Tensión

Con duras críticas, el Gobierno rechazó girarle más fondos a la Corte y pidió una "buena administración" del dinero

A través de una nota, el jefe de Gabinete Agustín Rossi confrontó al Poder Judicial por el uso de su presupuesto y el otorgamiento de aumentos a sus empleados.

En otro capítulo de tensión entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJN), el jefe de Gabinete Agustín Rossi rechazó otorgarle más fondos del Tesoro Nacional al máximo tribunal del país.

En una nota enviada desde la Jefatura de Gabinete a la Corte, Rossi negó el pedido de fondos para el pago de los aumentos salariales, dado que considera que esta suba se puede cubrir con el actual presupuesto del Poder Judicial.

Días atrás, la Corte le envió a Rossi una nota "urgente" reiterando un pedido de modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un 6,5% de incremento salarial acordado para los trabajadores judiciales. Un monto retroactivo al 1º de julio para todas las categorías del Poder Judicial.

En su respuesta, el también candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) explicó que, tal como manifestó en una nota anterior enviada a fines de mayo, "la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles".

Así, le solicitó a la Justicia que cubra las subas correspondientes con su propio presupuesto dado que -tal como detalla Rossi- este se encuentra en superávit: "El Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de $ 426.095 millones, mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de $ 370.708 millones, dando como resultado un superávit de $ 55.387 millones".

Rossi solicitó que "cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles".

Además, el también candidato a vicepresidente por la fórmula oficialista de Unión por la Patria aseveró que, para el cierre del año, "se proyecta un excedente de recursos propios [del Poder Judicial] de $ 24.000 millones aproximadamente".

A raíz del cálculo de este excedente, Rossi sí autorizó el uso de ese dinero en superávit del Poder Judicial para destrabar los aumentos salariales pendientes que están generando paros y manifestaciones entre los trabajadores del sector.

 "Respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del Poder Judicial", dispuso el también candidato.

Pese a aceptar esto, la carta de Rossi fue crítica sobre la gestión de recursos de la Corte: "La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente".

 El jefe de Gabinete recordó también que el Poder Ejecutivo "ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial" con créditos para gastos en personal por 10.000 millones de pesos.

Así, a través de la nota de Rossi, se habilitaron fondos del propio presupuesto judicial y no del Tesoro para el pago de estos aumentos salariales. 

"Es importante recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles", remarca el escrito del funcionario para cerrar.

Este se trata de un capítulo más de la tensionada relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, conflicto que tuvo su pico máximo cuando el presidente Alberto Fernández solicitó iniciar un proceso de juicio político contra los integrantes del Máximo Tribunal -el cual ya tuvo sus primeros pasos en comisiones hace unos meses- y, de forma más reciente, el ordenamiento de la Corte a la jueza Ana María Figueroa, responsable de definir el destino de Cristina Kirchner en las causa Hotesur y Los Sauces, para que cese sus funciones por la edad.

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