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Desde su puesta en marcha en agosto de 2024, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya marca la agenda de las inversiones locales, con proyectos que suman más de u$s 31.000 millones en sectores como petróleo, minería y energía renovable. Sin embargo, el impacto neto del esquema sobre la economía continúa siendo objeto de debate.
En ese marco, analistas advirtieron por las implicancias de otorgar estabilidad regulatoria a largo plazo, una postura que reduce el margen de acción de futuros gobiernos en materia ambiental, laboral o fiscal.
Otro factor de alerta tiene que ver con el limitado desarrollo de proveedores locales sumado a una falta de integración con la industria nacional. Esta tensión eleva el riesgo de consolidar un modelo con pocos beneficios concretos para la industria y el empleo.
Estas son algunas de las inquietudes que plantea un reciente informe realizado por Qualy Consultora, que identificó cuatro problemas de fondo que el régimen implementado por el Gobierno no resuelve.
El mapa del RIGI: radiografía de las inversiones y proyectos aprobados
El reporte indica que, hasta el momento, el RIGI cuenta con 17 proyectos aprobados por un total de u$s 31.192 millones, mientras que otros 25 permanecen bajo análisis. Los sectores beneficiados incluyen litio, cobre, oro, petróleo, gas, siderurgia y energía renovable.
Entre las inversiones que más destacan, se encuentran iniciativas de gran escala como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el emprendimiento de cobre Los Azules, el desarrollo de litio Rincón y la planta flotante de licuefacción FLNG, todos con inversiones superiores a los u$s 2000 millones.
Impacto en las exportaciones y en el mercado laboral
El principal beneficio del régimen se observa en las exportaciones, donde se proyectan que entre 2027 y 2030 los proyectos podrían generar u$s 13.000 millones adicionales. Una vez que todos entren al régimen, esta cifra podría elevarse a u$s 35.000 millones por año, un incremento de hasta el 32% respecto del promedio exportado en el período 2021-2025.
En materia laboral, desde Qualy estiman que el RIGI impulsará la creación de 54.984 puestos de trabajo durante la ejecución de las inversiones. Esta cifra equivale al 62% del empleo actual en los sectores de Petróleo y Minería (93.000 plazas). En paralelo, representa el 30% del empleo total perdido en el sector desde el año 2023, que suma más de 188.000 cargos.
Con respecto a la recaudación, la consultora indicó que que el impuesto a las Ganancias bajo el RIGI totalizaría u$s 2969 millones anuales. Si bien existe un costo fiscal de u$s 1.229 millones por la reducción de alícuotas, el efecto neto se considera positivo. Esto asume que, sin el régimen, los proyectos no se habrían realizado y el impuesto no se habría cobrado.
Los cuatro problemas de fondo del RIGI, según Qualy
Pese a todo esto, el estudio también expuso una serie de dudas:
- Una de ellas tiene que ver con la política de “picking winners”, donde el régimen determina qué sectores reciben incentivos impositivos. Esta política contradice el discurso de neutralidad de mercado y podría estar beneficiando a proyectos que se habrían realizado de todos modos, como las extensiones de Vaca Muerta o desarrollos existentes en minería.
- El informe también apunta al efecto “derrame limitado” del régimen hacia la economía nacional. A diferencia de países como Noruega, Canadá, Australia, Chile o Perú, el RIGI prioriza la flexibilización operativa sobre la exigencia de contenido local. Esto impactaría sobre el desarrollo de proveedores locales, que actualmente solo alcanza el 35% de la inversión. “Sin políticas complementarias, persiste el riesgo de una ´economía de enclave´ con mínimos encadenamientos productivos sobre empresas y empleo argentinos“, profundizó.
- Otro de los puntos de cuestionamiento fue las consecuencias de conceder estabilidad regulatoria por tres décadas y la protección mediante arbitraje internacional (ISDS). Según Qualy, estas condiciones reducen la capacidad futura del Estado para legislar en materias ambientales, laborales o fiscales.
- Por último, la firma hizo énfasis en la sostenibilidad del régimen y remarcó que “el verdadero test es la ejecución real de los compromisos; no todos los proyectos anunciados avanzan al mismo ritmo”.