El funcionario le explicaba al intendente cómo funcionaba el organismo al que lo había invitado, en un intento por abrir diálogo y despejar prejuicios sobre la locación. El jefe comunal escuchaba en silencio, asentía y dejaba correr la exposición, más allá de las diferencias partidarias que los separaban.
Todo parecía marchar sin sobresaltos hasta que, al final de la extensa disertación, el experimentado intendente del Conurbano soltó su única inquietud: “¿Con cuántos camiones trabajan acá?” El funcionario buscó una cifra aproximada. “Ah”, respondió el intendente. “¿Y me podrás regalar uno…?”
El pedido no prosperó. Tampoco otro, aún más inesperado: un burro que circunstancialmente se encontraba en el predio y también le llamó la atención. “No puedo darte el burro, ¿cómo hacemos, lo cargamos en el auto?”, le reprochó el funcionario, sin certeza de si la escena era un chiste. Finalmente, el intendente se conformó con llevarse un cuadro.
“Quería llevarse algo, a como dé lugar. Y en el fondo lo entiendo, porque muchos intendentes no tienen un mango, no tienen recursos y tratan de sacar lo que pueden de donde pueden —recordó después uno de los protagonistas—. Con algunos gobernadores sucede algo igual, a otra escala.” La anécdota resume una lógica de intercambio político que, según coinciden en la Rosada, sigue vigente.
El Gobierno oficializó el viernes el llamado a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Como en veranos anteriores, el período podría extenderse. En la primera lista de seis proyectos, la prioridad está marcada por dos piezas centrales: el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, que la Casa Rosada aspira a convertir en ley antes de ingresar al calendario legislativo del próximo año.
Junto a ellos aparecen dos iniciativas consideradas “de trámite”: la Ley de Inocencia Fiscal y la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Y el compromiso de déficit cero, que forma parte del proyecto de Presupuesto. Por su parte, el nuevo Código Penal avanza en un circuito paralelo, con la expectativa de un tratamiento en espejo entre ambas cámaras ya en 2026.
“Es la agenda de Patricia (Bullrich) y una bandera de este Gobierno, que se basó en el orden en las calles y el control de la inflación. Pero la prioridad está focalizada en apuntalar las condiciones económicas para que el crecimiento de la Argentina se siente en la micro”, señaló a este medio un alto funcionario de Casa Rosada.
La preocupación por las PyMEs atraviesa la mesa chica presidencial. Milei asegura a sus colaboradores que las reformas macro que consolidarán el Presupuesto 2026 y las leyes desembocarán en una mejora visible para los sectores productivos durante el año próximo. La incógnita es cuándo: “¿Cuánto más puede aguantar y confiar la gente?”, se preguntan por lo bajo en la Rosada. “No es lo mismo que suceda en marzo o en diciembre”, añaden.
El jueves empezó a circular una nueva versión del proyecto de Reforma Laboral, horas después de una reunión entre Bullrich, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Martín Menem. Aunque no está confirmado que sea el articulado final, en los pasillos del Gobierno admiten que existe un diálogo informal y sostenido con tres dirigentes de peso dentro de la CGT: Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingieri (Obras Sanitarias).
“El Consejo de Seguridad”, bromea un funcionario del ala pragmática, en referencia al poder de veto detrás del nuevo triunvirato de la central, integrado por Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros). “No leí lo que está circulando, pero hasta donde sabía no se están tocando temas sensibles para ellos como el financiamiento. Se ponen diez puntos para sacar dos”, explicó otro interlocutor del Ejecutivo.
En público, los referentes sindicales buscan marcar diferencias y remarcar que no convalidarán una modernización sin discutir. En privado, el límite de la CGT está puesto en los convenios colectivos, el financiamiento y el derecho a huelga. Reconocen, sin embargo, que todo lo referido al derecho individual —vacaciones, banco de horas, licencias— podría tener acuerdo, siempre dentro del marco de negociación de cada convenio.
La interlocución sindical evita al bloque peronista tradicional y se canaliza, en cambio, por algunos gobernadores de fuerzas provinciales, por Provincia Unidas y hasta podrían acercarse a Coherencia, el grupo de libertarios que rompió con el oficialismo violeta. Más allá del caso puntual de Sergio Palazzo, no hay vasos comunicantes sólidos con Fuerza Patria, ni un consenso para presentar un proyecto alternativo unificado.
Si la reforma laboral ingresara primero al Senado, este conglomerado de fuerzas representa aproximadamente una quinta parte del cuerpo. Pero su peso está condicionado por las negociaciones que cada gobernador mantiene con la Rosada. Y por un mensaje que Bullrich dejó en claro: lo que se acuerde en la Cámara alta quedará “tallado en piedra”, sin posibilidad de ser desarmado en Diputados, si el Gobierno logra imponer su hoja de ruta.
En paralelo, el nuevo ministro del Interior avanza con su ronda de encuentros con los jefes provinciales. La instrucción de Milei a Diego Santilli fue precisa: asegurar los votos para las leyes clave. Santilli conoce sus líneas rojas, más allá del déficit cero —el control de los ATN, vetado ya por el Ejecutivo, no se negocia— y cuenta con un nivel alto de respaldo interno, incluido el de Federico Sturzenegger, que admitió que no todas sus aspiraciones desregulatorias podrán materializarse. No es un dato menor.
Tal como expuso Alejandro Cacace en el Encuentro de Líderes de El Cronista, la “motosierra normativa” continuará en 2026, avanzando sobre leyes, decretos y resoluciones en desuso. El borrador de reforma laboral contempla la eliminación de más de 20 normas vinculadas a estatutos y profesiones matriculadas. También deroga el régimen legal del contrato de Teletrabajo, entre otros cambios disimulados.
Para ordenar el vínculo con las provincias, Santilli copia el modelo que ya utilizó cuando estuvo en Seguridad y opera con un panel de control que unifica todos los pedidos y compromisos. Busca evitar la multiplicación de ventanillas: hoy solo existe una terminal para gobernadores, y desde Interior articula con Bullrich y Menem en el Congreso.
En la Rosada repiten que los gobernadores valen según el peso de sus bancas. Algunos aliados de la primera hora quedaron con representación mínima o nula, y esa correlación define el orden de prioridades. Aun así, el Gobierno confía en obtener los votos —o las ausencias— de mandatarios peronistas que cuestionan la reforma laboral por las formas, más que por el contenido.
“Santilli es un negociador nato. Francos también lo era, pero actuaba como líbero. Con Diego está claro cuál es su alineamiento y que no llegó para meterse en internas: va en la dirección que le piden. Y sin renunciar a su identidad”, describe un funcionario libertario que observa su gestión de cerca.
En el proceso se termina de consolidar el equipo del Ministerio del Interior, que podría sumar algunas figuras más del PRO e incluso algún nombre de peso, como gesto hacia el sector amarillo. Todo ya conversado con “El Jefe”, Karina Milei, a la espera de su traducción normativa y administrativa.
En la Rosada circula una broma para graficar la fusión entre el violeta y el amarillo en Santilli: “Es como la camiseta de los Lakers. A veces es más amarillo, otras más violeta. Pero arriba les conviene que Diego se mantenga así, para tener mayor margen para negociar.”
