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El proyecto de Presupuesto 2027 llega a la Cámara de Diputados como una prenda de negociación que tiene Diego Santilli con los gobernadores. En la previa electoral, muchos mandatarios precisan mostrar gestión para reelegir en las urnas, para ello el Ejecutivo prevé un fuerte volumen de obra pública y autoriza nuevas operaciones de crédito y garantías para las provincias. El detalle.
Según el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, Buenos Aires, Salta, Santa Cruz, Tucumán y Jujuy son los cinco distritos con mayor volumen de obra pública localizada en el territorio provincial. En conjunto, concentran casi 64% de los $1.008.638 millones asignados a proyectos en las 23 provincias, según la Planilla 12 del anexo presupuestario.
La primera aclaración es que ese monto no equivale a transferencias libres para los gobernadores. La planilla suma obras ejecutadas por organismos nacionales, financiadas con crédito externo o ubicadas en una provincia aunque no sean propiedad del gobierno local.
El caso más evidente es Buenos Aires, que lidera con $321.085 millones, pero incluye proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, la CNEA, el sistema penitenciario y la defensa.
Buenos Aires lidera, pero no es para Kicillof
Axel Kicillof aparece al frente del ranking bruto por territorio. Entre los proyectos más grandes figuran la Autopista Presidente Perón, los programas de saneamiento del área metropolitana, el Complejo Federal de Condenados de Agote, el reactor RA-10 y obras de infraestructura militar en Puerto Belgrano y Tandil.
La provincia con más población concentra $109.739 millones en proyectos de Vialidad y $72.219 millones de la CNEA.
Además, se suman $45.383 millones para el complejo y la unidad penitenciaria de Agote y cerca de $39.690 millones para el reactor RA-10. Son obras con impacto territorial y empleo local, pero no deben leerse como fondos que ingresan al Tesoro bonaerense ni como partidas de libre disponibilidad para el gobernador.
El ranking tiene una lectura más directa en Salta. Gustavo Sáenz aparece con $127.447 millones, de los cuales $110.675 millones corresponden a Vialidad.
El proyecto principal es la autopista de las rutas nacionales 9 y 34 entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy, por $69.114 millones. Asimismo, el proyecto prevé la pavimentación de la ruta 51 hacia el paso de Sico, por $19.693 millones, y obras de agua y saneamiento en la capital y Cafayate.
Por su parte, Santa Cruz ocupa el tercer lugar con $98.361 millones. La explicación está concentrada en un solo proyecto: el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, presupuestado en $82.143 millones, con $80.000 millones identificados como crédito externo.
Para Claudio Vidal, el volumen es significativo en términos de actividad y obra visible dada la situación financiera de la provincia, pero su ejecución depende de financiamiento y de decisiones nacionales.
Tucumán suma $53.368 millones y tiene un perfil diferente porque la mayor parte se concentra en agua y saneamiento. El acueducto de Vipos representa $25.113 millones con crédito del BID; a eso se agregan las redes colectoras y plantas depuradoras de Alderetes, Banda del Río Salí y Concepción. Osvaldo Jaldo también recibe un paquete vial de Vialidad Nacional por $11.640 millones.
Jujuy completa el grupo de los cinco primeros con $45.157 millones. Carlos Sadir aparece favorecido sobre todo por obras de Vialidad, que suman $42.687 millones, además del proyecto de saneamiento de Humahuaca.
En paralelo, el artículo 42 autoriza un préstamo de hasta u$s 250 millones para las etapas IV y V del parque solar Cauchari. Ese financiamiento tiene impacto territorial, pero es endeudamiento de la Nación y no una transferencia presupuestaria directa al gobierno jujeño.
Presupuesto 2027: qué gobernadores ganan margen para los créditos
La foto cambia cuando se mira el artículo 50 del proyecto de ley, que autoriza garantías del Tesoro para operaciones provinciales. Allí, los tres mandatarios beneficiados son Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Todos son mandatarios con votos clave para aprobar la reforma política en el Congreso.
Córdoba aparece con hasta u$s 530 millones; Santa Fe, con u$s 300 millones; Corrientes, con u$s 150 millones; Chaco, con u$s 120 millones; San Juan, con u$s 100 millones; y Neuquén, con u$s 20 millones. Mendoza suma una garantía de 100 millones de euros para el Metrotranvía.
Llaryora y Pullaro no encabezan el ranking de obras localizadas, pero sí están entre los gobernadores con mayor margen para financiar infraestructura. En ambos casos, el aval no es caja inmediata: reduce el costo o facilita el acceso al crédito, y deja una obligación futura para la provincia.
El contexto financiero también favorece a ese grupo. El mensaje presupuestario señala que entre 2025 y 2026 Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén, además de la Ciudad de Buenos Aires, volvieron a colocar deuda en los mercados internacionales por un total de USD 4.875 millones. Son operaciones previas al ejercicio 2027, pero explican qué distritos llegan con mayor acceso al financiamiento.
Transferencias: suben las corrientes, bajan las de capital
El Presupuesto 2027 muestra una suba de las transferencias corrientes a provincias y municipios, de $2.023.653,8 millones en 2026 a $2.434.844,2 millones en 2027: un aumento nominal de 20,3%.
En cambio, las transferencias de capital bajan de $158.556 millones a $153.342 millones, una caída nominal de 3,3%. La suma de ambas partidas alcanza $2.588.186,2 millones, pero no incluye coparticipación y tampoco permite identificar cuánto queda bajo decisión de cada gobernador.
El proyecto agrega partidas específicas. El artículo 14 fija transferencias mensuales para La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis.
El artículo 60 reserva además $503.325,9 millones para financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, sin detallar en el texto la distribución por jurisdicción.
La obra pública se descentraliza, con costos para las provincias
En el texto del proyecto, el Gobierno nacional afirmó haber revisado una cartera de 2.339 obras: 1.683 fueron dadas de baja o quedaron en proceso de rescisión, 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a provincias y municipios, y 199 permanecen bajo gestión nacional, con 55 ya terminadas.
Asimismo, también señalaron que se firmaron acuerdos marco con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses. Esto implica para los gobernadores hacerse cargo de la ejecución, el financiamiento pendiente, la operación y el mantenimiento.
Otro capítulo relevante es el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, por el que 21 jurisdicciones adhirieron a acuerdos para compensar más de $3,7 billones en obligaciones cruzadas y cerrar 37 litigios, según el mensaje del proyecto.
No es una transferencia 2027, pero puede mejorar el margen financiero de los distritos que lograron ordenar sus deudas con la Nación.
