El Gobierno prepara un paquete de medidas que incluye la reforma de la Ley de Semillas. Desde el sector esperan la medida para alcanzar a los principales competidores del agro en la región, especialmente de cara al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ya que aducen que les permitiría aumentar en al menos un 30% la productividad por hectárea de los principales granos. El campo elaboró su propia propuesta para modificar la Ley de Semillas, recuperar la innovación y trabajar en la adhesión de UPOV-91. La norma de Estados Unidos regula la propiedad intelectual sobre los alimentos vegetales. Solo la adhesión implicaría un cambio radical a cómo se comercian las semillas en el país, aunque no reúne el consenso de todas las entidades agrarias que integran la Mesa de Enlace, como si lo hace la reforma de la Ley. Los cambios fundamentales incluidos en la propuesta de reforma de la Ley de Semillas impulsada por las principales entidades agrarias se concentraron en el artículo 27 de la ley, aunque proponen cambios estructurales. El objetivo es recuperar en Argentina la innovación en las semillas a través de la restricción de lo que se conoce como “uso propio”, que permite al productor reutilizar las semillas de la campaña anterior sin pagar al desarrollador de la semilla. Según argumentan desde el sector, la innovación permitirá recuperar el rinde por hectárea para alcanzar a competidores como Brasil, Uruguay o Paraguay. La diferencia en productividad también juega un rol clave de cara al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Las cuotas asignadas en productos del agro a los países del Mercosur se distribuyen según capacidad de cumplir con la misma. El aumento de la capacidad productiva de Brasil en cereales pero también en carne hace que entre en disputa la parte correspondiente a Argentina, el otro gran productor regional. Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario estimaba que mientras que los rindes promedios de soja en Brasil crecieron 24% en los últimos 20 años, los de Argentina se han mantenido relativamente estancados. Esto implica que cada hectárea argentina produjo 2,71 toneladas de soja, mientras que en Brasil produjo casi 4 toneladas en las últimas campañas. Este diferencial no solo afecta a los principales granos y de hecho es mayor en casos como el algodón. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, había planteado que, en ese cultivo, que no tiene retenciones, el rinde fue de la mitad que en el caso de Brasil, produciendo 700 kilos de fibra por hectárea contra los 1500 que produjo el país vecino. Esta diferencia de productividad se atribuye a la falta de innovación en el segmento de semillas. La propuesta del agro fundamentalmente restringe el carácter de uso propio de las semillas y limita su gratuidad. Los límites son de hasta tres multiplicaciones sucesivas desde la compra original, su multiplicación deberá ser parcialmente pagada al creador de la semilla al momento de la compra original y si se siembra una superficie mayor a la original, se deberá pagar un canon por hectárea. La norma plantea una protección para pequeños productores, permitiendo la reproducción gratuita en los que siempre hasta 500 hectáreas por campaña, pero deberá pagar la retribución si supera ese límite. Además, declara nula cualquier posibilidad de que el productor pague regalías adicionales de la patente a la pagada originalmente. Para darle esta titularidad al fabricante de la semilla, la ley unifica el producto (la semilla) con la tecnología aplicada. La reforma se esperaba al menos desde la apertura de sesiones ordinarias, cuando el presidente Javier Milei habló de llevar la producción a 300 millones de toneladas, siendo que el sector produce como máximo 135 millones de toneladas de granos. Para alcanzar ese potencial, explican, debe darse la reforma de la ley. La reforma plantea un desafío ya que el mercado de las semillas es en un 90% informal. Una de las resistencias que presentaba la reforma de la ley responde a que no se observa un beneficio directo en un principio, en particular sobre productores que reclaman rebajas impositivas. Los reclamos exceden el de las retenciones y apuntan a otros tributos con destino a obras como rutas u obras hídricas para evitar inundaciones. El reclamo está asentado en que cuando llueve los caminos rurales se vuelven intransitables y se demora o daña gravemente la cosecha, lo cual implica pérdidas financieras significativas para el productor. Lo cierto es que, si bien proyectan un aumento en la productividad por hectárea en el caso de avanzarse en la innovación, implicaría un mayor costo en la producción. Desde el sector aseguran que en Brasil se pagan por la tecnología involucrada en el desarrollo entre 2 y 3 dólares por tonelada producida. Este escenario, plantean desde el sector, también retrasó la innovación en su conjunto. Una de las grandes productoras de semillas originaria de Argentina, Don Mario, mudó su casa central a Brasil para avanzar allí con el mejoramiento de la soja. En paralelo, también se perjudica a un jugador estatal, el INTA, que colabora tecnológicamente con muchas compañías, pero no pueden avanzar en el lanzamiento y patentamiento de las mismas porque son rápidamente reproducidas, sin el pago de la inversión tecnológica.