Crisis institucional

¿Se puede intervenir Formosa? Hablan los constitucionalistas

Cuál es la opinión de los expertos sobre las denuncias que existen en la provincia. Críticas a la frase "en pandemia no hay derechos" que planteó el senador José Mayans.

Tras la detención de dos concejalas opositoras, la multiplicación de denuncias y hasta pedidos de Amnistía Internacional, la situación de Formosa parece cada vez menos ajustada a derecho. Tal es así que José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, explicitó en diálogo con La Nación que "en pandemia no hay derechos". Es decir, una justificación al gobierno de su coterráneo Gildo Insfrán.

Ante esta situación se planteó la posibilidad de una intervención federal en la provincia. Se trata de una figura contemplada en el artículo 6 de la Constitución Nacional y que es considerada "extrema" por los especialistas. ¿Existen argumentos hoy para intervenir Formosa?

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien integró la comisión de expertos que asesoró al presidente Alberto Fernández sobre la reforma judicial, cree que existen "motivos suficientes para dar una discusión seria". Según su visión, se combinan elementos actuales y otros históricos, entre los que se encuentran que "está en disputa la división de poderes, hay un régimen de reelección antirrepublicano, violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios y un tratamiento del territorio como si estuviera escindido, no pueden ingresar personas".

Igualmente, aclara que muchas de estas cuestiones no son nuevas, sino que se arrastran desde hace tiempo. "También existían durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue bastante licencioso con Insfrán".

Por otro lado, en relación a la postura de Mayans, Gil Domínguez es tajante y sostiene que "los derechos pueden ser limitados razonable y proporcionalmente durante un determinado período. Pero si desaparecen los derechos desaparecen la república y la democracia. Y quien gobierna es un autócrata o un dictador".

Según la Constitución, se contempla que el gobierno federal intervenga la provincia en los casos de invasión extranjera, de otra provincia, sedición o "para garantir la forma republicana de gobierno". Este último punto, según el constitucionalista Daniel Sabsay, es la causal más usada, y recuerda que "los motivos históricos para alegarlo son muy amplios: inexistencia de la separación de poderes, no funcionamiento de la Justicia, violación permanente de los derechos humanos o fraude electoral.

Sobre el caso actual no deja lugar a dudas y cree que "en Formosa sobran los motivos", aunque cree que "solo lo puede declarar el Congreso, lo cual hoy es imposible". Durante épocas de sesiones ordinarias, es el Congreso el que debe declarar la intervención. En receso -como en este momento- el Presidente tiene la posibilidad de decretarlo, aunque debe remitirlo al Congreso para su ratificación o rechazo.

Durante la década del 90 fueron intervenidas las provincias de Catamarca, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero. La última vez fue durante el mandato de Néstor Kirchner, en 2004, también en Santiago del Estero. En comparación con esos casos, Sabsay cree que la actualidad de Formosa "es más grave aún, por la cantidad de wichis muertos. A esto se agrega el muchacho que se ahogó queriendo cruzar el río, no puede haber fronteras internas. La Justicia es una broma, sólo los soldados de Insfrán llegan a jueces y fiscales".

El constitucionalista agrega que, antes de la intervención, existen igualmente opciones intermedias. "El Congreso podría llamar al gobernador para que informe lo que está pasando", ejemplifica. Además, recuerda que en el caso de una intervención no necesariamente deban reemplazarse las autoridades, aunque históricamente esto es lo que sucedió. Es decir, existiría la posibilidad de que el Presidente intervenga la provincia pero conserve a Insfrán en el cargo. No obstante, la Casa Rosada no cree que deba hacerlo

Finalmente, Félix Lonigro pone algunos reparos sobre la posible intervención. Si bien considera que "en Formosa ocurren cosas graves", sostiene que "no advierto que haya reclamos judiciales que no sean atendidos, o que la Justicia se pronuncia y esos jueces son removidos, como sucedía en Catamarca o Santiago del Estero".

En esa línea, agrega que "por más grave que sean las violaciones a los derechos humanos de Insfrán, no veo que eso sea un motivo contemplado en la Constitución. Hay que interpretarlo de forma restrictiva, es un instituto de emergencia".

Sobre los dichos del senador Mayans, Lonigro señala que "ningún derecho es absoluto, y en épocas de pandemia la restricción de derechos puede acentuarse. Pero nunca puede existir una eliminación de los derechos. Decir que los derechos no existen en pandemia es lo mismo que decir que la constitución nacional no existe en pandemia. Un verdadero disparate".

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