El Gobierno Nacional anunció el congelamiento administrativo de activos presuntamente vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) en la Argentina. La medida fue adoptada a partir de una investigación desarrollada por la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirige Paul Starc.
La decisión se inscribe en los estándares promovidos recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en los últimos años incorporó el combate contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como uno de sus objetivos estratégicos, junto con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
También va en línea con los estándares promovidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, que reconoce que la pretensión de la proliferación de armas tales como nucleares, químicas y biológicas, es una de las prioridades para la seguridad global a través del desarme.
Ya esta semana, mediante la Resolución 3/2026 que se publicó a través del Boletín Oficial este jueves, la UIF dispuso un mecanismo estricto para la detección y reporte inmediato de operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de las ADM dirigida a los sujetos incluidos en el artículo N° 20 de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Entre estos requerimientos, los sujetos obligados deberán informar toda operación relacionada con bienes o activos que puedan estar bajo control de personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y explicitar las circunstancias que indiquen vínculos con programas de desarrollo de armas nucleares, biológicas, químicas o misiles balísticos.
Ahora, la UIF llevó adelante la decisión de suspender los activos, mientras continúan las investigaciones sobre posibles nexos y vínculos con organizaciones delictivas internacionales. “La decisión se tomó a partir de información de inteligencia financiera recibida desde el exterior, que fue analizada y complementada con una investigación local realizada por la UIF”, destacaron.
El Gobierno destacó que la iniciativa constituye un “precedente de relevancia internacional” y la primera acción de estas características aplicada en Latinoamérica, “en estricto cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina ante la comunidad internacional”, según esboza el comunicado de la Oficina del Presidente.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde a una política clara de concentración de recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional.
El objetivo central es preservar la integridad del sistema económico y financiero, evitando que sea utilizado como herramienta para el desarrollo o consolidación de estructuras criminales.
“La normativa se apoya en compromisos asumidos por el país en el marco de las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se detectan riesgos para la paz y la seguridad internacionales. En esos casos, los Estados miembros están obligados a cumplir las resoluciones del Consejo, entre ellas las que ordenan medidas financieras para impedir que se sigan financiando actividades vinculadas a armas de destrucción masiva”, agregaron desde el organismo.
A su vez, el comunicado de Presidencia sostiene que con esta medida “el Presidente Javier G. Milei reafirma su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional, y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales.
