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El oficialismo consiguió este martes quedarse con el dictamen de mayoría en el marco del debate sobre las decenas de proyectos presentados para abordar el problema de la morosidad en las familias argentinas.
Tras el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia, se firmaron tres dictámenes en total con posibles soluciones para los más de 6 millones de personas que se encuentran con deudas en mora.
El oficialismo, con PRO y UCR, consiguió el de mayoría con 32 firmas, dos de ellas en disidencia. El peronismo se quedó con el de minoría con 27 firmas, a las que no se sumó la de Ignacio García Aresca por su ausencia, y los misioneros firmaron uno propio con dos rúbricas.
El tema podría llegar al recinto el 7 de octubre, aunque la fecha depende menos de la morosidad que del interés por la emergencia en discapacidad, el expediente con mayor convocatoria y el que puede abrir la sesión.
Qué dicen los textos
El dictamen oficialista, articulado por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici y el titular de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, hace eje en la prevención: advertencias y educación financiera, sin topes a las tasas ni refinanciación obligatoria para quienes ya están en mora.
Giudici defendió ese enfoque con críticas duras a la alternativa. “Son formulaciones del pasado”, sostuvo, y equiparó los topes a las tasas y las condonaciones de punitorios con lo ocurrido con la ley de alquileres: “Nos retrotraen a ese punto”. Según la diputada, “no aprendieron lo suficiente” y están “poniendo topes ficticios” que “quiebran la posibilidad de oportunidades a la gente”.
La legisladora planteó el debate como una disyuntiva de fondo: “Queremos o no queremos resolver el acceso al crédito”. Acusó a la oposición de que “no piensan, es más fácil el discurso populista” y de aprovechar que “es más fácil torcer el rumbo en un recinto con mayoría circunstancial”.
Y sumó una advertencia: “No entienden lo que significa una economía fuerte y vigorosa. No toquen el sistema, lo que tocan lo rompen”. Como contraejemplo, remarcó que en la provincia de Buenos Aires “no se tomó ninguna decisión de este tipo en su banca pública”. Frente al riesgo de “romper el sistema financiero” con “una política de condonaciones o de costo cero”, dijo que el oficialismo va a “seguir conversando con los que piensan como nosotros”.
El dictamen de minoría del peronismo, que condensa cerca de 50 proyectos, va en la dirección contraria. Declara la emergencia por sobreendeudamiento por 180 días y crea un régimen de acogimiento voluntario para el deudor y obligatorio para el acreedor. Entre sus condiciones mínimas figuran la condonación del 100% de los intereses punitorios, cuotas que no superen el 30% de los ingresos, un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia y una tasa tope equivalente a la TAMAR de bancos privados más 25 puntos porcentuales. Alcanza a deudas de consumo de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, verificadas al 31 de agosto de 2026, y deja afuera a personas jurídicas, personas expuestas políticamente y a quienes tengan bienes suntuarios o hayan comprado moneda extranjera en el período de la deuda. También suspende ejecuciones, embargos y nuevos reportes negativos mientras dure el trámite.
“No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”, sostuvo el diputado Pablo Juliano para defender el proyecto.
El texto no se limita a las deudas en mora. Fija topes a los intereses de tarjetas de crédito y préstamos personales (TAMAR más 25 puntos hasta dos canastas y más 50 puntos sobre el excedente), limita los punitorios a un 50% por encima del compensatorio y repone artículos de la ley de tarjetas de crédito eliminados por el DNU 70/2023. Además crea un derecho de portabilidad financiera, endurece las reglas contra el hostigamiento en la cobranza y obliga a las billeteras y proveedores no financieros con más de un millón de cuentas a pedir autorización para operar como bancos en 180 días.
El Banco Central sería la autoridad de aplicación para las entidades reguladas y Defensa del Consumidor para el resto. Los fundamentos citan una mora en tarjetas de 14,5% en mayo de 2026, frente a 2,8% en marzo de 2025.
El tercer texto, de Argentina Federal, lleva las firmas de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega. Crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal que unifica las deudas en una sola operación con cuotas a tasa fija de hasta 35%, para personas con ingresos fijos de hasta diez salarios mínimos, y prohíbe a emisoras de tarjetas y entidades no bancarias cobrar una tasa nominal superior a 1,5 veces la de los plazos fijos a 30 días.
En el recinto la ecuación es más ajustada. El oficialismo tiene la mayoría asegurada en las comisiones por la forma en que están integradas, pero la oposición apuesta a que su texto sume más apoyos en el recinto. Para ello, primero debería voltear el texto del oficialismo para poder dar luego lugar al debate del proyecto propio.
Por eso el 7 de octubre es la fecha a seguir: si el oficialismo no cede en el fondo, la discusión pasará de qué firmas se juntaron en comisión a quién cuenta con los votos para imponer su versión.
