REVISIÓN

Qué hay detrás de la movida del Gobierno para anular las concesiones de dos autopistas

El Poder Ejecutivo cuestiona la dolarización de los contratos, la extensión del plazo por más de 10 años y una remuneración anual garantizada, entre otros aspectos.

Tras la rescisión de los contratos correspondientes a los seis corredores viales con participación público-privada (PPP) a fines de 2020, ahora parece que le llegará el turno a dos de las autovías más utilizadas por quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Gobierno nacional ya anticipó que busca anular las concesiones de los Accesos Oeste y Norte (Panamericana), argumentando que los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual (AIRC) de 2018, que determinaron la extensión de contrato por más de 10 años, son "ilegítimos".

Los acuerdos fueron firmados durante la gestión de Cambiemos, tras reconocer una deuda que entre los dos contratos llega a los u$s 746 millones, asegurando además un pago del 8% en concepto de remuneración anual, que sale de los ingresos tarifarios de cada una de las concesiones.

Cuáles son las concesiones de autopistas que el Gobierno busca rescindir

Tras una auditoría integral del AIRC, el Ministerio de Obras Públicas intimó el pasado 29 de julio a las compañías Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO) y Autopistas del Sol, ambas del mismo grupo empresario, a responder sobre los aspectos cuestionados de dicha renegociación. 

Entre otros aspectos la auditoría determinó que hubo un reconocimiento por parte del Estado nacional de deudas millonarias a favor de ambos concesionarios, la dolarización de los contratos que originalmente eran en pesos, la extensión de los contratos por más de 10 años y una suerte de relajación del riesgo empresario en cuanto a las inversiones previstas.  

GCO tiene a su cargo la administración de 60 kilómetros del Acceso Oeste, una autovía que utilizan a diario 350.000 automovilistas, mientras que Autopistas del Sol gestiona la concesión del Acceso Norte y la avenida Gral. Paz, en total 120 kilómetros por los que transita un millón de vehículos cada día.

La pulseada

El ministerio de que conduce Gabriel Katopodis otorgó a las firmas un plazo de diez días hábiles para responder, que vencen el próximo viernes a las 9.30. Pasado ese plazo el Gobierno avanzaría con una presentación judicial para comenzar a desandar el camino hacia la anulación, que de todos modos, se estima no sería inminente.

En diálogo con El Destape Radio, Gabriel Katopodis señaló hoy que el Gobierno está "solicitando la anulación de la concesión por 30 años de Acceso Oeste y Panamericana".

Sin embargo, aclaró que es necesaria "una instancia judicial que muestre la lesividad de la prórroga de las concesiones peajes y ahí el presidente (Alberto Fernández) puede anularlos por decreto".

En sendas notas enviadas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) las empresas informaron acerca de la notificación oficial recibida, aunque destacaron que "las objeciones formuladas son improcedentes". 

Estatizar la Panamericana y el Acceso Oeste: el plan de Facundo Moyano para quedarse con los peajes

Además, enfatizaron que el Acuerdo Integral fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, tras cumplirse todas las instancias de control fijadas por la normativa en vigencia.

argumentos

El Gobierno tiene una mirada bien distinta. El proceso comenzó el 19 de febrero de 2020 cuando la Dirección Nacional de Vialidad, que es la autoridad de aplicación de estos contratos, instruyó al órgano de control a realizar un análisis y evaluación de los acuerdos, cuyo informe final concluyó a mediados de este año.

El Acuerdo Integral de Renegociación Contractual fue alcanzado entre el Ministerio de Transporte con AUSOL S.A. y GCO S.A., y aprobado a través de los decretos 607/2018 y 608/2018, durante la gestión de Mauricio Macri.

Hay que aclarar, no obstante, que los decretos llevan las firmas de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el entonces jefe de Gabinete, Marco Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Algunas fuentes periodísticas atribuyen a que la familia Macri tuvo participación accionaria en Autopistas del Sol hasta mayo de 2017.

Según el acuerdo, el Estado reconoce una deuda de u$s 499 millones a Autopistas del Sol y de u$s 247 millones a Grupo Concesionario del Oeste, "asegurando su pago más una remuneración del 8% anual sobre dichos montos con los ingresos tarifarios de cada Concesión", señala el informe de auditoría oficial.

Dado que esos intereses son capitalizables, el acuerdo eleva el monto reconocido a "como mínimo u$s 1.161.292.387" libre de impuestos a percibir por la concesionaria. 

Para permitir el pago reconocido se extendió el período del contrato hasta 2030. El Gobierno también argumenta que se reconocen deudas por inversiones brutas de las empresas que no tendrían las validaciones fijadas en los contratos.

Pero el punto tal vez más cuestionable es que el acuerdo dolarizó las tarifas, lo que termina presionando sobre los valores que deben pagar los conductores en los peajes. 

Según la información que oficial, ya en 2020, a dos años de vigencia de los acuerdos, los aumentos solicitados por las concesionarias fueron de 276% y 303%. Fuentes ministeriales atribuyen parte del incremento solicitado a la inflación, pero dicen que el resto es por dolarización de las tarifas.  


  

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Comentarios

  • GR

    Gustavo Rivas

    11/08/21

    Otra estatizacion, para llenar de ñoquis camporitas las empresas

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