El expediente judicial que investiga las irregularidades en la investigación inicial de la muerte de Alberto Nisman sumó un nuevo capítulo con fuerte contenido institucional: el juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado, al considerar que su actuación “permitió la alteración de la escena del crimen” y obstaculizó el avance de la causa. La resolución a la que tuvo acceso El Cronista, de más de cien páginas y apoyada en una reconstrucción del procedimiento del 18 y 19 de enero de 2015, concluye —con el grado de probabilidad propio de esta etapa— que la entonces fiscal “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios”, lo que “afectó de modo directo el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”. El procesamiento se dicta bajo la figura de encubrimiento agravado, en virtud de dos elementos: la gravedad del delito precedente —calificado en el fallo como homicidio— y la condición de funcionaria pública de Fein. Como rasgo central, Ercolini estructura su decisión sobre una serie de irregularidades que, según el expediente, no fueron aisladas sino “estrechamente concatenadas” y con impacto directo en la preservación de evidencias. El magistrado identifica un conjunto de conductas atribuidas a Fein que constituyen, en su interpretación, un patrón consistente de omisiones y decisiones impropias del rol de directora del procedimiento. El fallo es categórico al afirmar que la fiscal “no preservó debidamente la escena del hecho”, lo que “permitió la alteración de la escena del crimen” tanto por su accionar como por el de terceros bajo su órbita. Según la reconstrucción temporal, Fein arribó al complejo Le Parc “una hora y media después” de haber tomado conocimiento del hecho, lapso durante el cual el sitio quedó expuesto a intervenciones sin control. El expediente describe un escenario con decenas de personas circulando sin restricciones. La fiscal “no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol” ni “certificó la identidad de la totalidad de las personas” en el lugar. Testimonios incorporados al fallo hablan de “mucha gente mirando”, incluso describiendo el procedimiento como una suerte de “tour por la casa”. El tribunal considera que se delimitó la escena de manera “mínima, equivocada y contraria a las buenas prácticas”, enfocándose casi exclusivamente en el baño y dejando desprotegidos otros ambientes y el propio complejo. Entre los elementos destacados, el fallo menciona que no se advirtió inicialmente una “tercera vía de acceso” entre departamentos, relevada recién días después, donde se encontraron rastros papilares y una huella. La resolución señala que Fein ingresó “sin la vestimenta debida” y permitió el ingreso de personas sin protección, lo que favoreció la “contaminación irremediable de la escena”. Incluso se consigna que manipuló objetos sin guantes, en contra de las normas básicas de preservación. Se documentan situaciones en las que la escena fue utilizada de manera impropia: personas sentadas en la cama, consumo de alimentos en la cocina y manipulación de objetos sin resguardo. El fallo afirma que el inmueble fue utilizado “como si se tratara de un espacio desprovisto de relevancia probatoria”, lo que implicó alteraciones materiales. Entre los puntos más críticos, se destaca que no se recolectaron evidencias como cabellos en el baño, potencialmente aptos para análisis de ADN, y que se demoró el levantamiento de huellas. “El escenario estuvo a merced de un gran número de personas”, lo que dificultó la obtención de evidencias confiables. Para Ercolini, el conjunto de estas conductas generó un efecto acumulativo: “provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar” en un momento clave. El fallo sostiene que esa dinámica implicó una “obstaculización del devenir de la investigación” y configuró un accionar idóneo para encuadrar en el delito de encubrimiento. En ese sentido, el magistrado concluye que la actuación de Fein “se vio traducida como una barrera que impidió la obtención de otros elementos” que podrían haber aportado claridad sobre lo sucedido. Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a altas autoridades del gobierno de entonces por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente argentina, con debates que exceden el plano judicial acerca de las circunstancias de su muerte. La resolución de Ercolini se inscribe en ese contexto: judicializa la actuación de la fiscal que llevó adelante la primera investigación y pone el foco no en el hecho en sí —aún atravesado por controversias— sino en cómo se investigó. El juez procesó a Fein como “autora penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado”, al entender que su conducta encuadra en ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas de un delito previo. Además, dispuso un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes, como garantía de eventuales costas del proceso. En su descargo, Fein rechazó la imputación y cuestionó la hipótesis acusatoria, calificándola de “conjetural” y señalando que no se individualizaron pruebas concretas perdidas ni la forma en que se produjo la contaminación del lugar. También sostuvo que el procedimiento ya estaba en curso cuando llegó y que no le correspondía supervisar todos los aspectos técnicos. El juez desestimó esos argumentos: afirmó que, como directora de la investigación, tenía el deber de control y que muchas de las irregularidades “eran cuestiones de sentido común” además de estar previstas en protocolos y manuales. Sin abrir definiciones sobre las circunstancias de la muerte en sí —un aspecto que continúa siendo objeto de debate judicial y político—, el fallo introduce un cambio de eje: pone bajo escrutinio el origen de la investigación. La decisión no implica una condena, sino el avance a la siguiente etapa del proceso. Pero fija una reconstrucción crítica de las primeras horas del caso y deja asentado que, para el tribunal, esas horas condicionaron todo lo que vino después. La decisión judicial se conoce en un momento geopolítico particularmente sensible: Irán —uno de los países señalados históricamente en la investigación del atentado a la AMIA— volvió a ocupar el centro de la agenda internacional en medio de la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, la figura de Nisman y el contenido de la denuncia que había presentado días antes de su muerte recuperan visibilidad pública, reactivando discusiones que trascienden lo estrictamente judicial y se proyectan sobre la política exterior argentina. A nivel local, el fallo también se inscribe en una etapa de definiciones del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad y política internacional. Por ejemplo, la inclusión de Guardia Revolucionaria iráni en el registro de entidades terroristas y un alineamiento más explícito con posiciones occidentales frente a ese entramado.
