En línea con lo anunciado este martes, el Gobierno nacional finalmente oficializó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Ahora, sus funciones pasarán a depender de forma directa del Ministerio de Salud. La decisión se formalizó a través del Decreto 942/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La misma normativa prorroga también la emergencia sanitaria nacional, que había sido declarada en 2023 y vencía a fines de 2025, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La decisión se apoya en los resultados de las auditorías de la ANDIS que comenzaron con la intervención del organismo en agosto de 2025. De acuerdo con el Gobierno, las investigaciones detectaron irregularidades administrativas, fallas en los controles internos y problemas en la gestión de pensiones y servicios destinados a personas con discapacidad.
Con esta reorganización, la política pública en materia de discapacidad deja de estar en manos de un organismo descentralizado y pasa a depender de la estructura central del Estado.
Qué establece la disolución de la ANDIS y cuál es el nuevo esquema
La norma dispone la eliminación formal de la ANDIS mediante la derogación de los artículos 1°, 2° y 3° del decreto que creó el organismo en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.
El nuevo decreto establece entonces que las políticas públicas en materia de discapacidad ahora pasarán a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que se incorpora al organigrama del Ministerio de Salud como nuevo organismo responsable del área y elimina la necesidad del ente descentralizado.
En ese marco, el Ministerio de Salud asumirá la continuidad legal y administrativa del organismo eliminado, mientras que la nueva Secretaría quedará a cargo de la gestión cotidiana de las políticas y prestaciones hasta que se apruebe la nueva estructura organizativa.
Así, la Secretaría Nacional de Discapacidad concentrará las siguientes funciones:
- El diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral.
- El otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez.
- La administración y supervisión de las prestaciones previstas en las leyes vigentes en la materia.
Qué pasa con las pensiones, el personal y las prestaciones en curso
El decreto aclara que la disolución de la ANDIS no implica la suspensión de pensiones ni de prestaciones para ninguno de sus beneficiarios.
Todos los compromisos, contratos y obligaciones del organismo disuelto pasan al Ministerio de Salud, junto con el presupuesto, los bienes y el personal, por lo que no se prevén interrupciones en las prestaciones ni en los trámites en curso.
En el corto plazo, los pagos, coberturas y servicios continúan bajo las mismas condiciones vigentes.
