Los baches del sistema impositivo no se corrigen con alivios de emergencia

Nadie duda de que la Argentina tiene un sistema impositivo casi perverso, ya que el único estímulo que crea el actual nivel de presión tributaria no es a pagar, sino a evadir. Si para el que vende un bien, la diferencia entre cumplir con la ley o no ya representa una diferencia a su favor de 21% (por mencionar solo el IVA), no hace falta escarbar en otras motivaciones para entender por qué un tercio de la economía se maneja de manera informal.

El actual gobierno solo se propuso hasta el momento introducir alivios puntuales. Pero en general ha utilizado estos cambios más con un sentido táctico de corto plazo que con el objetivo de contribuir a una mejora de mediano plazo. Como siempre, la crisis es el escudo perfecto para imponer respuestas de emergencia.

La pandemia, por caso, fue el justificativo excluyente para instaurar el aporte solidario, que permitió recaudar la friolera de $ 234.000 millones. La necesidad de apuntalar las chances electorales del oficialismo a través de un mayor repunte de la economía motorizó una segunda corrección del piso no imponible de Ganancias (la original votada en abril quedó desactualizada por la inflación). Y el permanente deseo de contener la dolarización de ahorros favoreció las exenciones para aquellos que invierten en pesos.

Se trata de decisiones que tienen un propósito correcto. Pero al ser planteadas como una reacción a un problema, crean una solución parcial. El caso del Impuesto a las Ganancias presenta varias situaciones olvidadas. Además de la actualización de la base imponible (que en un país de alta inflación, es un paso que debería estar contemplado en el marco legal general) hace falta ajustar también las escalas que fijan la tasa del impuesto.

La alícuota que se fija sobre los ingresos arranca en 5% y termina en 35%. El monto anual se ajusta por el índice que mide la variación de los salarios, el RIPTE, pero congelado en niveles proporcionalmente bajos. Por caso, durante la convertibilidad, la tasa máxima de 35% le correspondía a quien tenía un ingreso anual de 120.000 dólares. Hoy se aplica a quienes perciben arriba de 6.000 dólares.

El problema básico de los cambios impositivos que favorezcan una baja de la presión (el gobierno de Alberto Fernández ya dejó en claro que es crítico de este modelo y por eso no tiene empacho en aumentar o subir impuestos si encuentra una buena razón para hacerlo) es la transición fiscal. La reforma de 2017 de Mauricio Macri se apoyó en el endeudamiento externo como fuente alternativa de ingresos y no terminó bien. Pero no por eso hay que renunciar al objetivo de avanzar en ese sentido. Empleadores y contribuyentes ya no saben cómo decir que están bien ayudar al que no puede pagar. Pero el resto, el que cumple día tras día, también necesita oxígeno.