

Un grupo de fondos de inversión radicados en Europa y con bonos reestructurados denominados en euros pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York ser aceptados como tercera parte involucrada en el juicio que los fondos buitre llevan adelante contra la Argentina. Según el escrito que presentaron al tribunal, entienden que las decisiones del juez Thomas Griesa afectan sus intereses y ponen en peligro sus cobros futuros.
Los Euro Bonholders (así se denominaron los fondos de inversión Knighthead Capital, Redwood Capital y Perry Capital) afirmaron tener bonos reestructurados por 1.200 millones de euros. La cifra representa más del 10% de los 10.000 millones de euros en papeles que la Argentina canjeó por bonos en default en las dos reestructuraciones.
Los fondos europeos hacen hincapié en la decisión del juez Griesa de bloquear cualquier pago de deuda en todo el mundo, el 15 de diciembre, si para entonces la Argentina no constituyó un fondo de garantía por u$s 1.330 millones para satisfacer el reclamo del fondo NML Capital (Elliott), propiedad de Paul Singer. La Corte de Apelaciones pospuso esa orden hasta el 27 de febrero.
Órdenes así previenen a los llamados agentes y participantes de la República de desembolsar el dinero debido a los Euro Bonholders a menos que la República también pague el total de lo reclamado por los Demandantes, a pesar de que ninguna de estas partes son agentes o participantes de la República o tienen una conexión relevante con los Estados Unidos, indicaron en el escrito.
Griesa había incluido en su orden al sistema de clearing Euroclearing, encargado de distribuir el dinero que Argentina pagará a los tenedores de bonos en Europa, a pesar de que son bonos bajo legislación europea y emitidos en euros.
El pedido de los tenedores de bonos europeos de constituirse en parte interesada se suma al efectuado el lunes por el Bank of New York, agente fiduciario de los dos canjes. Fondos de inversión radicados en Estados Unidos con deuda reestructurada ya fueron aceptados como parte involucrada por la Corte de Apelaciones, a pesar de que Griesa les había negado el pedido en primera instancia.
El martes, la Corte ratificó que no se pronunciará sobre la cuestión de fondo, al menos, hasta el 27 de febrero. Ese día, las partes están convocadas a una audiencia. En los próximos tres meses cada involucrado presentará sus argumentos por escrito.
La Argentina había deslizado la posibilidad de reabrir el canje de deuda si la Corte lo solicitaba, al apelar la decisión de Griesa de pagar el 100% de la demanda de NML Capital. Esa posición será ratificada el 28 de diciembre, cuando el estudio que representa al país, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Pero el Gobierno no piensa en elevar al Congreso un proyecto de ley de esas características hasta tanto el tribunal no lo considere.
En paralelo, el Ministerio de Economía que encabeza Hernán Lorenzino avanza con la apelación en banc, al conjunto de la Corte de Apelaciones, para rechazar el fallo que originó esta tormenta. Es que el tribunal del segundo circuito de esa instancia ya dictaminó que el país debe pagar a los fondos buitre. El Gobierno promete llevar esa decisión hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.













