El Ministerio de Defensa firmó este miércoles una resolución administrativa que dejará sin efecto una de las normas emblemáticas impulsadas por la exministra Nilda Garré sobre inteligencia militar. ¿De qué se trata la medida? Según indicaron voces en off a El Cronista, la decisión -que saldrá publicada mañana en el Boletín Oficial- apunta a eliminar una regulación considerada dentro del Gobierno como “anacrónica” y “sin sentido” frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa. Es en este sentido que la medida derogará la Resolución 381/2006, dictada durante la gestión de Garré, que reforzaba las restricciones sobre las tareas de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. Voces cercanas al gobierno nacional sostuvieron que el escenario global cambió de manera drástica en las últimas dos décadas y que hoy las amenazas híbridas, los ciberataques, el terrorismo, el narcotráfico y el espionaje extranjero exigen capacidades de inteligencia más activas. De acuerdo con las fuentes consultadas, el argumento central de la cartera es que la normativa vigente terminó generando limitaciones operativas incluso para tareas defensivas básicas dentro del ámbito militar. “Ningún país moderno renuncia a la contrainteligencia”, señalaron cerca del ministro. La resolución será presentada como parte de una revisión más amplia de la doctrina de defensa y de inteligencia militar impulsada por el Gobierno nacional, que en los últimos meses ya avanzó con cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, especialmente en el control de fronteras y la protección de objetivos estratégicos. La nueva resolución concuerda con la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada por el gobierno nacional, junto a la SIDE. Voces calificadas aseguraron que esta decisión “corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos”. “Ningún país que deba proteger sus capacidades militares escinde las funciones de inteligencia y contrainteligencia”, aseguraron. La medida apuntaría a reorganizar el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), fortalecer la conducción conjunta y mantiene expresamente las prohibiciones legales vigentes respecto de actividades vinculadas a política, sindicatos, organizaciones sociales o actividades lícitas ajenas al ámbito específico de la defensa nacional. Esto surge luego de que Karina Milei ponga al nuevo presidente de la Comisión de Inteligencia en Diputados, Sebastián Pareja será el alfil de los hermanos en el órgano que regula las tareas de esa cartera y desplazó de esta manera a Santiago Caputo. La llamada “doctrina Garré” fue el conjunto de lineamientos impulsados por la entonces ministra de Defensa a partir de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, para profundizar la separación entre defensa nacional y seguridad interior. El enfoque buscó limitar al máximo cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de inteligencia sobre actores internos, luego de los antecedentes de espionaje ilegal y persecución política durante la dictadura y también en democracia. En ese marco, la Resolución 381/2006 ordenó revisar reglamentos y manuales militares vinculados a inteligencia y contrainteligencia, bajo el criterio de adecuarlos estrictamente a la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional. Para el gobierno, la normativa derivó en una doctrina altamente restrictiva respecto de las capacidades de inteligencia militar. Durante aquellos años, desde el peronismo se sostuvo que las Fuerzas Armadas debían concentrarse exclusivamente en hipótesis de conflicto externo y evitar cualquier involucramiento en asuntos internos. La contrainteligencia militar quedó reducida a márgenes muy acotados, especialmente para evitar seguimientos, infiltraciones o recolección de información sobre organizaciones sociales, políticas o actores civiles. Dentro del actual Gobierno consideran que esa concepción quedó desactualizada frente a las nuevas amenazas globales y sostienen que la prohibición terminó debilitando capacidades básicas de autoprotección militar y ciberdefensa. La derogación de la resolución marcará un cambio doctrinario relevante respecto del paradigma que predominó en las últimas dos décadas.