¿Qué modelo de Corte Suprema necesita la Argentina?

Hace falta tomar decisiones para agilizar el funcionamiento del máximo tribunal del país.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, abrió el pasado 1° de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso y resaltó que la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo.

En su discurso, en el que estaban presentes en el recinto los jueces del Máximo Tribunal Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombró trece veces la palabra justicia de las cuales en cinco oportunidades fueron dirigidas con un mensaje directo al Poder Judicial.

El primer eje al que hizo referencia el primer mandatario es la conformación de la Corte, la cual históricamente funcionó mayormente con cinco miembros, pasando a nueve en los años 90 y en el 2006 mediante la ley 26.183 volvió su conformación a cinco integrantes

Pero, ¿qué número de miembros resulta óptimo para el Máximo Tribunal? Para eso es preciso definir primero el modelo. Existen dos corrientes: el actual modelo que siguen Argentina, Estados Unidos y Brasil -entre otros- que está conformado por un número de miembros que deciden sobre todos los asuntos; y el otro donde la Corte está conformada por varias salas especializadas que tratan diferentes materias -como laboral, civil, penal o contencioso- y que se desarrolla en países como España, Colombia y Francia. Este modelo tiene su muestra en nuestro país en los máximos tribunales de las provincias de Córdoba y Chubut.

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Ahora bien, en muchos casos se considera que la división en salas redundaría en mayor celeridad pero también implicaría una mayor cantidad de jueces supremos. Por caso, la Corte de Alemania esta integrada con 16 miembros, Chile con 21 e Israel con 15. En nuestro país la Constitución de 1853 dispuso que serían nueve los jueces supremos pero la reforma de 1860 estableció que debía ser atribución del Congreso elegir el número de miembros. La primera ley que estableció la composición dispuso que sean cinco los integrantes, subiendo a siete con la presidencia de Frondizi en 1960 y volviendo a cinco miembros con el presidente de facto Onganía desde 1966 hasta 1990 que pasó a la famosa mayoría automática de nueve integrantes.

El segundo tema de análisis -al que el presidente hizo referencia- es el funcionamiento de la Corte. En este sentido, desde el año 2018 que el máximo Tribunal no publica sus estadísticas. En ese entonces habían ingresado 36.584 causas de las cuales casi la mitad era previsionales, y se dictaron 6.814 sentencias lo que representaba 32 sentencias por día.

Ahora bien, el verdadero eje del análisis debería estar en definir qué Corte queremos: una que trate todos los asuntos susceptibles de apelación o una que solo se refiera a los conflictos de especial interés para la sociedad.

Si queremos que trate todos los asuntos debemos ampliar el número y dividirla en salas por materia, sino debemos imitar el ejemplo de la Corte Suprema de Estados Unidos que tramita menos 80 juicios al año.

En este mismo sentido, el exjuez Carlos Fayt ya en 2005 había manifestado que "hay que disminuir la cantidad a no más de 200 expedientes, esa inundación perjudica la calidad, el máximo tribunal se parece ya a un almacén de ramos generales". Asimismo, en el año 2019, Rosenkrantz había manifestado "la necesidad de crear una agenda de causas trascendentes, donde se define un temario de 11 temas a resolver de alto contenido económico y social".

En definitiva, para superar la crisis de legitimidad que afecta a la Justicia en general debemos pensar qué tipo de definiciones queremos tomar: no alcanza con una reforma de la Corte Suprema, pero definir un nuevo modelo que agilice su funcionamiento puede ser el comienzo de ello.

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