La Coalición Cívica, el partido comandado por Elisa Carrió, lanzó un guiño al gobierno nacional. Sus diputados proponen que el Ejecutivo tenga vía libre para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para cumplir con las obligaciones asumidas en 2018. Pero que, en este caso, no sea necesaria la aprobación del Congreso de la Nación.
Según la ley 27.612, sancionada en 2021, el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera debe ser autorizado por el Congreso. A partir de la sanción de esa normativa, el gobierno nacional pasó a necesitar del Legislativo para firmar una renegociación de la deuda con el FMI.
De esta forma, luego de que Alberto Fernández y Martín Guzmán hayan anunciado que se había llegado a un entendimiento con el organismo multilateral, pasó a cobrar relevancia la situación del Congreso. No tanto por la oposición -que manifestó su voluntad de acompañar, más allá de alguna condición propuesta, como no subir impuestos-, sino por el propio Frente de Todos. De hecho, el rechazo de Máximo Kirchner al acuerdo lo llevó a renunciar a la jefatura de la bancada en Diputados.
Desde la Coalición Cívica plantearon siempre dentro de Juntos por el Cambio la necesidad de dar las herramientas al Gobierno para que el acuerdo se apruebe y evitar el default. Esa fue la posición que defendieron internamente, incluso ante quienes ponían algún reparo.
En esta oportunidad, el partido tomó su iniciativa, más allá de la posición que había tomado Juntos por el Cambio. Los once diputados nacionales del partido firmaron un proyecto de ley en el que se autoriza al Ejecutivo a "suscribir programas de financiamiento y/o operaciones de crédito público con el FMI, a fin de establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con dicho organismo en el Acuerdo Stand-By suscripto el 17 de octubre de 2018, sin perjuicio del control posterior por parte de este Honorable Congreso de la Nación".
Según explicaron fuentes partidarias, no se deroga la ley 27.612, sino que la "interpreta" teniendo en cuenta el artículo 75 de la Constitución. Además, se trata de un caso específico, el acuerdo firmado en 2018 por el gobierno de Cambiemos.
En esa línea, desde la Coalición Cívica sostienen que "ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable".
De esta forma, el objetivo es también "evitar a la sociedad el trauma que provocaría en la economía entrar en default con el FMI".
Aclaran, además, que la herramienta propuesta está "por fuera de cualquier tipo de especulación política y electoral. Sin temores a hacernos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores, somos una fuerza política que no aplaudió el default hace veinte años y que quiere evitarlo ahora".
Por último, agregan que es el Gobierno el que tiene el deber de "llegar al acuerdo, tener una hoja de ruta seria para cumplirlo, dejar atrás las erráticas políticas económicas y hacerse responsables de gobernar hasta el 9 de diciembre de 2023. Desde el Congreso también debemos asumir sin ambigüedades las responsabilidades que nos tocan".
Firman el proyecto los once diputados de la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman, Leonor Martínez Villada, Victoria Borrego y Carolina Castets.
