Cambios a la Ley Bases

Ponen tope a la motosierra de Milei en el achique del Estado pero mantienen los superpoderes

Entre las múltiples reformas que el oficialismo incluyó en el dictamen para conseguir el voto de los bloques dialoguistas aparecen modificaciones en el capítulo de las facultades del Presidente para ajustar el organigrama

Tras semanas de intensas negociaciones en el Senado sobre la Ley Bases se leyeron en el recinto las modificaciones que se realizaron a los artículos que buscan modernizar y achicar el Estado. Entre ellos están algunos de los pedidos más importantes del Poder Ejecutivo: las facultades delegadas que se le otorgarían a Javier Milei y la posibilidad de declarar emergencia en varios aspectos de la economía. 

En este sentido, según las modificaciones que leyó el senador de La Libertad Avanza (LLA) Bartolomé Abdala durante su exposición en el recinto, el Presidente insistiría con la declaración de emergencia, las facultades delegadas y la posibilidad de reformar el Estado, pero con algunas concesiones a partir de las presiones de los bloques dialoguistas.

Entre las modificaciones más importantes al Artículo 3 de la Ley que propone las facultades delegadas del Presidente para modificar aspectos de la Administración pública nacional se fijan ciertos límites sobre organismos del Estado aunque no se modifica la cuestión de fondo para la oposición: las facultades delegadas que permitirían desfinanciarlos sin disolverlos.

En contraposición, se otorga al poder Ejecutivo facultades para "mejorar el funcionamiento del Estado". Con ello, el Presidente estaría autorizado a "reducir el sobredimensionamiento estatal para garantizar la transparencia en administración de las finanzas públicas".  En este sentido, permite la reorganización del Estado y faculta a reorganizar todos los órganos del mismo pero evita su disolución.

Asimismo, lo que sí se permite es la disolución de órganos de la administración pública nacional o la transferencia a las provincias de estas dependencias. Incluye también la modificación de competencias. Pero excluye a "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan".

Abdala aseguró que la propuesta excluye de posibilidad de disolución o transferencia de nuevos organismos. Se menciona específicamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 2 "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el  Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

También aparece la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Además se menciona el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Por último, figuran el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación-

La inclusión explícita de estos organismos fue un pedido de los bloques dialoguistas que incluso ampliaron el artículo 3 desde su versión original a la que se debate ahora en el recinto. El dictamen también confirma la obligación del Estado de proveer de fondos para el funcionamiento de todos los organismos relacionados con la Ciencia e incorpora la prohibición de disolver organismos relacionados a la cultura. 

También en el artículo 6 incorpora a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de la facultad de intervenir.

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