Roberto Méndez, CEO de Neumen —una de las principales distribuidoras de neumáticos del país—, encendió el debate sobre los precios del sector con una confesión que pocos esperaban escuchar de boca de un empresario y Javier Milei recogió el guante. “Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, nosotros, los empresarios”, dijo Méndez en el programa Ahora Play. Y luego, remató: “Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. Las palabras no son menores. El empresario está describiendo un período en el que la política de sustitución de importaciones —impulsada con fuerza durante las gestiones kirchneristas y continuada en parte por el macrismo— funcionó, según su propio relato, como un paraguas bajo el cual la industria local fijó precios sin competencia real. Los márgenes brutos llegaron al 60 o 70%, según admitió el propio Méndez, cuando hoy el Gobierno de Javier Milei apunta a normalizar esa rentabilidad en torno al 20%. Las declaraciones del CEO de Neumen no tardaron en llegar a la Casa Rosada. El presidente Milei reposteó el fragmento en su cuenta de X con un mensaje directo: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se hizo eco de la polémica. Desde el oficialismo, las palabras de Méndez fueron leídas como una validación del rumbo desregulador del Gobierno: si el proteccionismo sirvió para que unos pocos ganaran fortunas a costa del consumidor, la apertura importadora aparece como la contracara lógica. En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había anticipado que buscaría establecer parámetros de rentabilidad razonable para distintos sectores. Méndez lo respaldó: “Veo bien cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%”. Para entender la magnitud del problema, hay que mirar los números. Según datos del sector, un neumático para auto mediano de marca reconocida puede costar hoy entre $ 80.000 y $ 150.000 en el mercado argentino, dependiendo de la medida y el punto de venta. En países limítrofes con acceso irrestricto a importaciones, el mismo producto puede conseguirse un 30 o 40% más barato. Durante los años de cepo importador —especialmente entre 2011 y 2015, y nuevamente entre 2019 y 2023—, la escasez de neumáticos importados fue un problema concreto para los consumidores. Los fabricantes y distribuidores locales operaban prácticamente sin competencia externa, lo que habilitó exactamente el escenario que Méndez describió. El mercado argentino de neumáticos mueve cerca de 15 millones de unidades por año entre autos, camiones y motos, según estimaciones de la Cámara del Neumático. Es un negocio enorme, y los márgenes que ahora se reconocen públicamente explican por qué algunas empresas del sector registraron ganancias extraordinarias en esos años. Las declaraciones de Méndez llegaron en el peor momento posible para la industria: en plena crisis por el cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. La empresa —controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla— despidió a más de 900 trabajadores mediante un comunicado pegado en la puerta de la fábrica, sin negociación previa ni aviso formal al sindicato. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó de plano el cierre y exigió la reapertura inmediata de la planta junto con la presentación de un plan productivo que garantice los puestos de trabajo. La Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación que terminó sin acuerdo, y fijó una nueva instancia para el miércoles 4 de marzo. La conciliación obligatoria —por 15 días— ordena retrotraer la situación al momento previo al conflicto mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, desde Fate ratificaron que la continuidad operativa “no resulta viable en las condiciones actuales”, en alusión directa a la apertura importadora que volvió menos competitiva a la producción local. Aquí aparece la tensión central del debate: si los empresarios del neumático ganaron fortunas durante el proteccionismo, ¿quién debe hacerse cargo del costo de la transición hacia un mercado más abierto? Para el Gobierno, la respuesta es clara: el sector privado. Para los trabajadores de Fate, en cambio, la factura la están pagando ellos.
