La renuncia de Manuel Adorni, tras las denuncias por corrupción que envuelven al ex Jefe de Gabinete de Javier Milei, sacudió el tablero político y abrió un interrogante en el circulo rojo: la política se movió, ¿pero qué pasa con los sectores asfixiados de la economía? ¿Qué puede aportar la era Diego Santilli?
Para distintos analistas consultados, el diagnóstico es unánime: los cambios de nombres pueden oxigenar el clima político de corto plazo, pero son estériles si no vienen acompañados de un giro en la política orientada a la economía real.
“La salida de Adorni fue el triste final de una odisea; una historia que no debería haber sido nunca tan larga. Estuvimos tres o cuatro meses discutiendo este tema como tapa monotemática de los diarios, y eso significó un tiempo perdido difícil de recuperar en un momento de una reforma tan importante”, advirtió el economista y empresario Gustavo Lazzari.
“El primer error del Gobierno fue dilatar este conflicto durante meses cuando debió resolverse en 48 horas para evitar dañar la confianza, la reputación y la toma de decisiones económicas”, señaló Lazzari, quien aseguró que “esta parálisis política afectó de lleno a las pymes, que hoy enfrentan casi un año de descapitalización, caída del consumo y un grave estrangulamiento financiero”.
Con la salida de Adorni y un escenario político más despejado, para el empresario resulta urgente retomar la agenda de reformas: se necesita corregir el diseño del proyecto de “inocencia fiscal” para incluir y flexibilizar el acceso a las pymes, y activar de forma perentoria un plan de reestructuración de deudas bancarias, provinciales y ante ARCA para salvar a las empresas que “ya no pueden aguantar más”.
En la misma línea, Claudio Caprarulo, director en Analytica señaló que, si bien los cambios de gabinete pueden mejorar transitoriamente las expectativas, el principal desafío y el problema de fondo del Gobierno sigue siendo el mercado interno deprimido. Según indicó, este panorama abre interrogantes entre los inversores sobre el resultado electoral del próximo año. “Los cambios en el gabinete no lo resuelven, pero pueden operar a favor en las expectativas si se acompañan con medidas en otros frentes”, afirmó.
De hecho, uno de los desafíos centrales para el equipo económico que lidera Luis Caputo será que la eventual recuperación de la actividad logre traducirse en empleo de mayor calidad.
En el arranque del año, el mercado laboral mostró una señal de alerta: aun con una economía en expansión, la informalidad alcanzó al 44,2% de los ocupados, el nivel más alto de la serie reciente, destacó Analytica. Además, el informe de la consultora refleja que la mejora del empleo total estuvo explicada puramente por la creación de puestos informales: el empleo formal cayó en 166.800 puestos, mientras que el informal creció en 379.600.
En ese sentido, otra luz de alarma es la falta de liquidez en la calle. Según el informe de C-P Consultora de abril, el crédito real al sector privado cayó un 3,4% este año. Los bancos, ante el aumento de la incobrabilidad, prefieren volcar su liquidez a títulos públicos antes que financiar a un sector privado que enfrenta cierres operativos por falta de fondos.
Ingresos licuados
Por eso, más allá del movimiento político, la verdadera barrera que frena cualquier expectativa de reactivación es el bolsillo. El último reporte de C-P de junio expone que la masa de ingresos formales se encuentra un 9,9% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
Este ajuste ha consolidado un escenario de profunda asimetría. Mientras los asalariados públicos registran un derrumbe histórico de entre el 17% y el 18,8% real frente a noviembre de 2023 (con recortes del 30% en la órbita nacional), los jubilados de la mínima sufren una licuación severa, atados a un bono extraordinario congelado en $70.000 desde marzo de 2024.
Por su parte, los programas sociales experimentaron una caída global del 30%; el salto del 88% real en la AUH contrastó con la “licuación y motosierra” aplicada sobre la Tarjeta Alimentar, el Potenciar y el Progresar.
