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Tras aprobar un aumento extra del 7,2% a jubilados, la extensión de la moratoria, el aumento del bono a titulares de la mínima de $ 70.000 a $ 110.000, entre otras cuestiones, este miércoles la Cámara de Diputados también dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Tras más de una hora de debate, un total de 143 legisladores dieron su voto afirmativo a la iniciativa, contra otros 71 negativos y 3 abstenciones.
El proyecto, que de aprobarse por el Senado tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Qué implica la emergencia por discapacidad
Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer "demagogia" con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también vetará la iniciativa, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.
El dictamen de mayoría, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, propone reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $ 213.000) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.
Sin embargo, aclara que el Poder Ejecutivo podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.
Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. En este caso, el conjunto de prestadores -hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas- fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
El proyecto prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado.
Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema central: que las personas con discapacidad se queden sin asistencia profesional por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad
Otro punto a destacar es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad.
Se agrega el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
