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Diputados volvió a demorar hoy la firma del dictamen del proyecto que modifica la ley de Compre Argentino sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. El oficialismo tenía previsto dejarlo listo hoy para llevarlo al recinto pero anunció que se pasará a la firma la semana que viene y que recibirá una modificación clave: no alcanzará al PAMI. Esta era una de las principales "novedades" del texto. Juntos por el Cambio, más allá de la modificación de último, presentará un dictamen de rechazo a la iniciativa que, según el Gobierno, podría ahorrar u$s 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros.
El oficialismo sumó casi una veintena de expositores al plenario convocado para hoy las 13 a último momento. Y la duda, hasta la previa del debate, era si el Frente de Todos sumaría las firmas suficientes para que el texto pueda ser llevado al recinto.
Es que, Juntos por el Cambio ya había anticipado su rechazo a la propuesta, que busca modificar la ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. A grandes rasgos, plantean que "no hace falta" una nueva ley.
Apenas se puso en marcha el debate, el presidente de la comisión de Industria, Marcelo Casaretto, anunció: "La decisión de nuestro bloque es excluir del proyecto de ley al PAMI".
De esta manera, quedó afuera uno de los ejes centrales de la iniciativa, y que venía siendo fuertemente cuestionado por la oposición, que consideraba al texto como un "traje a medida" para los proveedores de esa obra social. Asimismo, el entrerriano dio a conocer que se pasaría a un cuarto intermedio, para emitir dictamen "el martes de la semana que viene ".
El objetivo del oficialismo era, hasta minutos antes del debate, dictaminar el proyecto que habilita elegir como proveedora a una empresa nacional pese a que sus precios se excedan a las propuestas extranjeras, dentro de cierto margen.
La iniciativa, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado, ampliaba el alcance de la ley sancionada durante el gobierno de Cambiemos al PAMI, para abastecer con firmas locales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Según había detallado Casaretto en comisión días atrás, desde la obra social le habían informado que ya compran el 60% de los remedios de laboratorios nacionales y el 40% a extranjeros.
Esta tarde, se conoció que esa arista sería excluida del proyecto. "Es decisión nuestra, del Frente de Todos, en consulta con el Poder Ejecutivo", dijeron desde la bancada oficialista. Es que, esta modificación no alcanzará para sumar los votos de Juntos por el Cambio, que rechaza otros puntos del texto.
En números
El proyecto que modifica la ley de Compre Argentino eleva las preferencias de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales del 15% al 20%, mientras que las demás pasan del 8% al 15%.
Asimismo, el proyecto impulsado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, establece que las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales.
Por otra parte, el texto establece un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.
De acuerdo a los datos que difundieron desde el Gobierno, se prevé que el 65% de los proveedores del Estado son compañías privadas nacionales. De ellas, el 97% son mipymes.
Rechazo
El dictamen de rechazo al proyecto, argumentó el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, se apoya en que "no está elaborado en base a evidencia ni se ha justificado el porqué de su reforma, en un proyecto que dispone mayores gastos para el Estado en el proceso de contratación pública".
Para el puntano, "el objeto primario de la contratación pública es un desempeño eficiente por parte de la administración en la gestión del gasto, procurando contratar a precios razonables y obtener resultados competitivos".
Dicho esto, añadió: "Si se persiguen objetivos secundarios, debe ser bajo un claro plan y estrategia, sopesando el costo-oportunidad de pagar más en la contratación públicas para alcanzar esos objetivos -en este caso el promover el crecimiento de las empresas y sector productivo nacional, crear empleos, entre otros que plantea el proyecto-, y una clara metodología de evaluación de impacto para cuantificar la eficacia del régimen de contrataciones en alcanzar esos objetivos".
"En el contexto económico y financiero actual, dada las graves restricciones presupuestarias del Estado, aumentar aún más el costo de las licitaciones para el Estado, implica solamente más gasto público sin garantías que aseguren un resultado favorable sobre los objetivos que se plantea, sin variables o criterios para medir el impacto de esta reforma", remató Cacace.
"Ustedes que todo el tiempo están diciendo que las grandes empresas han sido las beneficiarias, que en la pandemia se han llenado de dinero, que el problema de la inflación es la concentración oligopólica de las grandes empresas alimentarias, ¿y le van a seguir pagando un sobreprecio? ¿Por qué? Explíquenlo", había dicho la diputada del PRO Silvia Lospennato en el último debate de comisión.
Traje a medida del PAMI
Asimismo, desde la coalición opositora vienen cuestionando, tal como lo hizo el referente del PRO Luciano Laspina desde su cuenta de Twitter, que la ley "es un traje a medida" para algunos proveedores de PAMI. "Los mismos que se entremezclaron en el negocio de las vacunas", aseguró el diputado.
Algo similar planteó el también economista Martín Tetaz en el último plenario de comisiones, cuando remarcó que la consecuencia de aprobar esta reforma es "un Estado más caro". Y planteó: "¿Acaso preferimos un Gobierno de científicos o de lobby?" y agregó: "Este proyecto está dirigido a grandes laboratorios. El PAMI va a comprar entre un 15 o 20% más caros".
