Argentina enfrenta un problema real y genuino: no crecemos, la productividad de nuestras empresas es muy heterogénea y baja, en promedio; y creamos poco empleo y de baja calidad. Esto explica buena parte del estancamiento que arrastramos desde hace décadas. Para avanzar necesitamos ordenar las reglas más estructurales de nuestra economía. Hoy están en agenda dos de las tres reformas que son imprescindibles para esto: la tributaria y la laboral.
La exclusión de la previsional hace que la propuesta de ordenamiento estructural pierda potencia, genere efectos no deseados y, tarde o temprano, hasta puedan bloquearse mutuamente. Reformar bien implica hacerlo de manera integral.
La razón de fondo es que las tres reformas están interconectadas. Lo que se hace en el sistema previsional afecta la sostenibilidad fiscal y, por esa vía, condiciona incentivos tributarios y laborales. La estructura impositiva determina la capacidad de las empresas para crecer, contratar y proyectarse, especialmente en las micro y pequeñas, que son las que explican la mayor parte del empleo.
Y el funcionamiento del mercado laboral define tanto la calidad del trabajo como la base contributiva que sostiene al sistema previsional. Cuando estas tres dimensiones se mueven sin coordinación, los avances en una chocan con los costos de la otra. Si se mueven juntas, la economía gana previsibilidad y el sistema político gana la posibilidad de construir acuerdos duraderos. Por esto, las reformas pueden ser secuenciales, pero la estrategia y negociación debe ser integral.
Esta integralidad es indispensable por tres motivos. El primero es político. Avanzar en paquetes separados obliga a negociar una y otra vez con los mismos actores, con costos crecientes y vetos cruzados. Un enfoque coordinado permite construir una coalición más amplia y coherente. El segundo es fiscal. Si se avanza en cambios laborales y tributarios sin revisar el sistema previsional, aumentará la presión sobre las cuentas públicas, porque el sistema actual promete beneficios por encima de lo que puede financiar con los aportes y contribuciones.
El tercero es temporal. La reforma previsional requiere más trabajo técnico, más diálogo político y más tiempo legislativo que las otras, por lo que postergar su inicio sólo agrava las tensiones futuras. No se trata de aprobar mañana una reforma, sino de comenzar cuanto antes el proceso para diseñarla bien.
Hoy sabemos que el primer plano de discusión será la reforma laboral. El desafío fundamental es lograr previsibilidad y promover más y mejor trabajo formal. Reducir la discrecionalidad judicial es un primer paso. El caso de la Fundación Pro Vivienda Social (FPVS), cuya continuidad está en riesgo por un fallo, lo que evidencia que la variabilidad e imprevisibilidad de las sentencias pueden comprometer la supervivencia de una organización o empresa y desalentar nuevos proyectos.
Necesitamos promover la formalización laboral. No alcanza con reducir cargas, es necesario introducir mecanismos de promoción que reconozcan la realidad de las micro y pequeñas empresas. La proporcionalidad en función del tamaño del establecimiento es clave para que estas empresas puedan crecer evitando los incentivos que tiendan al enanismo. Argentina necesita un régimen que premie el crecimiento, no que lo castigue.
La discusión sobre formalización requiere también corregir la brecha entre la AUH (y complementos) y las asignaciones familiares contributivas para que formalizarse no resulte económicamente desventajoso, sin reducir prestaciones a informales y recuperando proporcionalidad en un contexto donde incluso hay trabajadores formales pobres.
Un tercer aspecto que necesitamos incluir en la reforma laboral es el sistema de licencias familiares. Existen propuestas maduras y costeadas, como la planteada por CIPPEC en 2023, que muestran que la ampliación y redistribución de licencias entre varones y mujeres es una medida de rápida implementación y alto impacto que el país puede capitalizar rápido. No sólo mejora la equidad en el mercado de trabajo, también se alinea con la agenda de capital humano, familias y primera infancia que hoy impulsa el Gobierno.
El segundo paso será la reforma tributaria. El federalismo fiscal actual presenta desafíos conocidos: un desbalance entre las potestades de gasto y de recaudación; superposiciones de tributos en distintos niveles de gobierno; y problemas de eficiencia y calidad del gasto. Esto genera incentivos débiles para la eficiencia.
A partir de este diagnóstico, la oportunidad es avanzar hacia un esquema más eficaz, fortaleciendo los impuestos progresivos y reduciendo gradualmente los que resultan más distorsivos para producir, exportar y generar empleo. Esto requiere modernizar la estructura tributaria, ampliar bases, desincentivar la fragmentación impositiva y simplificar el cumplimiento, especialmente para las micro y pequeñas empresas.
También debemos ocuparnos de los impuestos distorsivos. Ingresos Brutos, el impuesto al Cheque y algunas tasas locales penalizan producir, exportar y encadenarse con proveedores locales. Si queremos que las empresas inviertan, crezcan y contraten, necesitamos una estructura tributaria que no las castigue por hacerlo.
Cualquier fortalecimiento de los tributos progresivos y reducción de distorsiones debe darse en el marco de un acuerdo explícito de coordinación entre Nación, provincias y municipios, que permita ordenar incentivos y garantizar reglas estables para producir y crear empleo.
El país está ante una oportunidad. No se trata de ajustar por ajustar, sino de diseñar reglas que vuelvan posible trabajar, invertir y acumular capital humano en un marco de estabilidad y previsibilidad. Las tres reformas separadas pueden fracasar; juntas, pueden ser el punto de inflexión que Argentina necesita para volver a crecer.
