Jóvenes, empleo y educación: Las medidas tienen que ser urgentes

Un país como Argentina, con la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza y con una tasa de empleo no registrado del 33,1 por ciento, requiere de manera urgente acciones para revertir esta situación. Más aún al tener en cuenta que el 51 por ciento de las y los jóvenes argentinos no tienen empleos informales y sólo 16 de 100 terminan el secundario en tiempo teórico esperado con los conocimientos suficientes.

Entonces, no hay dudas de que el mercado laboral de la juventud argentina está en crisis y esta situación requiere de un Estado que adopte cuanto antes políticas públicas que impacten en la realidad laboral de la juventud.

Con el propósito de revertir la economía de un país devastada por una pandemia mundial y por medidas de ASPO y DISPO adoptadas por el gobierno nacional, donde hubo empresas que debieron cerrar sus puertas y jóvenes que no pudieron continuar sus estudios como tampoco acceder a un empleo formal, resulta imperioso adoptar medidas que tengan como objetivo fomentar el trabajo formal incentivando a las empresas a contratar jóvenes, siendo estos uno de los sectores más desprotegidos de nuestro mercado laboral.

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Este escenario me llevó a presentar en la Cámara de Diputados de La Nación el proyecto "Régimen de incentivo laboral", que propone quitar cargas impositivas a aquellas empresas que incorporen jóvenes de entre 18 y 30 años. El beneficio se extenderá si además estas chicas y chicos que sean empleados inicien, continúen y/o finalicen sus estudios en distintos ámbitos educativos.

Frente a la crisis de nuestra economía las soluciones siempre tienen que ir de la mano de la educación. La educación es central y debe ser prioridad porque es la única herramienta de movilidad social ascendente que tenemos.

La letra chica del proyecto expresa la eximición del pago de las cargas patronales a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 30 años en un 100% los primeros seis meses, 75% del séptimo mes al año, 50% de los trece a los dieciocho meses y 25 % de los dieciocho hasta los veinticuatro meses. 

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Los beneficios serán más prolongados cuando la trabajadora o trabajador además de tener el empleo, inicie continúe o finalice sus estudios. En estos casos se eximiría del pago de las cargas patronales del 100% los primeros doce meses, 75% hasta los veinticuatro meses, 50% de los veinticinco hasta los treinta y seis meses y 25 % hasta el cuarto año.

La problemática que afronta Argentina va mucho más allá de acceso a un trabajo formal. La solución al problema de la inserción social de nuestra juventud no se termina sólo al tener un trabajo formal, sino que además debemos motivarlos, incentivarlos y fomentar que finalicen sus estudios secundarios, pero así también que continúen estudios terciarios, universitarios y de formación profesional en institutos.

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Entonces, por supuesto que el Estado debe ocuparse de redimir la situación de desempleo y de informalidad que atraviesa nuestra juventud, pero sin desentender que la prioridad es la educación. Quizás el camino no sea el más ágil pero sí el único que nos permitirá comenzar con el tan ansiado desarrollo y progreso que se merece nuestro país y sus ciudadanas y ciudadanos.

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