRO) y Unión Cívica Radical (UCR).

"No va a salir como esta, será algo intermedio entre la propuesta de solo exponer el IVA y de la completa transparencia que planteaba la organización Lógica" afirmaron. Entre las razones a las que apelaba el oficialismo para no implementar la propuesta original se destacaba las dificultades a nivel técnico y económico.

Pero un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) afirmó que la disposición de los artículos 208 y 209 de la ley ómnibus "no poseen impacto fiscal". Mientras que el otro argumento fue desacreditado por el presidente de la organización, Matías Olivero.

Durante su presentación, el miércoles pasado, en la comisión, Olivero sostuvo que el cálculo no debería ser un impedimento porque el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y otras entidades ya lo estiman para más de 20 productos.

"¿Es difícil de implementar? Brasil lo implementó con el sistema más complejo del mundo, cinco veces más complejo que el de la Argentina, según el Banco Mundial", afirmó Olivero frente a las autoridades en el plenario de comisiones.

Si bien para Olivero es un buen primer paso lo que plantea la ley ómnibus sostuvo que "no es suficiente porque es quedarse a menos de mitad de camino". Y el ejemplo se expone en el caso de las bebidas, donde los impuestos son el 48% del precio final y el IVA solo representa un tercio de la carga.

Y que, de no revertirlo, fomentaría que continúe la falta de cultura fiscal que es una de las causas de la tragedia fiscal de la Argentina. "Si no tenemos conciencia de los impuestos que pagamos, no nos involucramos y no exigimos a la clase política que tengamos gastos e impuestos lógicos, es funcional a la crisis", concluyó.