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La Justicia investiga el patrimonio de una dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras la compra de un inmueble en el edificio de de San José 1111 donde Cristina Kirchner enfrenta su prisión domiciliaria. La sospecha recae sobre el origen de los fondos utilizados para la operación. Ante la citación judicial, la imputada presentó un argumento que generó extrema sorpresa entre los investigadores del caso.
Se trata de María Soledad Calle, referente de La Cámpora y empleada del gremio conducido históricamente por Abel Furlán. Los registros oficiales confirman que la mujer adquirió el piso inferior al departamento que habita la expresidenta. La fiscalía busca determinar si existe una maniobra de defraudación vinculada a los contratos millonarios que manejaba la entidad sindical.
La operación financiera se concretó por u$s 189.000 en efectivo durante el año pasado. El expediente judicial expone que en el mismo período la investigada sumó a su patrimonio un vehículo de alta gama marca BMW. Estas compras llamaron la atención de los peritos contables debido a que sus ingresos declarados no respaldan semejante desembolso.
La explicación de la dirigente sindical de la UOM por su departamento
En su descargo por escrito, la sindicalista aseguró que la propiedad fue adquirida para instalar la sede de una fundación. La insólita justificación no incluyó documentos que acrediten el origen del dinero ni los balances de la entidad benéfica citada. Tampoco ofreció precisiones sobre quiénes integran la organización ni qué actividades desarrollaba para disponer de tal liquidez.
La causa judicial indaga sobre un acuerdo firmado en 2023 entre el sindicato metalúrgico y la firma administradora USEM. El contrato cedía la gestión del 80% de los aportes sindicales a cambio de comisiones mensuales millonarias. Los denunciantes sostienen que parte de esos fondos públicos desviados habrían financiado la compra del departamento en cuestión.
La defensa del sindicato y el avance de la causa
Por su parte, el entorno gremial desmintió las acusaciones y presentó pedidos de sobreseimiento ante los juzgados intervinientes. La defensa argumentó que no existen elementos probatorios que vinculen las cuotas de los afiliados con el patrimonio personal de la militante. Sin embargo, los fiscales solicitaron el allanamiento del inmueble y el levantamiento del secreto bancario de todos los implicados.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía federal y sumó nuevas medidas de prueba durante las últimas horas. Los peritos analizan los movimientos bancarios de los últimos dos años y los libros contables del gremio UOM. El tribunal busca determinar si existió una estructura montada para blanquear dinero proveniente de los aportes de los trabajadores.
