En el marco del plan de privatizaciones del gobierno de Javier Milei, una de las empresas públicas que avanza a paso constante en la etapa primaria de desarme de sus estructuras es Casa de Moneda SAU. La puesta en marcha del desmantelamiento en unidades de negocio a través del decreto 442/2025 abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios que se dirime por estas horas en la Secretaría de Trabajo luego de dos audiencias truncas. Mientras, desde la oposición preparan una última jugada para frenarla.
La publicación del nuevo estatuto de Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) de Casa de Moneda había previsto ya el fraccionamiento de la histórica entidad y el reparto de sus funciones entre diversos organismos del Estado. El 30 de junio se fechó el nuevo decreto, el 442/2025, que consolidó esa hoja de ruta y bosquejó no solo la transferencia de operaciones sino también el traslado de personal, maquinarias y la puesta a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de los activos en desuso una vez completada esta fase.
El mismo decreto fija a la intervención de Casa de Moneda SAU, en manos de Pedro Cavagnaro, la obligación de elaborar un informe que desglose estos bienes. De momento, solo quedaron en desuso la planta ubicada en Don Torcuato -la exCiccone Calcográfica- y las instalaciones donde funcionaba La Monedita, la guardería preparada para las y los hijos de trabajadores de la empresa cuyo cierre se dispuso en la actual gestión libertaria. Sin embargo, los gremios denuncian que también la planta principal, en Retiro, se emplaza en coordenadas codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires.
La orden ejecutiva provocó una reacción en cadena por parte de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) y la Asociación del Personal de Economía y Hacienda (APEH), en particular tras la decisión de Cavagnaro de reclamar a la Secretaría de Trabajo la activación de un proceso preventivo de crisis, un instrumento previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 que anticipa la posibilidad de aplicar despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor.
Desde entonces, se sucedieron dos convocatorias por parte de Capital Humano en el marco de contactos preliminares antes de activar el instrumento en cuestión. La primera tuvo lugar el 26 de julio y pasó a cuarto intermedio. El miércoles último, 13 de agosto, fue la segunda, sin mayores resultados. Allí los gremios insistieron en su demanda a la empresa de "abstenerse de efectuar cualquier medida que implique la modificación de las condiciones laborales".
"No vamos a ceder en los reclamos por nuestro trabajo y los derechos adquiridos en todos estos años", comentó a El Cronista el secretario gremial de APEH, Vicente Glorioso. Y agregó: "Queremos recuperar la impresión de billetes para el país y recuperar la soberanía monetaria".
Decreto 442/2025: el plan de desguace de Casa de Moneda y cómo buscan frenarlo
El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 442/2025, una reconformación estructural y operativa de Casa de Moneda SAU, con el objetivo de reducir su estructura, concentrar funciones y aliviar su delicada situación financiera. La medida implica la transferencia de tres áreas completas a distintos organismos del Estado, que se corresponden con las unidades de negocios en las que se fraccionaron las operaciones de la empresa estatal.
El área de Instrumentos Fiscales de Control (IFC) y servicio de trazabilidad, dedicada a la impresión y codificación de pliegos para productos gravados por la Ley de Impuestos Internos, pasará a la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con la cesión de la Orden de Compra N° 33.682 vinculada a la solución físico-digital de identificación y trazabilidad para tabacaleras.
El área de Pasaportes, que incluye el armado, numeración, personalización de chips y empaque de libretas, será transferida al Registro Nacional de las Personas (Renaper) bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que posee la competencia exclusiva en materia de emisión de documentos.
Por su parte, el desarrollo de la Billetera Virtual -plataforma transaccional digital para emisión de cuentas CVU y pagos en línea- pasará a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), junto con las órdenes de compra asociadas, para su finalización y despliegue.
Tras estas cesiones, el Gobierno pretende que Casa de Moneda enfoque su actividad exclusivamente en tres funciones: fabricación de dinero circulante y especies valoradas para el Estado Nacional, asistencia en atesoramiento y destrucción de billetes, y producción de impresos para entes públicos o privados, nacionales o extranjeros.
El decreto ordena además un recorte de estructura y activos. Los inmuebles en desuso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para reasignación o venta, y el personal especializado y bienes vinculados a las áreas transferidas pasarán a los organismos receptores. Según el interventor, esto permitirá reducir un 19,62% los gastos de personal, más costos indirectos como mantenimiento, seguridad o limpieza.
De las tres unidades a transferir, la que se corresponde con los documentos es la más avanzada y la que involucra a la mayor parte del personal, poco más de 40 personas. El principal obstáculo es la diferencia en las condiciones laborales que complican la simple migración: en Casa de Moneda se rigen por el convenio 214 de Administración Pública y la Ley de Contratos de Trabajo mientras que el personal del Renaper se enmarca en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).
"La oferta que le hacen a trabajadores que están hace años efectivo es que renuncien a un retiro voluntario que les abonarían al 60% con la promesa de pasar a contratos transitorios con la incertidumbre si se renuevan o no", comenta ante El Cronista la secretaria general de ATE Casa de Moneda, Mariana Barrios.
Otras fuentes gremiales que participaron de la reunión esta semana en Capital Humano rechazaron un planteo de abrir la convocatoria al resto del personal de la empresa hasta cubrir el cupo. Advirtieron que eso violaría el espíritu del decreto 442/2025 que habla de la transferencia de funciones junto a máquinas y el personal especializado para operarlas.
Esta semana, se acercaron desde el Renaper a la sede de la empresa en Retiro para tomar las medidas de la maquinaria que se utiliza para imprimir los documentos. Un dato curioso: uno de los trabajadores enviados por una empresa privada era un exCDM.
Mientras tanto, las transferencias vinculadas a las otras dos unidades de negocios caminan más lento: si bien en ARCA -con el convenio aduanero- y ARSAT -con la Ley de Contrato de Trabajo- hay más compatibilidades de regímenes laborales, subyacen otras trabas a resolver. En el caso de la empresa satelital, implicaría una mudanza de software y personal hasta Benavídez, lo que dificultaría la logística para más de uno. Mientras que en la agencia de recaudación no dispondrían aún del espacio físico donde alojar las maquinarias.
Desde la intervención buscan agilizar los tiempos porque el 31 de agosto vence la prórroga de la intervención. En el Gobierno no descartan que se extienda una vez más, con tantos frentes aún por resolver y un horizonte incierto en la Secretaría de Trabajo. Mientras tanto, en Unión por la Patria preparan una ofensiva para frenar lo que denuncian como un vaciamiento de Casa de Moneda.
Con el envión de la baja de los decretos delegados de Federico Sturzenegger hace una semana en la sesión de Diputados, una de las legisladoras de UP, Agustina Propato, comenzó a girar entre sus compañeros una iniciativa para impulsar también la baja del decreto 442/2025. En un pedido de informes previo, la diputada bonaerense había indicado como "llamativo" que el Gobierno nacional privatizara "la impresión de boletas únicas papel, en vez de encargarse desde el mismo estado de la producción de las mismas", teniendo a disposición la tecnología de Casa de Moneda. Los tiempos corren en las dos direcciones.
