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En la víspera del tratamiento de la ley ómnibus en Diputados, los gobernadores del PRO, como lo hizo por zoom Mauricio Macri, salieron a defender el proyecto del Presidente Javier Mieli. Lo hicieron Cristian Ritondo, jefe del bloque; el jefe de gobierno porteño Jorge Macri; el entrerriano Rogelio Frigerio y el gobernador de Chubut Ignacio Torres. Sus socios radicales no los imitaron. En cambio, un gobernador peronista fue más allá y echó a su secretario de Trabajo, líder de Camioneros y de la CGT provincial que se oponía a dar apoyo.
La decisión la tomó Osvaldo Jaldo aunque la ejecutó su vicegobernador Miguel Acevedo a cargo del Ejecutivo momentáneamente. Jaldo dio las instrucciones desde Buenos Aires donde se instaló el lunes para negociar el voto de tres de los diputados de Tucumán y beneficios para el biodiesel, la producción cítrica y de aceite de limón y la azucarera. Con la quita de las retenciones ya había ganado parte de la discusión pero no regresará a su territorio hasta la media sanción de la norma.
Una semana atrás, cuando las modificaciones para llevar al recinto aún estaban en blanco, el diputado Agustín Fernández se convirtió en noticia como una de las 55 firmas que habilitó el dictamen de mayoría. Al día siguiente rompió con Unión por la Patria y armó un bloque propio junto a otros dos diputados tucumanos mientras en la Plaza del Congreso la CGT, las dos CTA, otras organizaciones sindicales y sociales y su fuerza política marchaban contra el DNU de Javier Milei y de la Ley Bases.
Junto al gobernador Jaldo regresaron a la provincia y dieron una conferencia de prensa para explicar y defender el realineamiento de Tucumán que lo pone nuevamente en tensión con su antecesor Juan Manzur.
Una solicitada, el desencadenante
El martes la CGT tucumana publicó una solicitada reclamando que los tres diputados de Independencia -Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla- vuelvan a UP con Germán Martínez como jefe de bancada y con el resto de los gobernadores del PJ.
La respuesta de Jaldo fue inmediata. No sólo rechazó el mensaje y lo calificó como un "apriete" sino que de inmediato echó al secretario de Trabajo y al subsecretario. El argumento fue "la politización" del área, aunque justamente la designación del sindicalismo fue una decisión política tras el apoyo que Camioneros le brindó en su campaña.
Precisamente en una dura comunicación oficial el gobierno tucumano indicó que "ante la politización de la postura de la CGT el gobernador decidió no mantener la estructura sindical que había montado en la Secretaría de Trabajo de la provincia".
De esa manera echó al cosecretario de la CGT y líder de los Camioneros en la provincia, César Torres, y también al subsecretario del área, Luis Barrionuevo, y al director provincial de Trabajo, Hugo Veneziano
El gesto político no terminó ahí. Jaldo mandó a dictar rápidamente el decreto de nombramiento de sus reemplazos. Designó a un representante de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia), Luis González que ya tomó posesión del cargo.
En la solicitada que generó el enojo del gobernador la central obrera acusó a Fernández, Medina y Fernández de Mansilla porque "responden al gobernador Osvaldo Jaldo, cuando tienen que responder al pueblo tucumano" y les exigieron cumplir "el contrato electoral" con la sociedad que los votó.
"Es preciso que honren ese compromiso de cara a su responsabilidad institucional y a su pueblo y no que queden abrazados a aquellos tucumanos fieles herederos de la peor dictadura", se publicó.
Jaldo mandó a decir que "los diputados del bloque Independencia han tomado una decisión sin retroceso, con total responsabilidad" y agregó que "no vamos a ser sujetos de aprietes, vengan de donde vengan".
