La relación entre el Grupo Techint y el gobierno de Javier Milei pasó de la alianza estratégica a una guerra abierta por la licitación millonaria de provisión de caños para un gasoducto de 480 kilómetros en Vaca Muerta, y con ello se volvió a poner sobre la mesa el dilema entre la apertura de importaciones y la protección de la industria nacional.
La empresa dirigida por Paolo Rocca perdió la carrera por el gasoducto de Southern Energy (SESA) para el primer proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que conectará Vaca Muerta con Río Negro contra un conglomerado indio llamado Welspun Corp, que ofreció el precio más competitivo con u$s 203 millones.
Además, la empresa india ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que los competidores, los cuales incluyeron a 15 proveedores de diversos países: además de Argentina, España, China, India, Colomboa, México, Japón, Grecia y Turquía.
El consorcio que tomó la decisión de adjudicarle la licitación el 23 de diciembre del 2025 la integran Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%), que sostuvieron que la oferta de Tenaris, del Grupo Techint, registraba sobrecostos de más del 45%. Fuentes cercanas a la negociación precisaron a El Cronista que la propuesta de Tenaris “resultó ser la más cara de las 6, con una diferencia de más de 90 millones de dólares”.
Al día siguiente de ese vencimiento, Tenaris volvió a presentar una nueva oferta que, de todos modos, era un 25% mayor que la ganadora, con una diferencia de casi u$s 50 millones. La secuencia del proceso licitatorio, que se lanzó en octubre del año pasado, indicó que, además, el 6 de enero volvieron a presentar otra oferta para igualar las condiciones comerciales de Welspun.
“El 7 de enero se reiteró a Tenares que su oferta estaba fuera de plazo y que su presentación es incompatible con la integridad de un proceso licitatorio que debe garantizar igualdad de posibilidades para todos sus participantes”, alegaron a este medio.
“Aunque alguien quizás pensara que aún así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del ´compre nacional´ felizmente derogado), creo que eso es indefendible“, sentenció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el primero en fijar una postura al respecto.
“Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas, incluyendo PyMES, y consumidores. Es el costo argentino que le dicen“, agregó en este sentido en un extenso comunicado vía redes sociales.
El tema escaló más durante la jornada, cuando desde el holding industrial, que negaron la cifra del sobreprecio del 40% que se les atribuyó, dejaron trascender que evalúan presentar formalmente un caso de dumping por “competencia desleal”, ya que la empresa india obtiene sus insumos en China.
“Si ves a ´periodistas´, ´economistas´ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabes quién le llena el sobre..“, insinuó como primer golpe el propio Javier Milei esta mañana. Luego sumó otro insulto personal contra el empresario, a quien llamó “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”.
Las fuentes consultadas agregaron, en este sentido, que la chapa del gasoducto no se produce en Argentina y que la importación de la chapa de Tenaris “es importada 100% de Brasil, no es ´compre argentino´", por lo que “en Argentina, solo plega la chapa y hace la costura a los caños”.
“Tenaris compra la chapa en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), empresa en la que Ternium la siderúrgica de Techint, ejerce el control, por lo que en los hechos se compra la chapa a sí misma”. Además, sostuvieron que “en sus operaciones en Medio Oriente, Tenaris compra la chapa en China”.
Además, en defensa de la influencia del país asiático, una fuente del sector alegó: “Casi todos los productos que ingresan a la Argentina tienen una parte de componente chino, incluso aquellos que se fabrican en el país. Con ese criterio, debería haber cientos de casos de dumping (autos chinos, por ejemplo) pero lo cierto es que no hay ninguno".
“China produce el 50% del acero del mundo y, frente a la caída del consumo y la restricción de su mercado interno, está ingresando con una actitud predatoria y desleal“, había denunciado Rocca en un evento empresarial de fin de año, junto con la senadora Patricia Bullrich a su lado.
“Además de nivelar la cancha, hay que defender profundamente la estructura industrial“, agregó en esa línea, semanas atrás, antes de que SESA firmara el contrato para la compra de los tubos con Welspun el 23 de diciembre.
Las advertencias del CEO de Techint que avecinan a convertirse en una investigación antidumping deberán ser presentadas ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la subsecretaria de Defensa del Consumidor analizarán los casos.
Desde el área aún no marcaron si evalúan algún tipo de acercamiento con el Grupo Techint y relativizan la importancia del caso. “Estamos con otras cosas”, descartan. De todos modos, fuentes del sector se mostraron neutrales y reconocieron a El Cronista que no deben avalar el pedido de Techint: “Pueden presentarlo igual”.
La CNCE está a cargo del antidumping a partir de un decreto de Milei que simplificó el trámite y limitó el sistema, un año atrás. “Estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria", defendieron con la medida en ese entonces.
Las modificaciones que introdujo el decreto 33/2025 redujo el plazo de aplicación para las medidas antidumping a un máximo de 8 meses -antes podían extenderse hasta 12-, así como también las medidas, que antes podían ser renovadas de forma ilimitada, pasaron a un máximo de 3 años de aplicación y una única posibilidad de extensión a 2 años más.
