Mientras que el Puente Pueyrredón de Avellaneda estaba cortado por agrupaciones piqueteras que reclamaban más planes y cuatro pantallas de la oficina del Ministerio de Economía transmitían los últimos resultados de la Bolsa de Comercio, Martín Guzmán se reunía ayer al mediodía con el flamante Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta para definir a grandes trazos lo que será la política social en adelante.
En el balance de este primer encuentro de ministros se cerró filas en torno a los pasos a seguir para atender a los sectores vulnerables resumidos en tres ejes centrales: asociar la transferencia de ingresos a la capacitación y al trabajo, reforzar los planes de empleo genuino y descartar de plano la idea de instalar un salario básico universal como pretenden hoy muchos referentes de movimientos sociales, incluidos los alineados al kirchnerismo.
Fue una "reunión de trabajo muy amena", como la definieron a El Cronista allegados a ambos funcionarios y se trató de un encuentro clave para revisar el presupuesto de Desarrollo Social tras la salida de esa cartera de Daniel Arroyo que pasó a ser precandidato a diputado del Frente de Todos.
Guzmán recibió en su amplia oficina del Palacio de Hacienda a Zabaleta, con quien repasó la agenda de Desarrollo Social y "coincidieron en la importancia de la inversión en infraestructura en los barrios populares", expresó un comunicado del Ministerio de Economía tras el encuentro.
En la práctica, esto implicará una mayor inyección de fondos no sólo de Desarrollo Social sino de las carteras de Obras Públicas y de Vivienda para potenciar las obras de urbanización de unas 4.000 villas miseria distribuidas en todo el país.
Además, Guzmán y Zabaleta dialogaron sobre la necesidad de "asociar la transferencia de ingresos a la capacitación y al trabajo y acordaron seguir trabajando juntos de forma articulada en la agenda común".
Según coincidieron en sostener desde la Casa Rosada a El Cronista esta idea implica desplegar la tradición peronista que dice que "gobernar es dar trabajo". Para ello, tanto Guzmán como el ex intendente de Hurlingham tienen previsto reforzar el plan Potenciar Trabajo para eventualmente ampliar el cupo de beneficiarios que hoy es de unas un millón de personas.
Desde este punto de vista tanto el ministro de Economía como su par de Desarrollo Social coincidieron en que hoy no existe margen fiscal en la Argentina para avanzar con la idea de un salario básico universal como pretenden algunos movimientos sociales, incluidos del kirchnerismo.
Luego del encuentro de Guzmán y Zabaleta en la Casa Rosada explicaron que "gobernar no es dar asignaciones universales". Y remarcaron que ambos funcionarios creen que donde hay una necesidad hay un derecho pero también entienden que "hay derecho a encontrar las mejores alternativas para que sea viable".
En los borradores de los proyectos de ley que elaboraron los movimientos sociales e incluso comparten algunos dirigentes piqueteros del gobierno se evaluó que el pago de un salario básico universal sea de unos 20.000 pesos mensuales para más de cuatro millones de personas implicaría una inversión del Estado del 2,9% del PBI, lo que constituiría cerca de 700.000 millones de pesos anuales.
Pero esos números son "inviables presupuestariamente" según una posición uniforme de Guzmán y Zabaleta que es compartida por buena parte del gobierno, incluido el presidente Alberto Fernández, quien no cree que sea momento de desplegar un salario básico universal.
Ayer, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca expresó a EldiarioAr una definición tajante en esta línea: "nosotros no tenemos un estudio hecho sobre ingreso universal. De lo que estamos hablando es de la gente en edad de trabajar. Y la pregunta es qué se hace entonces en el mercado de trabajo. Nosotros somos de la idea de que esta economía puede generar más trabajo y mejor trabajo, pero no se puede hacer un día para otro", dijo.
Sin embargo, los piqueteros opositores, los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) e incluso referentes del gobierno como el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y Daniel Menéndez, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y ahora precandidato a diputado por el Frente de Todos, impulsan un proyecto de ley para instaurar el salario básico universal.
