El Congreso debe recuperar el control de la política comercial

Avanza Libertad, el partido fundado por José Luis Espert, ha presentado un proyecto de ley que tiene el potencial de producir importantes beneficios económicos. El mismo busca devolverle al Congreso la potestad de jugar el rol prioritario en la determinación de la política comercial externa

Según el punto 1 del Articulo 75 de la Constitución Nacional, es atribución del Congreso "establecer los derechos de importación". Sin embargo, el Código Aduanero (Ley 22.415 de 1981) delegó esta facultad en el Poder Ejecutivo, con lo cual se inicio un largo periodo durante el cual la política comercial fue diseñada e implementada de manera arbitraria. 

Ninguno de los gobiernos constitucionales que siguieron a la dictadura militar buscaron devolverle al Congreso la potestad de fijar los parámetros de la política comercial.

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El daño económico derivado de una política administrada de manera arbitraria ha sido mayúsculo, y en el proceso se han perdido importantes oportunidades de comerciar, de generar empleos productivos, y de crecer mas rápidamente. Acá van algunas razones que ocasionaron daño económico

  1. Política comercial como instrumento macroeconómico. Durante estas décadas la política comercial ha sido procíclica, aumentando la protección cuando el peso se apreciaba, y disminuyéndola con posterioridad a una devaluación. Esta forma de administrar la política comercial ha servido a varios gobiernos para demorar los ajustes macroeconómicos necesarios a costa de aumentar la intensidad de los ciclos económicos.
  2. Coparticipación y el uso de la política comercial como instrumento de presión política. La recaudación por derechos de importación y exportación no es coparticipada, por lo cual la distribución de estos fondos ha sido principalmente potestad del Poder Ejecutivo. En muchos casos, esta distribución ha estado determinada mas por intereses políticos que por resultados económicos por lo cual, el federalismo se ha resentido.
  3. La protección sostenida por argumentos erróneos. Durante décadas la política comercial no solo de Argentina sino también de muchos otros países, ha sido defendida políticamente con argumentos asociados a la creación de empleo como también, al concepto de industria infante. La defensa de que la protección genera empleo fue usada intensamente por las administraciones de los Kirchner pero es falaz no solo por consideraciones microeconómicas, sino también por el hecho de que el cerramiento de la economía desacelera el crecimiento al asignar recursos productivos en favor de industrias protegidas e ineficientes, en detrimento de sectores eficientes. Por su parte, el argumento de la industria infante sostiene la idea de que una industria nueva puede nacer solo si recibe protección pero a medida que transcurre el tiempo, la misma se ira haciendo mas eficiente y no requerirá de protección. El concepto de industria infante supone que podemos adivinar el futuro pero en los hechos y a pesar de sus intentos, los economistas no han podido desarrollar criterios precisos para tomar decisiones de protección basados en este argumento. Todas las industrias que nacieron protegidas continuaron sobreviviendo con protección y a costa de la población en general que termino pagando a través de los mayores precios internos.
  4. Credibilidad internacional. Recordamos que el Articulo 75 de la Constitución también afirma que los tratados internacionales tienen valor superior a las leyes. Por lo tanto, el Tratado de la OMC (Organización Mundial de Comercio) donde Argentina es miembro debe ser cumplido o en caso contrario, eventualmente la política debe ser rectificada. A partir de 2011 Argentina no cumplió con las pautas de la OMC respecto a la administración de cupos (licencias de importación) y a pesar de que varios países industriales y en desarrollo se quejaron por el cerramiento de la economía y la consecuente disminución del acceso a nuestro mercado, los cupos de comercio continuaron siendo administrados de manera discrecional que están alejados de las normas multilaterales. Eventualmente, en un caso que tuvo elevada resonancia internacional, Argentina perdió el juicio iniciado por varios países damnificados y como consecuencia del fallo del Tribunal de Apelación de la OMC, fue obligada a rectificar su política hecho que ocurrió recién a fines del 2015 poco después de la asunción del nuevo Presidente. Con esto, la credibilidad internacional de Argentina quedo aun mas resentida de lo que ya estaba.
  5. Los costos económicos de las rentas proteccionistas. Dada la magnitud de las rentas proteccionistas generada por los cupos de exportación e importación, el efecto económico de limitar su uso y abuso es significativo. Como consecuencia de los cupos de exportación implementados durante el periodo 2006-2014 se ha estimado que las rentas proteccionistas acumuladas ascendieron a unos USD8.000 millones. Como se recordara, estos cupos ocasionaron serios daños la producción agropecuaria y en particular a la producción de carne bovina, de maíz y de trigo. Estos USD8.000 millones corresponden a los cupos de exportación pero durante el periodo señalado, y al igual que en la actualidad, el tipo de cambio paralelo estuvo bien por encima del oficial generando demanda excedente por importaciones. Debido a esto, todas las importaciones debieron ser cuotificadas generando rentas más elevadas que las cuantificadas para los cupos de exportaciones. Tanto los cupos de exportación como los de importación generaron corrupción que los argentinos financiaron pagando precios mucho mas elevados que los que hubieran prevalecido en ausencia de estos cupos. Este efecto, sin embargo, nunca ha sido de gran preocupación para el Ejecutivo.
  6. Intereses privados versus el interés público. Es importante recordar también que la política comercial arbitraria beneficia a unos pocos empresarios en detrimento de una gran mayoría. Tomemos como ejemplo el caso del acero y supongamos que debido a la protección, el mismo cuesta un 50% mas en el mercado interno que en el mercado internacional. Sin duda estos precios excesivos benefician a los dueños de las acerías pero millones de consumidores se perjudican por tener que pagar precios mas elevados por sus compras de autos, de bicicletas, de motocicletas, de heladeras, de motores, de maquinaria agrícola, de celulares etc. etc. Asimismo, el poder industrial concentrado ha ejercido elevadas presiones sobre el Poder Ejecutivo para que establezca una política comercial a medida de sus necesidades, y en detrimento del interés general de la población.

Finalmente, recordamos que durante las ultimas décadas el Poder Ejecutivo no ha tenido que rendir cuentas a nadie por sus decisiones de política comercial a pesar de que el costo económico e institucional ha sido significativo. 

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Este poder ilimitado llegaría a su fin si los principales parámetros de la política comercial comienzan a ser definidos por el Congreso, según manda la Constitución y según propone el proyecto de Avanza Libertad

Un Congreso bien asesorado debería incluir entre los parámetros dentro de los cuales el Ejecutivo deberá administrar la política comercial, tanto los efectos económicos y distributivos señalados como también los intereses de la población que por ser muchos no tenemos voz frente al Poder Ejecutivo mientras que el Congreso debiera representarlos más adecuadamente.

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