Opinión

Una reglamentación que trata de salvar los errores

Mientras la robótica reduce el empleo humano dentro de las fábricas, el teletrabajo aumenta el trabajo humano en forma descentralizada y deslocalizada, fuera del ámbito físico del establecimiento del empleador, utilizando herramientas telemáticas.

El Estado Nacional, los provinciales y los municipales se ha informatizado en más de los dos tercios de sus administraciones, y se ha despapelizado en un 80%. La actividad privada a ha generalizado el empleo de los servicios a través de la web, por Internet y a través de las redes sociales. Casi el 90% de las empresas de más de cien trabajadores están en proceso de informatización total, y las empresas líderes ya han cubierto todas las áreas de servicios.

La era de la telemática (comunicaciones + informática) está en su plenitud con el activador/acelerador del Covid-19 que obligó a todos a adaptarnos a las nuevas tecnologías, y a utilizar todos los servicios a través de Apps

El decreto 27/2021 reglamentó parcialmente la ley 27.555 de Teletrabajo tratando de cambiar el enfoque de algunas de sus normas en el contexto del plexo integral del derecho del trabajo y su marco regulatorio. Recordemos que la norma fue muy criticada por su precariedad, por los obstáculos que creaba para operar, y por no tratarse de un medio de promoción del empleo, como se lo reconoce universalmente.

Teniendo en cuenta que la reglamentación no puede alterar con excepciones el texto y el espíritu de la ley, conforme lo establece la Constitución Nacional, la reglamentación elaborada por el equipo del ministro Claudio Moroni,

 interpretando algunas de las unánimes críticas que recibió la ley surgida de la Cámara de Diputados del Congreso, demuestran la intención de la cartera laboral de promover el empleo, y habilitar una forma de trabajo que hoy por hoy está superando en gran medida el trabajo presencial, y en breve va a representar la forma más difundida del empleo en la Argentina y en el mundo.

La promulgación de la ley 27.555 a mediados de 2020, y el debate posterior, permitieron escudriñar en la experiencia del derecho comparado que reveló, efectivamente, que los legisladores fueron imprudentes, y trataron de improvisar sobre un régimen legal que requiere la participación de expertos.

Destaquemos que tanto la ley y su decreto reglamentario 27/2021 aún no se encuentran vigentes, y por ende se aplica la legislación laboral que rige es más que suficiente para fijar el marco del subsistema.

La voluntariedad, la igualdad de deberes y derechos, el derecho a la desconexión, la reversibilidad, la jornada y la atención de personas a cargo, y la protección de la intimidad, son algunos de los temas reglamentados en un contexto que aporta moderado optimismo por lo que vendrá.

Como surge del decreto 27/2021 hay que despejar al subsistema de fantasmas. Por lo pronto, no existe teletrabajo si no hay una asignación horaria establecida por escrito, ya que prestaciones a distancia ocasionales o esporádicas, están excluidas al igual que aquellas que estén previstas para cumplir en el domicilio de un tercero. En otros términos, estar conectados por el celular o por Internet sin asignación horaria pactada en el contrato no configura el trabajo a distancia propiamente dicho.

La voluntariedad, o sea la exteriorización del trabajador como expresión del consentimiento, se debe manifestar por escrito en forma clara dentro del contrato, en el marco de la modalidad incorporada a la LCT en el artículo 102 bis, con discernimiento, intención y libertad. Por ende, no se acepta la aceptación tácita del contrato de trabajo consensual del régimen general de nuestro marco regulatorio.

La igualdad de deberes y derechos en un enunciado obvio que no requería de una norma, y en cambio, debió haber advertido de la necesidad de la adecuación a la nueva modalidad.

El derecho a la desconexión por medio del cual el trabajador se desconecta fuera de su jornada laboral, es un derecho-deber, ya que con este mecanismo, que en general las empresas también promueven, se garantizan los descansos diario y semanal, y se evitan los reclamos por horas suplementarias no autorizadas.

La reversibilidad, quizás el derecho más controvertido de la ley, fue enmarcado dentro del contexto del principio de buena fe y de razonabilidad, con lo cual es un derecho aplicable a quienes dejaron la presencialidad para trabajar en el home office durante la pandemia, pero debe ejercerse en lo que hace a preaviso, al plazo razonable de ejercicio y a la causa sobreviniente, sin perjuicio de los cambios que realice la empresa para reformular su actividad conforme a las nuevas tecnologías.

La jornada y la atención de casos especiales se debe establecer por escrito en el contrato, pactándose los lapsos y las interrupciones, y en su caso, estableciendo una jornada reducida.

La protección de la intimidad, y la intervención sindical fue limitada a auditorías conjuntas, sin perjuicio de que el trabajador cuenta con el amparo constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

La reglamentación de la ley de Teletrabajo ha sido una iniciativa loable, realizada por especialistas en la materia, que exige en el futuro cercano una ley definitiva más amplia y versátil y de otra reglamentación orientada a cubrir a la actividad que va a representar casi la totalidad del empleo global y la única fuente de trabajo sustentable en el mundo de las nuevas tecnologías.

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