Luego del recambio legislativo, el Gobierno impulsó una serie de reformas prioritarias para tratar en sesiones extraordinarias, pero también delinea un plan para tratar otros proyectos a partir de marzo del 2026, en línea con lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por un lado, en el oficialismo dan por sentado que el nuevo Código Penal que se incluyó en el temario del verano finalmente se tratará a fondo recién cuando comience el período ordinario ya que no darán los tiempos. La prioridad será impulsar la modernización laboral, la Ley de Glaciares y la Regla Fiscal.
El texto de más de 900 artículos, que todavía no se dio a conocer, aún aguarda definiciones clave con respecto de si eliminaran la figura del femicidio o si incluirán la corrupción como delito imprescriptible. Según pudo saber El Cronista, el plan viró durante las últimas semanas y lo más probable es que comience a tratarse en la Cámara de Diputados.
A su vez, otros temas que el Gobierno tiene pendiente para llevar adelante este año es una Ley de Libertad Educativa que ya fue presentado en el marco del informe final del Consejo de Mayo. El proyecto está orientado modificar la estructura del sistema educativo para que el Estado comience a tener un rol “subsidiario” y no como principal organizador del sistema.
A su vez, le brindaría mayor autonomía a las escuelas, equipararía jurídicamente a las instituciones públicas y privadas y le daría reconocimiento a otras alternativas de enseñanza como el homeschooling o la educación híbrida.
Otro punto central es que declara a la Educación Básica como servicio esencial y en cuanto a la Educación Superior introduce evaluaciones externas para otorgar financiamiento por desempeño.
Hay un cúmulo de proyectos orientados a la explotación de recursos naturales del país, además de la ley de Glaciares. Entre ellos, una revisión del régimen de zonas frías, algo que intentaron incluir en el Presupuesto 2026 y quedó afuera con el rechazo del Capítulo XI, y una actualización de la Ley de Bosques, la Ley de Agricultura y la eliminación del tope de mano de obra local.
Un eje central durante el 2026 va a ser también la propiedad privada. El Gobierno quiere que reformar la Ley de Expropiaciones para que se disponga una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes; y para que los desalojos dispongan una entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación.
Además, introducen un régimen de Protección del Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las Tierras Rurales. “Se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30, 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, explicó en su momento el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando se envió el proyecto.
Al margen de lo trabajado en la mesa consultiva, en la Casa Rosada también planean llevar adelante una serie de bajas impositivas que, tal como adelantó El Cronista, formarán parte de proyectos aislados en el marco de lo que denominaron en su momento como “reforma tributaria”.
Estas reducciones se impulsarán a medida que la recaudación lo permita, y contempla un Super IVA para eliminar Ingresos Brutos, la eliminación del impuesto al Cheque, y la reducción gradual del impuesto a las Ganancias para las personas humanas.
Una reforma estructural que el Gobierno dejó pendiente para después de la modernización laboral es la reforma previsional. El Gobierno mantiene congelado el bono extraordinario para los jubilados y la actualización de la fórmula se mantiene por inflación a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del 2024, mientras que el presidente Javier Milei vetó todo tipo de iniciativa opositora que surgió del Congreso en esta materia.
En el mientras tanto, trabaja en un proyecto macro para modificar todo el sistema previsional. En la primera revisión del FMI, el organismo internacional dejó plasmado que la Argentina deberá presentar a diciembre del 2026 al menos un diagnóstico y un reporte de revisión del sistema de pensiones.
“La iniciativa deberá simplificar el sistema hiper fragmentado y mejorar la relación de proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios”, detallaron.
Otro tema que será trasversal durante el debate ordinario, más allá de las reformas, será el envío de pliegos de la Justicia. En la Casa Rosada decidieron esperar hasta el 1 de marzo para desactivar la crisis del vacío judicial, que alcanza al 37% de los cargos en la institución.
