La reforma tributaria que acaba de ser propuesta por el Gobierno trajo una dosis de calma en medio de la ansiedad propia que venía escalando como reflejo de la necesidad de dar respuestas concretas a un sistema que no sólo se percibe injusto para los que menos tienen sino también limitante del desarrollo, por las características que ha modelado.

La misma aparece con una amplitud significativa, por la cantidad de disposiciones jurídicas que están puestas en la mira de los cambios proyectados.

Si bien gran parte podría juzgarse en forma positiva, empiezan de todos modos a aparecer interrogantes sobre la verdadera magnitud de las repercusiones económicas y estructurales que el conjunto de medidas podría traer.

Si bien con criterio de equidad pretender gravar la renta financiera de los individuos con el impuesto a las ganancias no es objetable, no es menos cierto que en muy poco contribuirá a desahogar las arcas fiscales, y puede tener efectos contraproducentes en economías expuestas a oscilaciones externas.

Por otro lado, es bueno promover una reducción de la tasa societaria para fomentar la reinversión de utilidades (gravando separadamente los dividendos) pero, al mismo tiempo, genera incertidumbre la idea de castigar con mayores costos impositivos la mano de obra de uno de los sectores típicamente destinatarios de este tipo de medidas (se prevé incrementar los impuestos sobre la nómina para la industria en general), siendo prudente por el momento deponer aquí cualquier comentario acerca de la aquejante problemática de la litigiosidad laboral, que tiene su capítulo aparte.

Como hemos dicho en esta misma sección, la construcción filosófica y estructural de cualquier sistema tributario no puede sino devenir de un proyecto de modelo estratégico de país a largo plazo, que primeramente siente las bases para trabajar en consecuencia.

En este marco, adquiere importancia la reformulación en estudio de cuestiones que hacen a impulsar el mercado de capitales. La existencia de cambios impositivos proyectados con la idea de constituirse en atractivos concretos para el resurgimiento de clásicos vehículos de captación del ahorro a largo plazo (vgr. beneficios para los seguros con ahorro y fondos comunes de inversión) no es un tema menor en la estrategia de la actual conducción.

Tampoco la lógica es extraña a un país que debe impulsar el ahorro interno para alentar proyectos de inversión y procurar crecimiento sostenible de la economía real. En este punto, confluyen tres cuestiones políticas importantes: que se cumpla en el tiempo el compromiso asumido por las distintas jurisdicciones en cuanto a mantener sus cuentas públicas equilibradas, que se avance y consolide una redistribución de los tributos coparticipables más justa y equilibrada y que prospere la reducción de los impuestos sobre los ingresos brutos, cuyos efectos perniciosos y ciertamente calamitosos ya nadie discute.