Mientras el Gobierno intenta aplacar la crisis en el PAMI, hay otra bomba de tiempo en el sector de la salud. De acuerdo con un reporte de la Confederación General del Trabajo (CGT), hay obras sociales que están en una situación límite y al borde de no poder sus compromisos por las demora en cobrar prestaciones y subsidios de parte de organismos del Estado.
El “informe de situación” fechado al 31 de marzo lleva la firma de la cúpula de la central sindical que encabezan Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello y también está rubricado por José Luis Lingeri, el peso pesado del gremio de Obras Sanitarias en su calidad de secretario de acción.
Allí, se detalla que el sistema está a punto de sumirse en una crisis sin retorno. “La situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave, que para muchas organizaciones es casi “terminal” por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, detalla ni bien comienza. Como ejemplo, se cita que ya se dio de baja la obra social de la Industria del Fósforo y que están en situación delicada la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción y también la de la Industria Pesquera de Mar del Plata. A su vez, están intervenidas la entidad que atiende a los peones rurales -Osprera- y a los ladrilleros.
“Un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia atención médica con un porcentaje del salario (9% del salario) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”, indica el reporte con el que los gremios buscan llamar la atención sobre el cordón más extendido de atención sanitaria por fuera de los hospitales públicos.
Según la CGT, el promedio de recaudación del sistema está en $ 67.525 por beneficiario, frente a un costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) para marzo que ronda los $ 85.000. “Más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón; no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”, indican en el trabajo que suma presión a un sistema que acumula problemas hace años.
Ante este desequilibrio, los sindicatos están teniendo que cubrir sistemáticamente con fondos propios la falta de recursos genuinos, según advierten en el documento. “Para poder continuar con la prestación de servicios; la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, se detalla.
El deterioro financiero de las obras sociales se traduce -de acuerdo con el informe de la CGT- en problemas en la cadena de pagos a prestadores, con la consecuente caída de la calidad en la atención médica, la prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y en última instancia, un creciente malestar de los afiliados.
“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual”, indican. El dato es que desde 2018 hasta hoy, la reducción de la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en un 49%.
Más presión
Los sindicatos plantean además como un agravante de la situación el “agujero financiero” que produce la incorporación de monotributistas, que aportan $ 20.000 cada uno, un tercio del costo del PMO. “A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía, presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad”, indican. “Es decir que utilizan el régimen de monotributo, al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, denuncian.
A su vez, la CGT señala que sufre en cascada la crisis del PAMI. “La situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, indica el reporte. “Hoy el PAMI nos transfiere $ 48.269 per cápita. Este valor resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($ 159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que, por esa diferencia, no contrapresta ningún servicio”, concluye.
La entidad señala también que los hospitales públicos son “otro factor de distorsión” porque en muchos lugares del país tienen costos más altos que los prestadores privados y porque, además, “no solicitan autorización para la realización de prácticas programadas”. “En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoría en terreno correspondiente”, subraya.
Por último, la CGT reclama un mejor manejo de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, al tiempo que advierte por el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a prestaciones por discapacidad. Esto, señala “ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.