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Luego de que se conociera el nuevo borrador con el mega proyecto del Ministro de Desregulación de Federico Sturzenegger, el punto de la modificación de la Ley del libro generó una fuerte reacción en contra desde el sector editorial.
La propuesta del oficialismo apunta a modificar la Ley 25.542 de defensa de la actividad librera. Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Fundación El Libro, y en la antesala de una nueva edición de la Feria de Editores (FED), manifestaron su “profunda preocupación” y rechazó la eventual derogación de la norma vigente desde 2001.
La CAL, que agrupa a unas 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, sostuvo que la ley actual constituye una herramienta clave para fortalecer la producción editorial nacional, preservar una red federal de librerías y garantizar una oferta amplia y diversa para los lectores.
La entidad recordó que la norma establece que el editor fija el precio de venta al público de cada libro y que ese valor debe respetarse en todos los canales de comercialización, desde librerías independientes hasta grandes cadenas, supermercados y plataformas de venta online.
Según la cámara, el objetivo del sistema no es impedir la competencia, sino evitar que ésta se reduzca exclusivamente a la capacidad financiera de ofrecer descuentos. “El precio uniforme no elimina la competencia; la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores”, planteó.
Riesgo de mayor concentración
Para la CAL, eliminar el precio único permitiría que grandes cadenas y plataformas digitales apliquen “políticas agresivas de descuentos” para desplazar a las librerías independientes, especialmente en ciudades del interior y barrios, lo que terminaría favoreciendo la concentración del mercado.
Según los datos de la CAL, en 2025 hubo un 17% más de títulos publicados que en 2024 pero cayó 34% la tirada total de ejemplares. La edición estatal y las compras institucionales pasaron de representar el 29% en 2024 (14,5 millones) al 5% en 2025 (menos de 2 millones) de la tirada total.
En esa línea, la Fundación El Libro afirmó que la Ley 25.542 es “la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón del territorio”.
La entidad sostuvo que la red de librerías argentinas “no representa meros puntos de venta de mercancía”, sino que constituye “verdaderos faros culturales, espacios de encuentro democrático y de promoción de la lectura”, cuyo valor excede la lógica comercial.
Precios y oferta editorial
“La desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad; por el contrario, desprotege a los eslabones más débiles de la cadena —libreros independientes, editoriales pequeñas y medianas y autores— y favorece la concentración”, señaló el comunicado.
Para el sector editorial, desde la sanción de la norma en 2001 se triplicó la cantidad de novedades editoriales, se duplicó el número de editoriales y se consolidó una red de aproximadamente 1500 librerías, una de las mayores densidades por habitante de América Latina.
También sostuvo que el sistema aporta estabilidad al mercado, facilita el cálculo de las regalías para los autores y contribuye a combatir la piratería al establecer un precio de referencia para las ediciones legales.
La entidad recordó además que mecanismos similares de precio fijo continúan vigentes en países como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
Sobre qué margen tienen las editoriales para ofrecer descuentos y cómo pueden afectar los cambios, Víctor Malumian, editor de Godot y organizador de la Feria de Editores (FED), “de cada 100 pesos de un libro, 10 pesos quedan para el autor o la autora, 30 quedan para la editorial (para la imprenta, corrección, diseño, maqueta, traducción, promoción, etc), 20 pesos quedan para la logística (paga fletes, cajas, cintas, depósito) y entre 40 y 50 quedan para el canal librero (paga alquiler, sueldos). Estos porcentajes pueden variar y que una librería chica se quede con 35 y una cadena de librerías 50”. En ese escenario, “las editoriales no tienen mucho más margen para hacer descuento, de hecho en ganancia neta son las que menos se llevan en la cadena, o al menos compiten por ese dudoso galardón”, planteó Malumian.
Qué pasó donde se desreguló
“Si se desregula la ley la experiencia en otros países muestra que a mediano plazo se da un proceso de concentración y pérdida de poder de negociación de las editoriales. En el caso de Fishwick para el Reino Unido, se generaron ”menos actores minoristas, pero más grandes, ganan poder de compra frente a las editoriales”, destacó en cuanto sobre la experiencia internacional. Para no perder rentabilidad, las editoriales “tienden a subir el precio de lista (compensando el mayor descuento que deben ceder a las cadenas grandes), mientras el catálogo de fondo y los tirajes chicos —que no le interesan a una cadena grande— quedan cada vez más relegados o directamente dejan de editarse”, explicó.
Esto genera “cierre de puntos de venta y pérdida de bibliodiversidad. El cierre de librerías independientes reduce puntos de venta físicos, sobre todo en ciudades del interior donde una librería chica suele ser el único acceso al libro. Se angosta la oferta editorial disponible (menos poesía, ensayo, autores nuevos, traducciones de nicho), porque el modelo de descuento agresivo solo es rentable con alta rotación. El resultado neto —como en el Reino Unido— tiende a ser un precio final más alto o igual al de antes, pero con menos variedad y menos puntos de venta”, enfatizó el editor.
“Estado de alerta”
La Fundación El Libro remarcó que la defensa de la ley cuenta con el respaldo de todo el ecosistema editorial —editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos— y convocó a los lectores y a la sociedad a acompañar el reclamo.
“Defender a las librerías es defender nuestra propia historia, nuestro pensamiento crítico y nuestro futuro”, afirmó la institución, que además se declaró “en estado de alerta” y ratificó su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para preservar “el capital lector y cultural de los argentinos”.
