Presupuesto 2025: la falta de tratamiento pone en riesgo inversiones

Entre los proyectos que están a la espera de que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias está el del Presupuesto 2025.

Este sería el primero del Gobierno del presidente Javier Milei, luego de que se prorrogara el de 2023 para el ejercicio 2024.

Los números y las tensiones 

En él, el Poder Ejecutivo fijó metas y parámetros específicos sobre qué espera para el año próximo. Entre ellos, se destaca la expectativa de inflación del 18% , un crecimiento del PBI del 5%, una regla fiscal que establece que no se gastará más que los ingresos que registre la Administración Pública, el fin de la moratoria previsional así como reglas para el pago por las cajas previsionales no transferidas.

Este último punto, junto a la compensación por el pacto fiscal de 2017 y la transferencia de fondos por obras públicas, estaba entre los principales reclamos de los gobernadores.

Entre los puntos criticados por la oposición se encuentra el de regla fiscal, ya que, ejemplifican, si hubiera una devaluación, el pago de los intereses de deuda en dólares obligaría a redirigir fondos de otras partidas. Las proyecciones, como la de inflación, también fueron cuestionadas como "inconsistentes", al igual que los aumentos de impuestos como el monotributo, el de los combustibles y ganancias.

La prórroga de la prórroga

Sin embargo, con la demora de la convocatoria se acrecientan las chances de que no sea tratado en el recinto y que se deba concertar una nueva prórroga.

"Desde que opera este marco normativo de la ley de administración financiera, sería la primera vez que haya dos prórrogas consecutivas", explicó Güido Rangugni, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Especialistas en el tema agregaron que en ningún lado está especificado qué ocurriría si hay dos prórrogas consecutivas.

Ambos especificaron que lo que ocurriría es que habría una prórroga del crédito vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, esto es, el presupuesto de 2023 más las actualizaciones realizadas a lo largo del año.

Rangugni explicó que se incluirán las autorizaciones del gasto, no así lo ejecutado, y que se descuentan las asignaciones que tuvieran objetivos que hayan sido concretados, tal es el caso, por ejemplo, de obras públicas específicas.

Actualizaciones

Dado que no existe presupuesto vigente para 2024, el Gobierno realizó distintas modificaciones al presupuesto para ampliar el financiamiento.

Sobre este aspecto, Rangugni explicó que si bien nominalmente el Ejecutivo más que duplicó los fondos destinados al presupuesto, al ajustarlo por inflación, se observa una caída real: "Se pasó de más de 40 billones de pesos a más de 96 billones (con las modificaciones a octubre), el incremento es de 139%, mientras que la inflación promedio fue de 249%".

Esto, agregó, se traduce en que el crédito vigente cayó 31% en términos reales, en línea con la caída del gasto.

Qué implica.

Desde la oposición han señalado que la falta de aprobación y la traba en la convocatoria de extraordinarias responde a una negativa del Gobierno a incluir las modificaciones pedidas por los gobernadores.

Además, señalan, le da mayor discrecionalidad al Ejecutivo para asignar los fondos, en especial a las provincias. Según la consultora especializada en finanzas provinciales, Politikon Chaco, las transferencias a las provincias en noviembre cayeron un 74% real interanual en noviembre, dinámica que se observa desde el comienzo de la gestión.

"Mientras no funcione efectivamente la comisión que debe controlar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la realidad es que le da mucha flexibilidad al Poder Ejecutivo en el monto a gastar, puede ampliar el monto y hacer modificaciones", explicó Rangugni, quien agregó que, aunque no se apruebe el presupuesto con la regla fiscal, el Gobierno ha mostrado un compromiso con ella.

Sin embargo, el especialista subrayó que hay una dificultad en particular, el de la proyección: "Que el Poder Ejecutivo proponga un plan de Gobierno con su expresión financiera y se apruebe con consenso es algo esencial a la constitución republicana, pero además permite planificar".

En este sentido, señaló que la Ley de Presupuesto define las prioridades, en base a las cuales el resto de los actores de la sociedad, económicos o no, actúan. Uno de esos actores fundamentales son las provincias y los municipios que, en algunos casos, dependen de la claridad de las transferencias realizadas por la Nación para planificar. Esto trae como consecuencia un eventual deterioro en la prestación de los servicios a cargo del Estado, cualquiera sea su nivel.

Uno de los últimos efectos que marcó el especialista es el que tiene sobre la institucionalidad, en especial en un contexto de búsqueda de inversiones y con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca dar certezas a largo plazo, en marcha.