El Gobierno presentó oficialmente el ambicioso proyecto de la “Modernización Laboral”, el cual ingresó al Congreso para su debido tratamiento durante las sesiones extraordionarias (con vigencia hasta el 30 de diciembre).
La reforma laboral establece un nuevo marco normativo, específicamente en la modernización de las normativas de trabajo actuales: vacaciones, indemnizaciones (nuevo esquema: Fondo de Asistencia Laboral -FAL-), despidos y la organización de horas laborales (banco de horas), entre otras cuestiones.
En un mensaje publicado este mañana, a través del cual confirmó el envío del proyecto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo hincapié en que la propuesta “representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”.
El texto, elaborado por el Consejo de Mayo, del que participó el propio Adorni, legisladores, gobernadores, empresarios, industriales y representantes sindicales, también añadió un aparatado respecto a una serie de modificaciones impositivas.
En concreto, la iniciativa dispone de una reducción en el impuesto a las Ganancias para empresas, la eliminación de los impuestos internos para automóviles, un “alivio” en la carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector agroindustrial y la baja de las contribuciones patronales.
Reforma laboral: una por una, las modificaciones impositivas que plantea el texto
Si bien el eje del proyecto es la “modernización laboral”, el Gobierno también sumó algunos lineamientos clave para lo que es el tratamiento impositivo.
Impuesto a las Ganancias
Por empezar, el texto propone una reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para empresas.
“Se modifica la escala progresiva aplicable a la renta corporativa, fijándose en los dos (2) últimos tramos de la escala una alícuota del veintisiete por ciento (27 %) y del treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2026, lo que representa una reducción del diez por ciento (10%) en las alícuotas aplicables respecto de los niveles vigentes, fortaleciendo el incentivo a reinvertir utilidades y generando condiciones más competitivas a nivel regional", sostiene el proyecto.
En síntesis, esto implica que la alícuota de Ganancias, que afecta a grandes empresas y/o pequeñas y medianas empresas (pymes), se reduce del 30% al 27%, mientras que el tramo superior baja del 35% al 31,5%.
Sumado a ello, la iniciativa introdujo la exención de Ganancias para los alquileres y la venta de inmuebles.
“Se introducen adecuaciones que permiten eliminar distorsiones y simplificar el tratamiento aplicable a personas humanas, al eximir -desde el 1° de enero de 2026- los resultados de enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles".
Incluso, hay un tratamiento específico para las operaciones vinculadas con valores negociables (sean o no cotizantes en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El objetivo de ello es “impulsar el desarrollo del mercado de capitales y promover la canalización del ahorro hacia la inversión productiva”.
Contribuciones patronales
La reforma laboral apunta, además, a reducir las contribuciones patronales, es decir, las cargas fiscales que pagan los empresarios.
Entonces, lo que se busca es “racionalizar las alícuotas para las contribuciones patronales con destino a los subsistemas de seguridad social, fijándolas en el diecisiete como cuarenta por ciento (17,40%) para empleadores del sector servicios o comercio de mayor escala y en el quince por ciento (15%) para el resto de los empleadores privados, reforzando la competitividad y la progresividad del sistema en función del tamaño y actividad”.
No obstante, el proyecto también menciona la posibilidad de disminuir, “de las contribuciones a cargo del empleador” ya registrado, “la contribución obligatoria al Régimen Nacional del Seguro de Salud al cinco por ciento (5%)”.
Impuestos internos
Otro tema que incluye la Ley de Modernización Laboral es la eliminación de impuestos internos. “El proyecto avanza en la depuración de gravámenes que han demostrado escasa funcionalidad y complejidad operativa, eliminando aquellos que afectan la competitividad, la eficiencia administrativa y el desarrollo de sectores dinámicos”, precisa la normativa.
En ese sentido, el Ejecutivo propone suprimir dichos impuestos “que gravan los rubros seguros, objetos suntuarios, vehículos automotores y motores, embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves y otros bienes alcanzados”.
Además, la iniciativa busca reorganizar “el esquema vinculado a la actividad audiovisual, eliminando las cargas sobre espectáculos cinematográficos y videogramas”.
Lo que quiere la administración del presidente Javier Milei es, con estas propuestas, mantenerse en la senda de la simplificación y ordenamiento normativo. Esto incluye la eliminación de distorsiones, la depuración de afectaciones, la unificación de criterios, la dotación de neutralidad al sistema, la simplificación y reducción de costos de cumplimiento.
“Este proceso se guía por un principio innegociable: resguardar el equilibrio fiscal que tanto esfuerzo demandó alcanzar”, remarcaron.
Exención del IVA para el campo
Con el objetivo de “recuperar competitividad sistémica”, el Gobierno pretende aprobar “un tratamiento específico en el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.
Lo cierto es que, según se lee en el proyecto, la medida se destinaría únicamente “para la energía eléctrica aplicada a sistemas de riego del sector agroindustrial”, dado que -en este caso- lo que se busca es aliviar costos e impulsar la adopción de tecnología eficiente.
