Obras sociales

Milei pone la lupa en otra "caja negra" millonaria de la política y advierte que terminará con "triangulaciones"

El Presidente instruyó a sus funcionarios a hacer un relevamiento de los afiliados de las obras sociales sindicales bajo la presunción de que existen irregularidades con el objetivo de recibir mayores subsidios.

"El ajuste también les va a llegar a ellos, vamos a transparentar el sistema", se escuchó decir en Casa Rosada al respecto de las obras sociales sindicales, las cuales son consideradas por el propio Javier Milei como una de las "cajas negras" a las cuales busca relevar, examinar y reestructurar con la finalidad de eficientizar recursos.

Se trata de un asunto que le añadirá tensión a la relación que la CGT tiene con el Gobierno, que ya está lo suficientemente alterada producto de las negociaciones salariales y la determinación del oficialismo por aminorar el impacto de las marchas y manifestaciones sindicales en las calles a través del protocolo antipiquetes.

Con el paso de los años, los sindicatos incorporaron un esquema de diferentes servicios adicionales a la de la propia representación gremial. Entre ellos, la disposición de prestaciones médicas para sus afiliados se volvió una de las más importantes para las diferentes entidades con gran cantidad de afiliados, aunque también existen en gremios de menor tamaño.

El ente encargado de supervisarlos es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Según cuentan fuentes oficiales, el procedimiento para relevar las obras sociales sindicales se demoró producto del cambio de autoridades que se oficializó semanas atrás, decidido por el círculo de Javier Milei y las autoridades de Salud, producto de "diferencias en los avances de la gestión".

La entidad antes estaba presidida por Enrique Rodríguez Chiantore, un abogado especializado en el sector de la salud muy ligado a Patricia Bullrich; pero fue reemplazado por Gabriel Gonzalo Oriolo, con amplia experiencia en el rubro, ocupando distintas ocupaciones en Grupo OSDE, prepaga que ahora deberá regular como superintendente.

El exdirector de Procesos de Grupo OSDE, Gabriel González Oriolo; quien ahora es el titular de la SSS.

La SSS es la encargada de transferir a las obras sociales sindicales los reintegros por las prestaciones médicas completas, compras de medicamentos, tratamientos específicos y otros costos adicionales con el fin de garantizar su funcionamiento.

Según la hipótesis del Gobierno "no habría correlación entre la cantidad de afiliados, las prestaciones que dan y la plata que reciben" la gran mayoría de los sindicatos. "Ese agujero negro es plata que damos y que termina siendo financiamiento para la política", indican.

En tanto, desde la CGT aclaran que "el gobierno administra dinero ajeno" y que "el poder político de turno a través de la Superintendencia hace un control exhaustivo de controles sobre cómo los fondos que administran las obras sociales son llevados adelante. Las obras sociales tienen un límite para gastos de administración, no más del 7%".

"No es la caja como se dice, las obras sociales no son la caja de los sindicatos. En este momento todas las obras sociales sindicales para dar prestaciones de salud y poder cubrir todas las prestaciones de salud están siendo subsidiadas por los aportes de los gremios. El sindicato está tratando de paliar el déficit operativo que tienen todas las obras sociales", explicó el secretario de Prensa y Comunicación cegetista Jorge Sola en una entrevista reciente con Urbana Play.

"Lo que quiere el Gobierno es que los subsidios lleguen a la demanda y no a la oferta; tal y como se está tratando de hacer en el transporte", indican, fuentes del Gobierno, agregando que con las auditorías que se realizan "no se van a cortar o disminuir los subsidios, sino que los que se busca es eficientizar los recursos existentes que son escasos".

"Estamos investigando triangulaciones de obras sociales que administran algunos de los programas de subsidios que otorga el Estado. Es una primera etapa de relevamiento para ver lo que está aconteciendo", explican. La Superintendencia de Servicios de Salud tuvo cerca de $ 46.900 millones en gastos corrientes durante el último año.

Una gran parte de estos son producto de los movimientos que hace el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de los trabajadores en relación de dependencia y sus empleadores hacia las obras sociales. Dentro de este, el principal subfondo es el Sistema Único de Reintegro (SUR), que se encarga de que las Agencias de Salud cumplan el Programa Médico Obligatorio (PMO) y diferentes tratamientos complejos para sus afiliados. Este distribuyó a un centenar de obras sociales y asociaciones la cifra de $ 30.450 millones durante todo el 2023.

El total acumulado distribuido por la SUR hacia las más de 100 obras sociales de todo el país. (SSS)

También hay otros programas y subsidios que pasan por la órbita de la SSS como el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), el Régimen de Trabajo Especial simplificado para pequeños contribuyentes, personal de casas particulares, entre otros (SUMARTE), entre otros.

Según cuentan fuentes de Gobierno, la SSS tendrá que hacer un "ida y vuelta" con las diferentes obras sociales para que estas aporten el detalle de sus afiliados. Quienes conocen del procedimiento que se está haciendo todavía son cautelosos al respecto de la totalidad de fondos que están en juego y de las agencias de salud que serán estudiadas con mayor detalle.

"Queremos terminar con los intermediarios y las triangulaciones de las obras sociales", indicó otro funcionario libertario.

Se trata de un punto que el Gobierno ya puso en discusión a través del Decreto 70/23 de desregulación de la economía publicado en diciembre del año pasado. Con el economista Federico Sturzenegger como uno de los principales ideólogos de ese plan, que eliminaba la obligación de los trabajadores de afiliarse a una obra social de la rama laboral, abriendo la posibilidad de elegir una prepaga, lo cual implicaba una virtual desfinanciación para los sindicatos. Por el momento, ese apartado del DNU está suspendido producto de la cautelar dictaminada por la justicia laboral y debe ser definido por la Corte Suprema de Justicia.  

Temas relacionados
Más noticias de Javier Milei

Las más leídas de Economía y Política

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.