En esta noticia
Con el nuevo reordenamiento dentro el Gabinete, el Presidente Javier Milei ordenó a su equipo económico para dar sus primeras señales de blindaje de cara al 2027, mientras que la Mesa Política busca cerrar el diseño electoral que se viene con acuerdo de los gobernadores. El objetivo es asegurar una reelección, y prevenirse ante un eventual estallido opositor para que la política no intervenga en la economía.
“La macro va a estar ordenada, hay que ver la actividad”, evaluaba en diálogo con El Cronista un colaborador cercano a la estrategia electoral.
Cada vez que un Gobierno entra en año electoral, el mercado empieza a mirar con lupa una pregunta muy simple: ¿va a poder pagar sus deudas sin que eso obligue a una devaluación o a un ajuste de emergencia justo antes de la elección? El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó responder este lunes con el programa financiero 2026-2027, donde incluso proyectó la situación que se dejarán a “ellos mismos” ante un eventual segundo mandato.
“Para ese momento (2028) tenemos muchas opcionalidades. Tanto en 2026 y 2027 no hay emisión internacional y no asumimos financiamientos alternativos. Para fin de 2027 esperamos que haya un colchón más que importante, seguro mayor al que estamos dejando para 2027″, sostuvo ante la prensa acreditada en el ministerio de Economía.
También reveló que proyectan que para 2031 Argentina podría alcanzar la calificación de investment grade -grado de inversión que atrae a los fondos más grandes del mundo-, tal como contó este diario.
Un dato político clave es que buena parte de ese plan no necesita ni un solo voto del Congreso para ejecutarse. Y esa autonomía no es casualidad: el Gobierno se la aseguró siete meses antes, en una pelea legislativa que en su momento pasó con poco ruido, que la ley de Presupuesto le de margen al Ejecutivo para avanzar en su programa de refinanciamiento sin nuevos obstáculos.
Fuente: NA
El refinanciamiento de la deuda en un año electoral es más riesgoso: si el mercado desconfía que el Gobierno vaya a cumplir, sube lo que le cuesta a la Argentina pedir prestado (eso es, en esencia, lo que mide el riesgo país), y esa desconfianza suele trasladarse al dólar y a los bonos justo cuando un oficialismo necesita mostrar estabilidad para ganar una elección.
Puertas afuera, el anuncio del ministro de Economía fue un mensaje a los bancos y a los fondos de inversión. Puertas adentro, es una pieza más de la estrategia electoral de Milei, que corre en paralelo a la que lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la negociación por la eliminación de las PASO.
2027 vs 2025
El punto de comparación que manejan adentro del equipo económico es explícito: la compleja e incierta situación que se vivió en la previa de las elecciones legislativas del año pasado.
En aquel momento, el swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos había funcionado como freno de emergencia para contener la corrida hacia el dólar. Para 2027, esa red no está garantizada de la misma manera: Estados Unidos tiene elecciones de medio término en noviembre de este año, y el rescate a la Argentina ya generó cuestionamientos puertas adentro de la política norteamericana.
Por eso, tanto en el Gobierno como en el mercado dan por hecho que ese salvavidas puntual difícilmente se repita con la misma escala. Caputo dijo en la conferencia que ese swap sigue vigente y que, como última instancia, está la puerta abierta para utilizarlo, pero en definitiva van a buscar evitar depender de colocaciones internacionales.
De ahí que la estrategia haya cambiado de lugar: en vez de depender de un rescate externo de último momento, el equipo económico dice haber armado sus propios colchones con un año de anticipación.
Milei lo planteó hace pocos días: afirmó que el Gobierno arma un “arsenal enorme” para proteger la economía el año próximo, calificó al esquema de “hiperblindado”, y remarcó que ya compró unos u$s 11.000 millones a mitad de año, con el financiamiento cerrado hasta el final de su mandato.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, agregó el matiz que más le importa al mercado: sostiene que el 2027 será “menos desafiante” que 2026 en materia de necesidades de fondeo, precisamente porque el trabajo pesado ya se hizo este año.
La misma lógica explica una decisión que pasó con poco ruido: el Banco Central refinanció en junio u$s6.000 millones de préstamos REPO con bancos internacionales, estirando el vencimiento hasta septiembre de 2028, ya con la elección presidencial resuelta.
La llave de Caputo
Para que el Estado pueda tomar o administrar deuda, la ley exige que esa operación esté prevista de antemano en el Presupuesto del año, o en una ley específica. Durante el debate del Presupuesto 2026 hubo una pelea menos visible: un artículo que ampliaba la facultad de Hacienda y Finanzas para hacer canjes de deuda, recompras y operaciones con instrumentos financieros complejos, dejando atrás las restricciones más rígidas que regían hasta entonces.
Un sector de Unión por la Patria, encabezado por los diputados Itai Hagman, Germán Martínez y Cecilia Moreau, identificó ese artículo como el verdadero corazón político del Presupuesto y presentó, en paralelo, un proyecto de disciplina fiscal para ponerle límites permanentes al endeudamiento. No prosperó. El artículo oficialista, en cambio, sí: quedó plasmado en los artículos 44 y 45 de la Ley 27.798.
Esos dos artículos son la base legal que citan de manera sistemática las resoluciones de Hacienda y Finanzas cada vez que el equipo económico ejecuta una operación de deuda. Es también el fundamento del Decreto 478/2026, con el que el Ejecutivo autorizó, sin pasar por el Congreso, préstamos por hasta u$s 5.000 millones con bancos internacionales, garantizados por el Banco Mundial y el BID. Y alcanza, dentro del mismo techo, a la deuda que Economía licita en el mercado local, como los bonos AO27, AO28 y el próximo AO29.
Este lunes, Caputo detalló cómo piensa usar ese margen: los vencimientos hasta fines de 2027 suman u$s 51.600 millones, contando ambos años y lo que se debe entre reparticiones del propio Estado. Para lo que resta de 2026, las necesidades son de u$s 19.200 millones, cubiertas con fuentes por u$s 22.900 millones, lo que deja un colchón de u$s 3.700 millones para el año próximo.
Ese colchón se arma con dólares que el Tesoro ya le compró al Banco Central, préstamos bancarios respaldados por organismos multilaterales, nueva deuda en el mercado local y unos u$s 800 millones esperados de privatizaciones.
Lo que el Gobierno decidió no hacer, por ahora, es salir a emitir deuda nueva directamente en los mercados internacionales: “es una opción, no un objetivo”, repitió Caputo.
La privatización de empresas como AySA, Belgrano Cargas o las térmicas de Enarsa sigue la misma lógica: el permiso legislativo ya está dado, desde la Ley Bases de 2024. Lo que falta ahí no es una nueva discusión parlamentaria, sino la parte administrativa: pliegos, licitaciones, adjudicaciones.