OPINIÓN

¿Cuándo vuelve la inversión a la Argentina?

En los últimos días se conoció una nueva transacción en el sector Oil & Gas en la que una empresa con una apuesta a largo plazo en el país y una dirección habituada a gestionar el riesgo argentino compra la operación de una extranjera que se desprende de los activos locales. Es el signo de los tiempos; para el capital internacional es muy difícil digerir este entorno de negocios.

Las dificultades para acceder al mercado de divisas, las trabas al comercio exterior, la imposibilidad para financiar la operación local, un contexto de altísima inflación y la visión incierta sobre el rumbo de la economía constituyen los principales condicionantes. Es por ello que son más los capitales que quieren salir que los que ven oportunidades para entrar. Puede ser el tiempo para que el capital nacional haga su apuesta. ¿Qué están viendo los que se atreven a hundir capital en este entorno? ¿Qué condiciones mínimas tienen que darse para empezar a pensar en un ciclo de crecimiento significativo?

La inversión necesita de un horizonte de certidumbre; no es casual que hoy se ubique en mínimos históricos. Aún con los vaivenes del péndulo económico y político, siempre hubo un marco que permitía pensar en salidas rápidas a cada crisis, principalmente porque a un ajuste del sector externo sucedía un período en el cual el ingreso de dólares comerciales daba inicio a un ciclo de crecimiento en el que la inversión local y la extranjera podían buscar revancha.

El cuadro hoy luce distinto. La crisis de deuda que atravesamos jaquea la posibilidad de un ciclo expansivo, lectura que se manifiesta en una brecha cambiaria récord y en inversión en mínimos históricos (u$s 700 millones en 2021, comparado con los u$s 2500 millones promedio entre 2007 y 2019). Precisamente, los enormes diferenciales entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y la dificultad para acceder a divisas son el principal obstáculo que señalan las grandes empresas para operar en el país.

Otro aspecto clave es una baja del riesgo país de, por lo menos, 1400 puntos básicos desde los 1900 actuales. Revisando la experiencia de otros países (y de la propia Argentina) se llega a la conclusión de que esa reducción no ocurre antes de 5 años de producida la reestructuración a menos que exista un canje de deuda que resulte creíble para el mercado, en cuyo caso las transiciones se achican a 1 año. En otros términos, sin un canje muy convincente, se trata de un objetivo de muy largo aliento.

El riesgo país y la brecha están íntimamente relacionados: difícilmente un precio tan bajo en los bonos argentinos (en torno de los u$s 30 cada 100 de valor nominal) pueda convivir sin una brecha elevada. El oficialmente calificado como exitoso canje de deuda no logró su principal objetivo que es convencer a los acreedores de que el perfil de pagos es cumplible, por lo que el riesgo país se sigue ubicando en niveles de default: el mercado descuenta una nueva restructuración de la deuda ya reestructurada en 2020. Un nuevo acuerdo con el FMI, incluso un buen acuerdo a 10 años, seguramente no despejaría el solapamiento con las amortizaciones de deuda privada que se hace fuerte a partir de 2025 (u$s 18.500 millones o 3,3% del PBI) por lo que el mercado interpreta que habrá que barajar y dar de nuevo, en esta oportunidad nuevamente con los acreedores privados.

Es que el FMI y los bonistas privados no arreglaron simultáneamente en 2020 y entonces todo se vuelve dependiente de una negociación que, aún en buenos términos, sólo patea el problema para adelante. Esto se debe a que se cayó la posibilidad de un acuerdo a 20 años que suavice la carga de pagos. Paradójicamente, los pedidos del Instituto Patria, némesis del mercado de capitales, para alcanzar un acuerdo de pago en dos décadas son la única alternativa para evitar un nuevo canje de deuda privado.

Además, gobierne quien gobierne en 2023, no se podrá repetir la historia de 2016-2018 dónde se colocaron u$s 75.000 millones de deuda por mercado. En línea con este diagnóstico, el mercado empieza a aceptar que una corrección cambiaria violenta trae más tensión que alivio. Sería una locura asumir que el tipo de cambio contado con liquidación es un valor del dólar de equilibrio cuando se trata del más alto en términos reales desde la hiperinflación de 1989.

Este ajuste violento del tipo de cambio oficial se podría evitar mediante un canje amigable de deuda (a la uruguaya) que permita subir las paridades de los títulos de deuda argentinos. En definitiva, todo depende del mismo evento, previo a pensar cualquier programa económico como reclama la oposición, el FMI y el propio sector privado.

¿Se puede salir del cepo de un tirón y cerrar la brecha? Esto se resuelve de arriba hacia abajo (con una mejora en el rendimiento de los bonos) o de abajo hacia arriba (devaluando el tipo de cambio oficial). La primera opción, la más virtuosa, es también la más difícil por los motivos que venimos señalando: generar condiciones de repago de la deuda con privados es difícil de garantizar. La segunda opción implica corregir el tipo de cambio en magnitudes que lucen insostenibles: devaluar sin inflación (como en 2002) no es lo mismo que hacerlo con más de 50% de suba en los precios y con los indicadores sociales en niveles críticos. Posiblemente quede una tercera opción que es una combinación de ambas, porque el nivel de brecha refleja un pánico, entendible, pero algo exagerado. Posiblemente porque el fantasma de no acordar con el FMI es algo difícil de entender porque no hay registros de un default con el Organismo y sus consecuencias para la economía serían difíciles de cuantificar.

El camino más lógico desde todo punto de vista es acordar, y si no se quiere reperfilar otra vez la deuda privada, se deberán conseguir fondos frescos, quizá, de la mano de un apoyo del propio FMI patrocinando una nueva vuelta al mercado. Por las características del país y su larga trayectoria de incumplimientos, difícilmente suceda esto si no es luego de probar por algún tiempo que el país se puede fijar metas de sostenibilidad y cumplirlas. Eso implica, nuevamente, no menos de 5 años; un horizonte demasiado largo para una economía en este estado.

A la luz de estos datos, un arreglo con el Fondo a 20 años, como originalmente planteaba la fracción más dura del oficialismo, no luce tan descabellado. Por supuesto no tiene antecedentes históricos, como tampoco el préstamo del FMI otorgado a la gestión anterior, y acá hay un punto. Otro aspecto es que los vencimientos del propio organismo son su principal escollo para generar las condiciones de repago de la deuda del sector privado. Estos datos son objetivos, como también lo es la contestación de ministro Guzmán: los rivales juegan. Y no queda otra que aceptar las reglas de juego que establecen las condiciones de poder y moverse dentro de ellas, o afrontar a la posibilidad de que todo salga mal.

Así las cosas, el mejor de los escenarios pareciera ser el de acordar, cumplir, acumular reservas y negociar fondos frescos antes de 2025. La otra opción es un canje amigable en cabeza de la próxima administración. Hasta entonces, no habrá novedades del inicio de una fase expansiva de la actividad económica con todas sus implicancias. En definitiva, hundir capital en la Argentina de hoy tiene que estar asociado a un premio muy elevado porque la luz al final del túnel todavía luce demasiado lejana.

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