Con este panorama, la consultora proyectó que cualquier mejora en los ingresos durante el segundo semestre será apenas transitoria, ya que la caída en la recaudación obligará a profundizar el ajuste del gasto para sostener el superávit fiscal.
Alivio externo y debate cambiario
De cara al segundo semestre, la única carta fuerte que retiene el Gobierno para sostener las expectativas no viene de la política interna, sino del frente externo.
El informe de C-P de abril destaca un shock positivo de los Términos del Intercambio (TDI) debido a las subas internacionales en petróleo, oro y litio, lo que inyectará unos u$s 9300 millones extra y elevará el superávit comercial de 2026 por encima de los u$s 19.000 millones.
Para el economista Federico Pastrana, director de C-P Consultora, este escenario brinda tranquilidad cambiaria momentánea. “El incremento del tipo de cambio es lógico y razonable tras la fuerte apreciación nominal previa, la cual era totalmente insostenible con los niveles actuales de inflación”, explicó.
Sin embargo, advirtió que la segunda mitad del año traerá mayor volatilidad por motivos estacionales y por la presión de los abultados vencimientos de deuda de 2027. A esto se suma el riesgo latente de una “enfermedad holandesa”, donde el dólar barato destruya la competitividad de la industria que no exporta recursos naturales.
Del “Súper RIGI” al FMI
El intento del Gobierno por compensar la crisis interna con grandes inversiones externas también genera dudas. Diego Coatz, director de I+D (Industria y Desarrollo), adviertió que el país está “parado en movimiento” y planteó la necesidad de políticas urgentes para las pequeñas y medianas empresas.
A través del informe de I+D, Coatz alertó que el “Súper RIGI” otorga beneficios extraordinarios “sin exigir contraprestaciones claras en empleo, desarrollo de proveedores locales o transferencia tecnológica”, lo que genera el riesgo de consolidar una “fragmentación tributaria” o una “Argentina a tres velocidades” con un esquema de “enclave extractivo”.
Como reflejo de esta encrucijada, el análisis de I+D aportó un dato clave: la producción local de bienes de capital (la fabricación de maquinaria y equipos para la industria) sufrió una caída del 6,8% interanual en mayo, lo que demuestra el riesgo latente sobre el tejido industrial ante la falta de incentivos para la cadena de valor local.
A la par, el informe de C-P de mayo reveló la fuerte preocupación del FMI no solo por la acumulación de reservas (exigiendo sumar u$s 8000 millones este año), sino principalmente por la dinámica política.
El organismo aboga por el “consenso social” ante las medias del Gobierno para evitar malestar y que el Gobierno abandone la disciplina de cara al año electoral 2027.
Agenda urgente
“Espero que el nuevo clima político permita retomar urgentemente la agenda de transformaciones”, señaló Lazzari.
Para el empresario, es prioritario corregir los fallos de diseño del proyecto inicial de “inocencia fiscal” para incluir a las PyMEs de forma más eficiente y flexible. “Tras casi un año con el capital destruido, las empresas sufren un estrangulamiento financiero que frena el consumo y la inversión".
Para revertir esto y salvar a las firmas que ya no aguantan, “es perentorio activar un plan rápido de reestructuración de deudas bancarias, provinciales y ante ARCA”.
En materia de expectativas, Pastrana se mostró más escéptico respecto al reordenamiento del gabinete: “No creo que allane nada”, sentenció.
En cambio, Coatz coincidió en que la salida de Adorni “descomprime” un tema sensible y le permite al Gobierno correr el foco para discutir una agenda de coyuntura.
“Ojalá esto le permita bajar la volatilidad y mejorar los temas financieros, dándole margen para avanzar en los problemas que hoy tiene la economía real, sobre todo las PyMEs", opinó el ex director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“La estabilidad en lo financiero es súper importante, pero se necesita más crecimiento y generar algunas políticas productivas para el país, que hoy está parado en movimiento”, agregó.