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En una nota dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió sobre los graves riesgos que corren las pequeñas y medianas empresas (pymes) tras el aumento de las cuotas de los planes de financiación en el marco de la ley de Alivio Fiscal.
La normativa que rige desde junio de 2022 buscó fortalecer la salida económica y social tras la pandemia; sin embargo, para las cuotas con vencimiento a partir de abril de 2023, la tasa será variable y equivalente a la BADLAR en pesos.
Moratoria pyme de AFIP: cuánto subieron las cuotas y cuál es el margen de alivio
En esta línea, la CAC explicó que el cálculo al que se someten las deudas desde el cuarto mes del año son "excesivas" para el sostenimiento de las pymes y apuntó que tras los recientes ajustes dispuestos por el Banco Central la tasa BADLAR vigente es del 87,5% nominal anual, lo que se traduce en un cargo de 7,3% mensual.
"El hecho de multiplicar la tasa por 4,5, al ser aplicado al saldo de capital adeudado, determinó que las cuotas se triplicaran o cuadruplicaran de un período al siguiente, haciéndose en muchos casos impagables para las micro y pequeñas empresas, más en el marco de una situación económica inflacionaria, sumamente grave para un sector cuyo acceso al sistema financiero es especialmente difícil y con un proceso iniciado de caída de actividad", sostiene la nota.
Alternativas de solución
Los empresarios recurrieron de forma directa al titular de la cartera de Economía ya que la tasa fue aprobada en el Congreso lo que le impide a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hacer una modificación.
Por eso, ven en la redacción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la salida más dinámica mientras algún proyecto que revise el mecanismo de financiamiento prospere desde el Legislativo.
"La elección del DNU se debe a la urgencia que la situación impone a numerosas pymes de todo el país haciendo peligrar su subsistencia", indicaron a El Cronista desde la CAC y apuntaron a que el alivio se convirtió en una "mochila de plomo".
Iniciativa en marcha
El senador pampeano Pablo Bensusán, del bloque del Frente de Todos (FdT), presentó una iniciativa que busca modificar la ley de Alivio Fiscal mediante la reducción de la tasa de financiación.
La moratoria vigente ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes adherirse a planes de pago con un máximo de 120 cuotas a una tasa de interés fija de hasta el 1,5% mensual (18% anual) durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023.
Luego de este plazo, le ley incorporó la aplicación de la tasa Badlar que, al momento en el que se publicó la Ley, ascendía a 34,12% anual (2,83% mensual).
"Lo que en su momento fue una solución hoy se transformó en un problema para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ver peligrar la continuidad de sus actividades si no se modifica la ley 27653 para establecer una reducción de la tasa de financiación", argumentó Bensusán.
Frente a un alza de hasta 285% en las cuotas, desde la CAC alertaron que el posible incumplimiento "ocasionará a breve plazo la caducidad de los planes de pago".
Como consecuencia, "sujetará a estas empresas a la aplicación de medidas cautelares por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones legales, pero con grave riesgo para la continuidad empresaria y el empleo de gran cantidad de trabajadores formales, agravando el traslado al sector informal de la economía".
Según datos de la entidad de las aproximadamente 520 mil PyMEs argentinas, que representan al 98% del total de las empresas del país, una parte importante recurrió durante la pandemia a la Ley de Alivio Fiscal para "continuar en pie".
"Este segmento de empresas emplea a cerca de 3,3 millones de trabajadores, lo que obliga a adoptar prontamente una medida para que las firmas que sobrevivieron a la pandemia no se vean ahora forzadas a cerrar sus puertas", destacó en un comunicado.
