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En medio de los paros nacionales de docentes universitarios, la Cámara Contencioso Administrativo Federal tomó una medida clave al confirmar una cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y dejó firme la orden judicial que exige la inmediata aplicación de la Ley N.º 27.795, garantizando tanto los recursos para las universidades públicas como la actualización salarial de docentes y no docentes.
Ley de Financiamiento Universitario: ¿qué medida tomó la justicia?
La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió mantener vigente la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, restableciendo plenamente su aplicación y suspendiendo cualquier omisión que afecte su ejecución.
Según el fallo, el Gobierno deberá garantizar de manera inmediata los recursos presupuestarios previstos por la ley, con el objetivo de evitar perjuicios irreparables mientras se resuelve la cuestión de fondo. La decisión tiene alcance sobre todo el sistema universitario público y reconoce el carácter colectivo del derecho involucrado.
En ese marco, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron poco consistentes los argumentos del Ejecutivo, quien sostuvo que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta. Además, remarcaron que el impacto fiscal de la medida es reducido y no compromete el interés público, mientras que sí está en juego un derecho constitucional central como la educación superior pública.
Desde el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) destacaron que el fallo reafirma la obligación del Estado de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso y sostener el sistema universitario nacional.
¿Cómo afecta la medida al salario docente?
La cautelar confirmada por la Justicia exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en septiembre de 2025.
Además, la resolución judicial ordena la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles, otro punto clave del reclamo impulsado por el sistema universitario.
El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi afirmó: “Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades”.
En la misma línea, Federico Montero, docente de la UBA y dirigente nacional de CONADU, subrayó que la decisión judicial “restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse”, y destacó que la ley es una herramienta central para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país.
Paro nacional de docentes universitarios
La confirmación de la cautelar llega en un contexto de paros nacionales y protestas del sector docente universitario, que denuncian una fuerte caída del poder adquisitivo.
Según lo resuelto por el Congreso de la CONADU, se realizarán nuevos paros nacionales por una semana completa, que dejarán sin clases a miles de estudiantes en todo el país.
Las fechas confirmadas son:
- Desde el lunes 30 de marzo: paro nacional universitario durante toda la semana.
- Desde el lunes 27 de abril: nuevo paro de una semana completa en universidades nacionales.