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La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a mostrar realidades diferentes entre las provincias. Mientras en Buenos Aires una jueza suspendió por 60 días su aplicación al considerar que no están dadas las condiciones de infraestructura y recursos para implementar el nuevo esquema, Mendoza sostiene que cuenta con las herramientas necesarias para comenzar a aplicarlo y ya registra las primeras intervenciones bajo las nuevas reglas.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró que la Provincia está preparada para afrontar esta primera etapa y remarcó que Mendoza cuenta con una estructura especializada para responder al cambio que implica la nueva legislación. “Tenemos un fuero, tenemos fiscales y jueces especializados. Podemos garantizar plenamente que todo este nuevo alcance sea abordado efectivamente”, afirmó Rus.
La diferencia comenzó a observarse desde las primeras horas de vigencia de la norma. Durante el fin de semana, la Policía de Mendoza intervino en seis hechos con adolescentes involucrados en distintos departamentos de la provincia. Entre ellos hubo jóvenes de 15 años que, con la legislación anterior, no podían ser sometidos a una investigación penal por su edad.
Uno de los casos ocurrió en San Rafael, donde un grupo de adolescentes fue detectado cuando intentaba ingresar a una vivienda. Otro se produjo en Maipú, donde quedaron involucrados un joven de 15 años y otro de 16. Según explicó la ministra, con el régimen anterior ninguno de los dos hubiera quedado alcanzado penalmente en ese hecho.
A esos procedimientos se sumó en las últimas horas el primer caso en Mendoza de un joven de 14 años que quedó detenido bajo el nuevo régimen. El hecho ocurrió en inmediaciones del Parque General San Martín, donde dos adolescentes abordaron a un joven de 18 años en una parada de colectivos y, mediante amenazas, le sustrajeron sus pertenencias.
Tras ser alertados, policías que patrullaban la zona localizaron a los dos adolescentes a pocas cuadras del lugar. Uno tiene 14 años y quedó detenido en la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (UPANA), Delegación Centro. El otro, de 13 años, no es punible por su edad.
Cornejo se refirió específicamente a este procedimiento. “Tenemos algunos casos en los que ya se está aplicando. Anoche, un chico de 14 años quedó detenido por un robo agravado y el procedimiento que se le va a hacer es el de la nueva ley”, señaló el Gobernador.
“Se terminó este manto de impunidad. Ahora cualquier delito tiene consecuencias. No existe más esta situación en la que determinados hechos quedaban fuera de la respuesta penal solamente por la edad o por la escala penal del delito”, sostuvo Rus.
Para la ministra, allí aparece uno de los principales cambios de la reforma. El nuevo régimen amplía la respuesta del Estado y permite que hechos que anteriormente quedaban fuera del sistema penal juvenil puedan ser investigados y tengan una consecuencia.
“Hay un antes y un después. A partir de ahora, si un adolescente comete un delito, ese hecho va a tener un proceso y una consecuencia penal. Eso no significa que todos vayan a quedar privados de la libertad. La ley contempla distintas respuestas, pero la impunidad deja de ser la respuesta”, señaló.
Mendoza tiene capacidad para aplicar el nuevo sistema
Frente al debate abierto en otras jurisdicciones por los recursos necesarios para implementar la reforma, Rus sostuvo que Mendoza parte de una situación diferente.
Además del fuero especializado, la Provincia cuenta con fiscales y jueces específicos para la materia, unidades destinadas a la primera detención de adolescentes y un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con capacidad para recibir los casos que eventualmente requieran una medida privativa de la libertad.
“Por lo menos para este primer tiempo tenemos la capacidad. Por supuesto que toda reforma es un desafío, genera tensión y requiere un acomodamiento de los operadores del sistema, pero Mendoza tiene hoy condiciones para empezar a implementarla”, explicó Rus.
Cornejo vinculó esa capacidad con una política sostenida de inversión en infraestructura penitenciaria. “Mendoza sí ha invertido mucho en cárceles. En diez años hemos más que duplicado la cantidad de detenidos y hemos creado 2000 plazas en la penitenciaría provincial”, afirmó.
