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La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había multiplicado una indemnización por un accidente laboral.
En el fallo unánime firmado por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte señaló que la justicia laboral incurrió en una reformatio in peius, una regla que impide empeorar la pena o el fallo inicial si quien apela es solo el que interpuso un recurso.
Es que, en este caso, el máximo tribunal detectó que el beneficio se otorgó a pesar de que el propio empleado no lo había reclamado en su apelación.
El origen del reclamo judicial
El conflicto legal se originó con la demanda de Sergio Pagani, un técnico electricista. En agosto de 2017, el trabajador sufrió una caída de una escalera mientras instalaba cámaras de seguridad. El impacto contra el suelo le provocó una rotura de meniscos en su rodilla.
Inicialmente, la Comisión Médica N° 10 estableció que el hombre tenía una incapacidad laboral permanente parcial del 5%. Disconforme con este resultado, Pagani decidió cuestionar la evaluación en la justicia, alegando que las secuelas físicas del accidente eran sensiblemente mayores a lo determinado.
Así, en primera instancia, el juez laboral le dio la razón al trabajador y reconoció un 16% de incapacidad. En consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar una indemnización de $ 240.585, a la que debían sumarse los intereses correspondientes.
Ante este escenario, únicamente la ART presentó un recurso de apelación. Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo no solo desestimó el reclamo de la aseguradora, sino que decidió, por cuenta propia, elevar el monto indemnizatorio al considerarlo insuficiente.
El salto millonario de la indemnización
La Cámara argumentó que el importe inicial no representaba ni el 60% del tope mínimo vigente para ese grado de incapacidad. Bajo este razonamiento, elevaron la indemnización de Pagani a $ 1.619.177,84 más intereses calculados desde el año 2022, aplicando un tope establecido por una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La ART llevó el caso a la Corte Suprema, argumentó que la sentencia era arbitraria y sostuvo que la Cámara aplicó una resolución de 2022 que el trabajador no había solicitado. Esto, según la apelante, violó el principio de congruencia y su derecho de defensa.
La Corte Suprema hizo lugar al planteo de la aseguradora. Según los jueces, la Cámara excedió los límites de su intervención y dejó a la aseguradora en una situación más desfavorable que la fijada en primera instancia.
La decisión final de la Corte
El fallo de la Corte resalta que se violó el límite de la competencia de los jueces de Cámara. Al no haber apelado el trabajador, el tribunal no tenía facultades para mejorar su situación económica de oficio, lo que perjudicó exclusivamente a la parte que sí buscaba revisar la sentencia.
En consecuencia, el máximo tribunal dejó sin efecto el incremento millonario aplicado por la Cámara del Trabajo. La Corte ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento que se ajuste estrictamente a los límites legales.
De esta forma, esta resolución sienta un precedente importante sobre el principio de congruencia en el derecho laboral, así como sobre la base de cálculos actuariales y estimaciones económicas.
