Cambios en el Registro Automotor: cómo es el proyecto de Juntos por el Cambio

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, y la diputada radical Jimena Latorre presentaron un proyectoen ambas cámaras que busca establecer un "Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas" más eficiente, transparente y menos costoso para los usuarios. 

El objetivo de la iniciativa es reestructurar el régimen actual, que tiene más de 60 años de vigencia, por medio de la modernización del sistema incluyendo tecnologías que permitan simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites. 

De esta manera, los referentes de JxC buscan que se brinde un servicio eficaz a los contribuyentes y de esa manera lograr un mayor control y transparencia sobre los procesos que forman parte de la actividad de los registros de la propiedad del automotor.

Puntos salientes

Según fundamentaron los impulsores del proyecto, la digitalización y virtualización completa del proceso de registración disminuirá los costos operativos y lo que se traducirá menores tasas para los usuarios. 

Es que, en este sentido, el proyecto impulsa la creación de una Plataforma Única Registral del Automotor- PURA- donde se generarán los documentos y expedientes electrónicos. 

"La virtualización facilitará la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información, se reducirán los plazos en las tramitaciones y se mejorará el seguimiento público de cada expediente", explicaron los autores de la iniciativa.

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Según detallaron, en la Argentina existen más de 1500 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

La propuesta es cambiar ese esquema transfiriendo a las jurisdicciones provinciales, las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros a través de la Plataforma PURA, que funcionarán en forma conjunta con los Registros de la Propiedad Inmueble. 

"Esto se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada", explicaron los impulsores del proyecto. 

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Al mismo tiempo, dejaron en claro que "no debe afectarse la continuidad del servicio registral ya que también implicaría una afectación al tráfico mercantil y la seguridad jurídica, por tanto, el esquema propuesto prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la transformación hacia un sistema más eficiente".

Por otro lado, los legisladores de Juntos por el Cambio apuntaron a la figura de los encargados de registro. "Estos encargados perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales, etc.)" y destacaron: "Es un sistema atípico que ha generado una larga controversia sobre el estatus jurídico de esos encargados, sus funciones y los aranceles que reciben".

En este sentido, la iniciativa presentada en las últimas horas apunta a "traer claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que se encuentra delegado". 

"La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo", sentenciaron.

Por otra parte, del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros sólo el 40% es para el Estado. En tanto, la iniciativa modifica el modo de recaudación para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público, y que será del 1% del valor que arroje la operación.

Los fundamentos

"Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema", explicó Cornejo.

Asimismo, el mendocino consideró: "Si los encargados de Registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; si no, dejarán los registros".

"En nuestro país el servicio registral es un servicio público de gestión privada; una gestión privada que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo, a lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios", consideró Latorre. 

Al mismo tiempo, la diputada nacional planteó que "debe ser política de Estado incorporar todas las herramientas que posibilita la tecnología para que la gestión esté al servicio de la ciudadanía y no al revés; terminar de una vez por todas con las ‘cajas' que reparte la política".

La iniciativa es acompañada por la senadora Mariana Juri y por los diputados Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Alejandro Cacace.