El gobernador señaló que la falta de infraestructura penitenciaria es una dificultad que atraviesa a distintas jurisdicciones, pero marcó una diferencia respecto de la situación provincial. “Hay mucha gente detenida en comisarías por falta de plazas. En el caso de Mendoza eso no ocurre. Las personas detenidas en comisarías están en tránsito hacia la resolución de la detención o no”, explicó.
La ministra aclaró que el incremento de casos alcanzados por el régimen no implica necesariamente un aumento equivalente de adolescentes privados de la libertad. La nueva legislación contempla sanciones alternativas como amonestaciones, tareas comunitarias y otras medidas orientadas al seguimiento del joven.
“Si está libre, tiene que estar formándose, estudiando, trabajando o cumpliendo la medida que disponga la Justicia. Lo que buscamos es cortar ese circuito delictivo. Si no, va a seguir cometiendo delitos”, afirmó Rus.
En esa línea, el proyecto provincial impulsado por el Gobierno de Mendoza prevé un esquema de supervisores para controlar el cumplimiento efectivo de las medidas no privativas de la libertad. La propuesta contempla profesionales que puedan realizar un seguimiento personalizado de los adolescentes, informar incumplimientos y permitir que los jueces revisen o agraven las medidas cuando corresponda.
Cornejo cuestionó la suspensión dispuesta en Buenos Aires
El gobernador también se refirió a la decisión judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires y cuestionó el alcance de la medida. (El Gobernador también se refirió a la decisión judicial que suspendió durante 60 días la aplicación...)
“Creo categóricamente que esa jueza se ha extralimitado. Tiene la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley, si considera que corresponde, pero no tiene, de ninguna manera, la facultad de suspenderla por 60 días”, sostuvo Cornejo.
Para el mandatario, las dificultades de infraestructura no justifican suspender la aplicación de una norma vigente. En ese sentido, volvió a marcar la diferencia con Mendoza y las inversiones realizadas para sostener políticas que implicaron una mayor cantidad de personas detenidas y, en consecuencia, una mayor demanda sobre el sistema penitenciario.
Una ley provincial para completar la adecuación
El nuevo régimen nacional está vigente desde el 5 de septiembre y Mendoza impulsa en la Legislatura una ley provincial para adecuar procedimientos, competencias y herramientas locales a las nuevas disposiciones.
Rus destacó que el proyecto fue diseñado teniendo en cuenta la capacidad actual del sistema y prevé procedimientos ágiles para que la reforma tenga una aplicación efectiva.
“Mandamos una ley que está enriqueciéndose con distintas propuestas y que establece plazos distintos al proceso de mayores, entre otros aspectos. Contempla al supervisor y su aporte en relación con las reales posibilidades de resocialización. Eso también demuestra que tenemos una mirada concreta y especial sobre el sistema y que mira la no reincidencia como fin favorable a la seguridad”, explicó.
La Provincia proyecta, además, ampliar la estructura territorial con una nueva unidad especializada en el Valle de Uco, mientras los adolescentes de esa zona que requieran alojamiento transitorio son trasladados a los dispositivos específicos existentes en el Gran Mendoza.
Para el Gobierno provincial, la discusión no pasa únicamente por bajar la edad de responsabilidad penal, sino por garantizar que detrás de la nueva norma exista un Estado capaz de hacerla cumplir.
“Esta ley tiene que tener consecuencias concretas. Para los jóvenes el mensaje es claro: cualquier delito tiene consecuencias. Y para los padres, la ley incorpora además la corresponsabilidad y las obligaciones que corresponden frente a estas situaciones”, remarcó Rus.
“En Mendoza el cambio ya empezó. La Policía está actuando bajo un régimen distinto, la Justicia tiene nuevas herramientas y nosotros estamos preparando el sistema para sostenerlas. El objetivo es poner un límite y que frente a un delito exista una respuesta concreta del Estado”, concluyó la ministra.
