Luego del acuerdo de deuda bajo legislación extranjera conseguido por Nación en julio, doce provincias continuaron con la reestructuración de sus bonos con la meta de descomprimir los vencimientos de los próximos años.

Hasta el momento, cinco lograron acordar y el resto todavía sigue en conversaciones con su acreedores desde hace más de un semestre, pero aún sin perspectivas de un acuerdo en el horizonte de cortísimo plazo. Incluso, algunas provincias ya se encuentran en cesación de pagos desde hace cuatro meses o más.

En algunos casos las prórrogas de los plazos de respuesta a las ofertas se acumulan y los acreedores se impacientan, en especial aquellos de las deudas de los distritos que se encuentran en default. ¿Esta situación puede prolongarse indefinidamente?

Martín Vauthier, de la consultora Eco Go, resaltó que no existe ninguna norma internacional que ponga un límite a la reestructuración de una deuda defaulteada y que las partes pueden seguir negociando hasta que haya acuerdo o los bonistas recurran a la Justicia o, incluso, se bajen unilateralmente.

"No hay ningún plazo, todo depende de la voluntad de las partes para negociar y los términos de negociar. Por ejemplo, en el caso de un bono que entra en default 30 días después de que no se cumpla un vencimiento, en la medida de que ninguno de los acreedores lo lleve a la Justicia y continúe la negociación, eso puede seguir indefinidamente. No hay algo predefinido, depende de los términos del contrato", explicó a El Cronista.

Como caso más emblemático está el de Argentina en la salida de la convertibilidad, cuando declaró el default de su deuda a fines de 2001 y llegó a un acuerdo de la deuda recién en 2005.

Y en esa situación se encuentran cuatro provincias que se encuentran en cesación de pagos, desde hace cuatro meses o más, y que los acreedores todavía no llevaron a la Justicia de Nueva York, bien lejos de la influencia política del gobierno nacional.

La mitad de las provincias inició este año reestructuraciones de deuda por un stock de bonos en conjunto acumulan casi u$s 12.800 millones, la gran mayoría en manos de la provincia de Buenos Aires (55%), que además es la que más tiempo lleva negociando y en cesación de pagos.

Además de Buenos Aires, otras seis provincias continúan las negociaciones de su deuda, que entre todas acumulan obligaciones por u$s 2160 millones. De estas, además de la del distrito que gobierna Axel Kicillof, están en default Entre Ríos, Chaco y La Rioja.

La provincia mesopotámica, que tiene la propuesta sobre la mesa pero aún sin arreglo, se encuentra en un clima de tensión con los bonistas, que recurrieron a comienzos de año a los tribunales neoyorquinos para reclamar un incumplimiento del pago de intereses por u$s 12 millones que debía afrontar en agosto.

Buenos Aires todavía no llegó a esa instancia, pero los bonistas ya manifestaron sus inquietudes y amenazaron con adoptar medidas judiciales. En tanto La Rioja y Chaco están en default desde septiembre, tras no cumplir el pago y dejar transcurrir el mes de gracia.

Tierra del Fuego cumplió con un pago de cupón en enero, pero en la negociación busca cambiar la garantía que tienen los títulos, respaldados por las regalías que recibe la provincia austral por la explotación de petróleo en su territorio.

Salta, en tanto, tiene que renegociar u$s 350 millones y está a días de caer en default. El 7 de enero venció un pago de intereses que no abonó y se aproxima la expiración del mes de gracia previsto.

La jurisdicción norteña fue la única cuyo ministro de Hacienda no se reunió en la cumbre funcionarios económicos de las provincias que se encuentran en proceso de reestructuración de sus deudas, donde establecieron ciertos lineamientos en las negociaciones para mostrar homogeneidad ante los bonistas.

De las doce jurisdicciones, cinco ya lograron un acuerdo, algunas habiendo estado previamente un default: Chubut (u$s 650 millones), Neuquén (u$s 700 millones), Río Negro (u$s 300 millones), Mendoza (u$s 530 millones) y Córdoba (u$s 1700 millones).

La primera en arribar a un acuerdo fue la provincia cuyana, en septiembre, y la que más recientemente lo hizo fue la provincia mediterránea, a comienzos de año. El resto acordó entre noviembre y diciembre.