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El Senado de la Nación sesionará este viernes con el objetivo de convertir en ley el Presupuesto 2026, una iniciativa central para el gobierno de Javier Milei, que busca cerrar el año parlamentario con una victoria política y legislativa de alto impacto.
Tras intensas negociaciones con gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo llegaría al recinto con los votos necesarios para aprobar el proyecto en general, aunque enfrenta un escenario más complejo en la votación en particular, tal como sucedió en el debate por la media sanción en Diputados.
De lograrse la sanción, sería la primera vez desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 que el Congreso aprueba un Presupuesto elaborado por su administración, luego de dos años consecutivos en los que el Ejecutivo gobernó con partidas prorrogadas correspondientes a la ley sancionada en 2022.
La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y suma el respaldo de una decena de legisladores radicales (con algunas diferencias internas), el bloque del PRO y representantes de fuerzas provinciales como el Frente de la Concordia de Misiones, La Neuquinidad, Provincias Unidas, además de senadores de Tucumán, Salta y Chubut. A ese esquema se agregó el apoyo parcial de un sector del peronismo disidente, clave para garantizar el número en la votación en general.
En ese sentido, cuatro de los cinco integrantes del bloque Convicción Federal anticiparon que acompañarán el Presupuesto en general, en línea con el posicionamiento de algunos gobernadores del Partido Justicialista que optaron por priorizar la previsibilidad fiscal para el próximo año. Sin embargo, ese respaldo no será pleno y deja abierto un foco de conflicto en el tratamiento artículo por artículo.
Los artículos de la discordia
La principal preocupación del oficialismo pasa por el artículo 30 del proyecto, que propone derogar normas que fijan pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles del Estado. Ese punto concentra la mayor resistencia opositora y podría definir el desenlace de la sesión.
El artículo en cuestión elimina la obligación de destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% del PBI al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los porcentajes asignados a la educación técnico-profesional. También alcanza al esquema de financiamiento progresivo del Fondo Nacional de la Defensa, destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
A diferencia de la votación en general —donde el Gobierno confía en reunir entre 44 y 48 votos—, para este artículo el margen es extremadamente ajustado. Convicción Federal ya adelantó que no acompañará ese punto, al igual que otros sectores del peronismo y algunos bloques provinciales. En ese escenario, la presencia o ausencia de senadores en el recinto al momento de la votación será determinante.
Desde el oficialismo admiten en privado que una eventual caída del artículo 30 podría poner en riesgo la sanción completa del Presupuesto, pero, por ese motivo, no se descarta que durante la sesión se intenten introducir modificaciones o negociaciones de último momento. El peronismo llegará dividido al debate. Mientras los senadores que responden a gobernadores dialoguistas muestran predisposición a facilitar la aprobación del Presupuesto, el sector alineado con la expresidenta Cristina Kirchner mantiene una postura más dura frente a cualquier recorte en educación, ciencia y políticas sociales.
Otro de los artículos que genera preocupación entre potenciales aliados del oficialismo es el 12, vinculado al financiamiento de las universidades nacionales. El texto fija el monto global de recursos para el sistema universitario, pero al mismo tiempo condiciona la transferencia de fondos al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.
La versión a trabajar en el Senado ya llega sin el polémico capítulo XI que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario, pero en el oficialismo no descartan que el texto ahora vuelva a Diputados si se incorporan modificaciones de último momento.
La sesión se perfila como una de las más relevantes del cierre de 2025. Para el Gobierno, representa la posibilidad de consolidar su rumbo económico; para la oposición, un escenario para marcar límites.
